Washington D.C. - Dos meses después de presentarse la legislación, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, no está listo para tomar una posición sobre la medida que persigue un proceso de transición, de hasta 15 años, para la integración de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

“Todavía estamos trabajando en todo. No hemos finalizado nada por ahora”, dijo el martes Thompson, electo por un distrito de Pensilvania, al ser preguntado por El Nuevo Día en torno a una legislación que las autoridades de Puerto Rico quieren que se incluya en la próxima ley agrícola estadounidense.

En noviembre, al terminar con el cierre parcial del gobierno federal y dar continuidad a partes del presupuesto hasta el 30 de enero próximo y algunos programas por el resto del año fiscal federal, el Congreso también terminó de extender toda la ley agrícola hasta el 30 de septiembre de 2026.

Ese estatuto, además, fijó en unos $2,979 millones los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico de este año fiscal federal, que termina en septiembre próximo.

La ley agrícola, que incluye las asignaciones del SNAP y el PAN, no se renueva por cinco años, como es usual, desde 2018.

“Espero trabajar (la reautorización de la ley) lo antes posible”, indicó Thompson sobre los esfuerzos para legislar, en 2026, un estatuto que pueda tener una extensión de cinco años.

En septiembre, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó un proyecto de ley que propone un proceso de transición, de 10 a 15 años, del PAN al SNAP.

“Estamos revisándolo… Lo estoy considerando muy seriamente”, manifestó, entonces, Thompson.

Desde 2023, Thompson ha advertido que Puerto Rico no está listo para implantar los requisitos tecnológicos y de trabajo que –contrario al PAN, que beneficia a cerca de 1.2 millones de personas– exige el SNAP.

Las autoridades de la isla calculan que, de lograrse implantar plenamente el SNAP, las asignaciones de asistencia alimentaria para Puerto Rico aumentarían a $4,000 millones anuales.

La legislación de Hernández suavizó, sin embargo, el impacto fiscal de la propuesta, pues, en vez de un plan de transición de cinco años –como impulsaron medidas anteriores–, propone hacerlo efectivo en una década.

El proyecto de Hernández, que tiene el número 5168, tiene el apoyo de la gobernadora Jenniffer González, republicana, y es coauspiciada por nueve demócratas y seis republicanos de la Cámara baja. Todavía se espera por la presentación de una medida similar en el Senado.

La legislación otorga al gobierno de Puerto Rico toda una década para estar listo para acceder al SNAP, el mismo período que el Departamento de Agricultura federal –durante el pasado cuatrienio– consideró que pudiera ser necesario. La plena implantación del SNAP ocurriría a partir del año 11, cuando debería empezar el aumento en las asignaciones.