Washington D.C. - La local 1 de Chicago del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) ratificó una resolución que reclama al Congreso estadounidense una fecha de salida para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que por nueve años ha controlado las finanzas públicas de Puerto Rico.

Entre otras cosas, el sindicado urge al Congreso a “garantizar una transición hacia la plena autonomía fiscal y la gobernanza democrática local en Puerto Rico”, y “promover la autorrealización económica y esfuerzos de recuperación justa, que sean impulsados ​​por la comunidad y rindan cuentas a los puertorriqueños en la isla”.

La medida hace suya el contenido de la resolución aprobada en el Concejo Municipal de Chicago. Una pieza similar había sido ratificada también en el Concejo Municipal de San Luis.

La medida agrega que “más de 600,000 puertorriqueños han emigrado a los Estados Unidos continentales desde la creación de la Junta, un éxodo masivo impulsado por el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y las limitadas oportunidades económicas en el país”.

Considera, a su vez, “que la recuperación de los desastres naturales, incluidos los huracanes María y Fiona, una serie de terremotos y la pandemia de COVID-19, se ha visto retrasada por los cuellos de botella en los desembolsos federales y los onerosos procesos de aprobación controlados por la Junta”.

En ese sentido, sostiene que “la existencia indefinida de la Junta socava la soberanía fiscal de Puerto Rico, perpetúa la dependencia y erosiona la confianza pública en las instituciones gubernamentales”.

La JSF, creada por la ley Promesa, controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico y lo representa en el proceso de reestructuración de la deuda, que permite el estatuto. Promesa fue convertida en ley el 30 de junio de 2016. Dos meses después, el entonces presidente Barack Obama nombró a sus primeros integrantes.

La resolución sostiene que, “casi una década después, la Junta continúa ejerciendo una amplia autoridad sobre las políticas fiscales de la isla, lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”.

Además, indica que, “si bien Puerto Rico ha avanzado en la reestructuración de su deuda”, la continuidad de la JSF sin una fecha concreta para el cese de sus funciones “representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática”.

De acuerdo con la ley Promesa, para cesar sus funciones, la JSF tiene que certificar cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tenga un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

Aunque el presidente Donald Trump destituyó a seis de sus siete integrantes, tres de los cesados –Andrew Biggs, Arthur Gonzalez y Betty Rosa– tuvieron éxito en los tribunales para frenar esa decisión.