Washington D.C. - Para todos los efectos prácticos, la sesión de votación del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes federal sobre el proyecto de reautorización de la ley agrícola –prevista para comenzar este lunes– frenaría por este año las posibilidades de una transición para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Si la nueva tormenta de nieve en el este de Estados Unidos no lo impide, el presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), ha programado para la 1:00 p.m. (2:00 p.m. hora de Puerto Rico) el inicio de la sesión de votación sobre su proyecto de ley agrícola.

La mayoría republicana aplazó los primeros votos de la semana en el pleno cameral hasta el martes debido a la tormenta. Pero los trabajos están previstos para reanudarse el lunes.

La decisión de Thompson de excluir la propuesta transición del PAN al SNAP se basó, esta vez, en el costo que tendría para el Departamento de Agricultura estadounidense preparar la transición.

De acuerdo al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el proyecto 5168, del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández –quien hace caucus con los demócratas de la Cámara baja y cuya legislación buscaba un plan de transición de hasta 15 años–, el costo inicial de cambiar del PAN al SNAP rondaría los $1,000 millones durante la próxima década, adelantó Thompson a El Nuevo Día.

Esos $1,000 millones se suman a los cerca de $900 millones adicionales que las autoridades puertorriqueñas han calculado recibirían los beneficiarios de asistencia alimentaria en Puerto Rico si se aprobara la transición al SNAP.

“No tengo con qué pagarlo. Le pusieron un precio muy alto”, había adelantado Thompson a este medio.

En la Cámara baja, han estado las posibilidades reales de avanzar una transición al SNAP, pues en el Senado no ha habido, en esta sesión, un solo republicano dispuesto a coauspiciar un proyecto con ese propósito.

Bajo el PAN, Puerto Rico recibe alrededor de $3,000 millones este año fiscal federal.

Hace dos años, al echar a un lado una legislación que hubiese permitido una transición de cinco años, Thompson –como hiciera en su momento también el entonces secretario de Agricultura federal, Tom Vilsack– mantuvo que el gobierno de Puerto Rico no estaba listo para implantar los cambios tecnológicos y los requisitos de trabajo de SNAP.

La transición de hasta 15 años buscaba difuminar esas preocupaciones. Pero el costo se interpuso en el camino.

“La mayoría republicana le falló a Puerto Rico”, dijo el comisionado Hernández, cuando Thompson publicó la legislación que llevará a discusión esta semana en su comisión.

Hernández, ante una pregunta de El Nuevo Día, no precisó este fin de semana si los demócratas pedirán votar sobre una potencial enmienda que incluya el lenguaje de su proyecto de ley. “Seguimos en conversaciones activas dentro del proceso del Comité. Tendremos más información (esta semana)”, señaló el comisionado.

La gobernadora Jenniffer González, quien es republicana y pro Donald Trump, tuvo el viernes una reunión en Washington D.C. con el subsecretario adjunto de Alimentos, Nutrición y Servicios al Consumidor del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Patrick Penn.

González –quien no estuvo disponible para entrevista– no aludió directamente al tema del SNAP al describir su reunión con Penn.

“Durante el encuentro, dialogamos sobre iniciativas dirigidas a robustecer los programas de nutrición y seguridad alimentaria en la isla”, indicó la gobernadora, en la red social X.

El domingo, en momentos en que regresaba a San Juan, la gobernadora sostuvo que su conversación con Penn incluyó “las operaciones del PAN”, según un comunicado de La Fortaleza.

La representante en Washington de la gobernadora, Gabriela Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), ha indicado que la legislación de Thompson incluye “lenguaje para la protección de algunos de nuestros cultivos agrícolas más producidos: el café, guineo, plátano, cacao y mangó”.

Si el Congreso logra reautorizar la ley agrícola por cinco años, como se suele hacer, las autoridades de Puerto Rico probablemente tengan que esperar hasta 2031 para intentar avanzar la propuesta de transición al SNAP. La legislación, que expira el 30 de septiembre, no se reautoriza plenamente desde 2018.

Bajo el SNAP, Puerto Rico tendría que implantar los requisitos de trabajo, servicio voluntario o estudios que exige ese estatuto a sus beneficiarios entre los 18 y 64 años.

SNAP garantiza a los estados y territorios que lo reciben acceso directo a fondos adicionales cuando ocurren emergencias, como desastres naturales.