Washington D.C. - El Comité de Presupuesto de la Cámara baja federal derrotó este viernes (21-16) el proyecto de reconciliación fiscal –con temas clave para Puerto Rico–, que aún tiene que superar objeciones republicanas sobre Medicaid, los recortes en la energía renovable y las deducciones estatales que se pueden reclamar en la planilla federal.

Cinco republicanos se unieron a los 16 demócratas del comité para derrotar la legislación con las prioridades del presidente Donald Trump y el liderato republicano del Congreso.

“Este proyecto de ley ha concentrado los ahorros al final del período y ha concentrado los gastos al principio del mismo”, indicó el congresista Chip Roy (Texas), uno de los más conservadores y uno de los cinco republicanos que votó en contra de la medida.

Más temprano este viernes, Trump pidió, sin éxito, la aprobación de la medida en el Comité de Presupuesto. “Dejen de hablar y apruébenlo”, sostuvo Trump.

Junto a Roy votaron en contra de la legislación sus colegas conservadores Ralph Norman (Carolina del Sur), Josh Brecheen (Oklahoma), Andrew Clyde (Georgia) y Lloyd Smucker (Pensilvania).

Pero, Smucker sostuvo que votó en contra para poder pedir una reconsideración, lo que - después de nuevas negociaciones-, el presidente del Comité, el republicano Jodey Arrington (Texas), programó para el domingo a las 10:00 p.m..

El proyecto reúne los lenguajes aprobados por una decena de comisiones con jurisdicción, con cambios en programas como Medicaid, la asistencia alimentaria, el acceso a las becas Pell, los préstamos estudiantiles y las contribuciones federales, entre otros asuntos.

En total, los recortes presupuestarios de la próxima década rondarían los $1.5 billones (“trillions”, en inglés) y el costo de las medidas tributarias, que buscan hacer permanente en gran medida las bajas en las tasas contributivas de 2017, estaría cerca de los $4 billones.

El plan de la mayoría republicana era aprobar la medida en el Comité de Presupuesto este viernes para que pudiera ir el lunes al Comité de Reglas, donde se le harían las enmiendas finales antes de ir al pleno de la Cámara.

El speaker Mike Johnson quiere aprobar la medida en el pleno cameral antes del receso con ocasión del Día de la Recordación de los Caídos en la Guerra, que está supuesto a empezar al terminar la jornada del jueves próximo, 22 de mayo.

Los reclamos de los más conservadores –que frenaron temporalmente la legislación– incluyen implantar de inmediato los requisitos de trabajo que propone la legislación para los beneficiarios de Medicaid que pueden rendir funciones laborales o de servicio comunitario, y los recortes para proyectos de energía verde de la ley Reducción la Inflación (IRA, en inglés).

Todavía debaten, además, hasta donde elevar la deducción estatal en la planilla federal (SALT, en inglés).

Por medio del proyecto, se exigiría trabajo o servicio comunitario a beneficiarios de Medicaid que tienen entre 19 y 65 años que puedan cumplir con esas tareas. Pero, ese requisito se haría efectivo en 2029. El congresista Roy sostuvo que esa exigencia debe comenzar de inmediato.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que 8.5 millones de personas pueden perder su plan de salud debido al plan republicano.

Los conservadores también quieren que se implanten de inmediato todos los recortes de la ley IRA, pues algunas asignaciones desaparecerían en 2029 y otras pueden permanecer hasta 2041, según el congresista Brecheen.

Los moderados, mientras, pidieron elevar el SALT, que bajo el proyecto de reconciliación fiscal republicano aumentaría de $10,000 a $30,000. Pero, congresistas republicanos moderados de Nueva York y California quieren que la deducción sea aún mayor.

Los demócratas han denunciado la legislación por entender que se centra en cambios a Medicaid y SNAP que reducirán beneficios a los más vulnerables, mientras el costo de los recortes tributarios va dirigido a defender los ingresos “de los más ricos, incluido el 1% de la población”.

“Incluso el senador republicano conservador Josh Hawley lo calificó de moralmente incorrecto. No puedo creer que esté diciendo esto, pero Josh Hawley tiene razón”. dijo el líder de la minoría en el Comité de Presupuesto, Brendan Boyle (Pensilvania). Hawley ha criticado los recortes al programa de Medicaid.

En el caso de

La medida no tocaría las asignaciones de Medicaid vigentes para Puerto Rico, que rondan ahora los $3,800 millones anuales, pero se reducirían –sin nueva legislación– a unos $500 millones en octubre de 2027.

Pero, la legislación provocaría que los beneficiarios del plan Vital en Puerto Rico –que es financiado principalmente a través de Medicaid– tengan que recertificarse cada seis meses, como en el resto de los programas estatales.

Actualmente, esas recertificaciones se hacen cada año.

Los problemas de personas que se quedan fuera del programa por no recertificarse a tiempo como paciente de Medicaid “son más comunes de lo que uno se puede imaginar”, indicó el cabildero Javier Llano, experto en temas de salud.

En el caso del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico, que se recibe como una subvención, la asignación anual, que ahora ronda los $2,900 millones no se reduce.

Pero, los demócratas denunciaron que la congelación del plan de alimentos económicos (“Thrifty Food Plan”), provocará que Puerto Rico deje de recibir cerca de $1,000 millones adicionales durante la próxima década. El presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), ha rechazado la interpretación de los demócratas, que coincide con la del Centro sobre Presupuesto y Prioridades de Política Pública (CBPP, en inglés).

La legislación, mientras, eleva de 54 a 68 la edad máxima para requerirle trabajo o servicio voluntario a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En el área de educación, la legislación aumentaría de 12 a 15 el requisito de los créditos por semestre que un estudiante universitario debe tener para poder acceder a las becas Pell. La legislación indica que un estudiante deberá completar 30 créditos en un año para mantener el acceso a ese programa.

Mientras, se eliminan planes de repago de préstamos estudiantiles del Departamento de Educación federal más accesibles. En 2024, más de 300,000 personas tenían deuda estudiantil federal en Puerto Rico.

La legislación busca hacer permanente los principales alivios tributarios de la reforma de 2017, que vencen al terminar el año.

En el caso de Puerto Rico, la legislación –que dejó fuera medidas dirigidas a incentivar la inversión en el archipiélago– hace permanente el impuesto global sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés) que aplica a las manufactureras que hacen negocios como empresas foráneas.

Pero, la medida elevaría durante tres años –de 2026 a 2028– el crédito federal por niños dependientes (CTC, en inglés), que aplica plenamente en Puerto Rico. Propone elevarlo de $2,000 a $2,500 entre 2026 y 2028, pero luego quedaría fijado en $2,000. Sin nueva legislación, el CTC caería a $1,000 el próximo año.