Washington D.C. - Gran parte de los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) tendrán que trabajar a partir del sábado sin garantía de cuándo cobrarán sus sueldos, debido al cierre parcial de esa dependencia.

A partir de las 12:01 a.m. del sábado, “muchos empleados se verán obligados a trabajar sin sueldo”, añadiendo a la presión de los que están “en la primera línea de nuestra nación”, indicó un portavoz del DHS.

Aunque no se ha divulgado un plan oficial para este cierre parcial del DHS –el único departamento sin todo su presupuesto para el resto del año fiscal federal, que termina el 30 de septiembre–, un documento anterior pronosticó que el 91% de sus 260,000 empleados suelen tener que trabajar sin cobrar su salario cuando el gobierno federal se queda sin todo su financiamiento.

Pero, en esta ocasión, pueden ser menos, debido a los fondos de reserva que tienen oficinas como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y las relacionadas con inmigración.

El Congreso suspendió el jueves sus trabajos legislativos hasta el 23 de febrero, sin poder alcanzar un acuerdo sobre las reformas que requiere el funcionamiento de agentes de inmigración, principalmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Las oficinas afectadas incluyen también a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Guardia Costera.

La TSA tiene fondos hasta mediados de marzo. De continuar el cierre, sin embargo, cerca de 61,000 empleados deberán seguir trabajando sin cobrar su salario.

“Alrededor del 95% de los empleados de la TSA son considerados esenciales y deben seguir trabajando y protegiendo a los viajeros durante el cierre, sin cobrar. Estos 61,000 servidores públicos viven y trabajan en todo el país, en más de 430 aeropuertos comerciales y en sus comunidades, sin cobrar por realizar trabajos extremadamente desafiantes y exigentes”, indicó el miércoles Ha Nguyen McNeill, administradora interina de la TSA, en una audiencia del subcomité de Seguridad Nacional de la Comisión de Asignaciones de la Cámara baja.

McNeill sostuvo que “la falta de financiación y la previsibilidad de los recursos plantearán importantes desafíos a nuestra capacidad para brindar seguridad en el transporte con el nivel de excelencia que esperamos y que los estadounidenses merecen”.

“La misión crucial de seguridad nacional de la TSA no se detiene durante un cierre gubernamental”, agregó.

Según la cadena Fox, el almirante Thomas Allan, vicecomandante de la Guardia Costera, advirtió que, durante el cierre parcial de oficinas del DHS, tendrán que “suspender todas las misiones, excepto las de seguridad nacional o la protección de la vida y la propiedad”.

Los salarios de sus 56,000 empleados, activos, en reserva y civiles, estaría suspendido, explicó Allan.

En el caso de FEMA, aunque empleados tengan que trabajar sin cobrar sus salarios, el fondo de ayuda para mitigar desastres debe tener cerca de $7,000 millones disponibles.

Pese a que la controversia se centra en las reformas que deben hacerse al ICE, las oficinas de inmigración del DHS tienen fondos suficientes para llevar a cabo sus funciones, debido a los $175,000 millones asignados, en julio pasado, por medio de una ley de reconciliación fiscal.

Entonces, al ICE se le asignaron $75,000 millones y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), otros$64,000 millones, que buscaban fortalecer la seguridad en la frontera y reclutar nuevos agentes.

El cierre parcial del DHS está amarrado a las fuertes críticas que ha generado la movilización de agentes del ICE a ciudades metropolitanas, como Minneapolis, Minnesota, donde agentes de inmigración acabaron la vida de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti.

También, ha sido duramente criticada la norma de agentes de inmigración de ir por las calles deteniendo personas a base de su perfil.

Entre otros reclamos, los demócratas han abogado por la destitución de la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Desde la semana pasada, los líderes demócratas presentaron al presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso una serie de potenciales reformas al ICE, que incluyen acabar con los patrullajes itinerantes dirigidos a detener personas que les parecen inmigrantes; prohibir el uso de mascarillas y de equipo paramilitar, así como operativos en escuelas, hospitales e iglesias; requerir identificación; impedir el uso de fuerza letal; asegurar investigaciones independientes; y hacer mandatorio el uso de cámaras corporales.

La administración de Trump ha rechazado particularmente requerir el uso de mascarillas y que todo allanamiento requiera una orden judicial.