Washington D. C. - El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha sido pasivo en investigar a los beneficiarios de la antigua Ley 22 de Puerto Rico, pese a que ese estatuto le hace perder cientos de millones de dólares en ingresos, según un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO).

Aunque el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) “identificó a 179 contribuyentes que no proporcionaron evidencia de residir en Puerto Rico durante los 183 días requeridos al año” bajo ese estatuto, ahora integrado a la Ley 60 de 2019 (Código de Incentivos), “el IRS solo revisó un pequeño número de estos casos antes de determinar que la información no necesitaba ser priorizada”, indicó el análisis.

“Sin embargo, revisamos estos archivos e identificamos un número significativo de contribuyentes con indicadores de posible incumplimiento, los cuales hemos compartido con el IRS”, subrayó la GAO, que investigó la implementación de las antiguas leyes 22 y 20, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, y por las cuales el erario puertorriqueño se ve impedido de recaudar casi $900 millones anuales.

El estudio de la GAO fue solicitado en 2023 por los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, electos por distritos de Nueva York, y el entonces líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), quien murió este año.

El informe le fue enviado el 8 de diciembre al nuevo líder de la minoría en esa comisión, Jared Huffman (California).

Desde 2021, el IRS informó que investiga cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22, que pudieran enfrentarse a denuncias criminales.

El gobierno de Puerto Rico incorporó, en la Ley 60, el lenguaje de los estatutos 22 y 20.

La Ley 22 otorga una exención fiscal plena sobre los ingresos pasivos de personas que establecieran su domicilio en Puerto Rico, sin exigir la creación de empleos. El estatuto ha beneficiado, principalmente, a estadounidenses acaudalados que buscan eludir las contribuciones federales y residen al menos 183 días en el archipiélago boricua.

Mientras, la Ley 20 redujo las contribuciones de empresas dedicadas a la exportación de servicios a un 4%. Originalmente, para obtener los beneficios de la Ley 20, se exigía la creación de cinco empleos, pero ese requisito se eliminó en 2017.

La GAO recomendó al comisionado del IRS “establecer procedimientos para obtener regularmente (del Departamento de) Hacienda datos actualizados sobre todos los beneficiarios del incentivo para inversionistas residentes de Puerto Rico”, procedimientos para revisar los casos de posibles incumplimientos y enviar cartas educativas a los beneficiarios de la antigua ley 22.

Según la GAO, en noviembre el IRS empezó a enviar las “cartas educativas” a los cerca de 2,200 beneficiarios del estatuto que suelen rendir planillas federales.

El informe de la GAO reafirmó que no hay evidencia concreta que refleje que la economía de Puerto Rico ha mejorado gracias a los beneficios de las antiguas leyes 22 y 20.

“En términos reales, la economía de Puerto Rico ha mostrado poco o ningún crecimiento desde que se introdujeron por primera vez los incentivos fiscales para inversionistas residentes y empresas de servicios de exportación en 2012, pero no es posible medir el crecimiento o la disminución que habría tenido sin estos incentivos. El producto nacional bruto (PNB) real en Puerto Rico es un 4.4% menor en 2024 que en 2014, pero el crecimiento fue positivo en 2021, 2022, 2023 y 2024”, añadió el GAO en el análisis.

Con respecto al IRS, “el ingreso federal tributable promedio y los impuestos federales pagados por los beneficiarios de incentivos para inversionistas residentes disminuyeron significativamente después de mudarse a Puerto Rico”.

Por ejemplo, el ingreso federal tributable de los cerca de 2,200 beneficiarios de la antigua ley 22 se redujo en $341,409 (39%), de $875,241 a $533,832, ajustado por inflación. Mientras, el impuesto federal anual promedio pagado bajó en $127,143 (46%) de $278,112 a $150,969, ajustado por inflación.

La GAO sostuvo que el Departamento de Hacienda proyecta que, de 2020 a 2026, “el gobierno de Puerto Rico dejará de percibir $4.4 mil millones como resultado del incentivo para inversionistas residentes y $1,800 millones en ingresos como resultado del incentivo para empresas de servicios de exportación”.

En 2022, Hacienda calculó que la pérdida de ingresos ascendería a $637 millones, en el caso de la Ley 22, y $264 millones por la Ley 20. “Estas estimaciones representan la diferencia entre los impuestos que pagaron los beneficiarios de los incentivos y los que habrían pagado si no los hubieran recibido, suponiendo que los ingresos declarados se mantuvieran sin cambios”, afirmó la GAO, al indicar que no se tomó en cuenta si las personas se hubiesen mudado a Puerto Rico de no haberse ofrecido los incentivos.

El informe reveló, a su vez, que el 11% de los beneficiarios de la Ley 22 reportaron un ingreso bruto ajustado promedio negativo o de $0.

También precisa que funcionarios locales y representantes de organizaciones no gubernamentales expresaron preocupación por la posibilidad de que el incentivo para inversionistas residentes haya causado daños en el mercado de viviendas de Puerto Rico.

“Mientras las familias en todo Puerto Rico luchan por llegar a fin de mes, millonarios y multimillonarios se abalanzan para explotar la isla como un refugio fiscal personal. Este informe del organismo de control confirma exactamente lo que sospechábamos: estas exenciones fiscales están drenando cientos de millones de dólares en ingresos federales mientras que prácticamente no aportan nada a las familias trabajadoras de Puerto Rico”, indicó el congresista Huffman, quien acentuó que en este momento el presidente Donald Trump ha reducido el personal del IRS.

La congresista Velázquez, por su parte, afirmó que si bien el IRS “no implementó los controles básicos, los ricos lograron manipular el sistema y evadir millones en impuestos, dejando a los puertorriqueños con las consecuencias del aumento del costo de la vivienda, el desplazamiento y la falta de fondos para los servicios públicos”.

“El informe de la GAO ofrece una hoja de ruta clara para reparar este sistema fallido, y el IRS debe actuar con rapidez para implementar estas recomendaciones y lograr una verdadera supervisión y rendición de cuentas”, dijo Velázquez.

Ocasio Cortez sostuvo que la Ley 60 de 2019 “no solo aumenta la desigualdad económica en la isla, sino que también roba de los bolsillos de los estadounidenses valiosos ingresos fiscales federales utilizados para financiar el Seguro Social, Medicare y otros programas federales esenciales”.