José Serrano
José Serrano volvió a incluir en un informe de legislación reclamos para que el Tesoro informe los beneficios contributivos de las empresas foráneas. (GFR Media)

Washington D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy, viernes, un proyecto de ley de presupuesto que en uno de sus informes reclama al Servicio de Rentas Internas (IRS) rendir cuenta sobre los beneficios contributivos de las empresas foráneas en Puerto Rico.

En el informe del proyecto de presupuesto para oficinas de Servicios Financieros, el Comité de Asignaciones reafirma el interés en que el IRS cuantifique como las empresas estadounidenses que funcionan en Puerto Rico como corporaciones foráneas buscan evitar o reducir el pago de contribuciones a nivel federal, estatal y territorial. Esa información debe entregarse 90 días después que la medida, que aún debe ser aprobada en el Senado, se convierta en ley.

El informe solicita, a su vez, un plan que detalle los cambios legislativos necesarios para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción doméstica, una idea que han impulsado lideres del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El lenguaje sobre esas peticiones fue redactado y promovido por el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York), quien defiende convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos y se retira en diciembre. La legislación reúne seis proyectos de asignaciones para los departamentos de Defensa, Comercio, Justicia, Ciencias, Energía, Servicios Financieros, Transportación, y Vivienda, entre otros.

El texto aprobado en comisión reclama al Departamento del Tesoro que presente un informe 30 días después de la medida convertida en ley sobre los esfuerzos de Puerto Rico para reemplazar la ley puertorriqueña 154 - que impuso un arbitrio sobre las ventas a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC)-, con un sistema territorial de contributivos sobre ingresos “y que mantenga informado al Comité sobre cualquier desarrollo posterior”.

Desde diciembre de 2019, el Comité de Asignaciones espera un informe que debió estar listo en marzo con la cantidad de impuestos que las corporaciones foráneas “han logrado evitar durante los pasados cinco años”, al igual que “la cantidad de impuestos territoriales pagados localmente, la cantidad de las ventas anuales y el número de empleos creados en la Isla”.

En aquel informe el comité expresó su preocupación “por la interacción entre las nuevas leyes fiscales territoriales (Ley 20 y 22 de 2012 de Puerto Rico) y la sección 933 del Código (contributivo) de Estados Unidos, que permite la evasión fiscal y niega ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial, incluido Puerto Rico”.

La solicitud de diciembre de 2019 también incluyó que el IRS le presentara en 180 días, que se vencieron en junio, otro informe sobre “el número de personas y empresas que se han trasladado de cada estado y el Distrito de Columbia a Puerto Rico desde 2012 y se les ha otorgado exenciones de impuestos bajo las leyes de Puerto Rico 20 y 22”.

Los gobiernos de Puerto Rico han defendido la ley 154 de 2010 y los beneficios de las leyes 20 y 22, aprobadas por el gobierno de Luis Fortuño, electo por el PNP.

El Comité pide ahora, a su vez, otro informe sobre la asistencia técnica que el Tesoro ha ofrecido a Puerto Rico este año fiscal y qué planifica hacer en el año fiscal federal 2021, que empieza en octubre.

El informe expresa preocupación con la inclusión de los territorios de Puerto Rico en la lista de la Unión Europea sobre jurisdicciones contributivas no cooperadoras, acentúa las disparidades a que se enfrentan los territorios en el acceso a internet de banda ancha y cuestiona a empresas que se niegan a enviar sus productos a los estados de Hawai, Alaska, y los territorios como la Isla.

Justicia federal

En otro informe del proyecto sobre el presupuesto del Departamento de Justicia federal, se reclama a esa dependencia mayor atención a los delitos de violencia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

“El Comité sigue preocupado por las tasas de homicidios generalmente alta en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, un delito que está directamente relacionado con el narcotráfico en el Caribe”, indica el lenguaje, también redactado por el boricua Serrano.

El informe de la medida ordena al Secretario de Justicia de Estados Unidos “que priorice el personal y los recursos de las fuerzas del orden público federales” para atender las amenazas a la seguridad pública en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Requiere además al Secretario de Justicia que examine la viabilidad de incluir áreas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes en las iniciativas de su departamento, como la Alianza Nacional para la Seguridad Pública, con el propósito de reducir los delitos violentos, y a que presente un informe sobre ese asunto 90 días después de la promulgación de la ley.

Por otro lado, reclama que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos establezca comisiones asesoras en los territorios, incluido Puerto Rico.

También indica que la Administración de Intercambio Comercial (ITA) del Departamento de Comercio debe tener un rol más activo en asistir a Puerto Rico con la recuperación de la industria turística después de los desastres naturales a que se ha enfrentado desde hace tres años.

El informe recuerda a la Oficina del Censo federal que aún espera por un informe que explique cómo se proponen incluir a Puerto Rico en el conteo de toda la población de Estados Unidos, y confió en que antes de fin de año el Negociado de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) ofrezca nuevos datos que ayuden a medir el Producto Interno de Bruto (PIB) de Puerto Rico.

El comité volvió además a expresar preocupación por el requisito que obliga a las empresas en Puerto Rico a llenar el informe electrónico de exportación (EEI, por sus siglas en inglés), por transacciones de artículos de bienes o mercancías cuyo valor excede los $2,500.

En el informe sobre las asignaciones al Departamento de Comercio se solicita a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) que incluya a los territorios en los datos para elaborar medidas económicas de industrias oceánicas, según la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Esa petición está acompañada por una asignación de $700,000.