Washington D.C. - Con el apoyo del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, el delegado de Guam, el republicano James Moylan, presentó legislación que busca extender la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a los residentes de los territorios, incluido Puerto Rico.

La legislación, radicada el pasado 29 de julio, es coauspiciada por Hernández, y los delegados de los demás territorios: la demócrata Stacey Plaskett (Islas Vírgenes estadounidenses); la republicana Amata Coleman Radewagen (Samoa americana);y Kimberly King Hinds (Islas Marianas del Norte).

También tiene el coauspicio de la delegada demócrata de Washington D.C., Eleanor Holmes Norton.

El SSI se otorga en los 50 estados, Washington D.C. y las Islas Marianas del Norte.

“Alrededor del 22 % de los puertorriqueños vive con alguna discapacidad, pero se les niega el acceso al SSI. Esta legislación busca que los más vulnerables, los adultos mayores sin ingresos, las personas con alguna discapacidad y los niños que nacen con condiciones crónicas reciban este beneficio”, indicó el comisionado Hernández.

En momentos en que los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, se da por descontado que la legislación no avanzará.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, con el respaldo del entonces presidente Joe Biden, aprobaron la inclusión de los territorios en el SSI en 2021, como parte del proyecto de rescate económico – ARPA-, pero la iniciativa quedó frenada en el Senado.

Tanto la primera administración de Donald Trump como la del presidente Biden se opusieron a que la inclusión de Puerto Rico en el SSI se otorgara por la vía judicial.

En abril de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó extender por la vía judicial el SSI a Puerto Rico, al advertir que la Constitución estadounidense no obliga a otorgar ese beneficio a los territorios.

Biden luego propuso lenguaje en sus proyectos de presupuesto para otorgar pleno acceso a los territorios al SSI, Medicaid y la asistencia alimentaria. Pero, nunca se asignaron fondos ni la iniciativa volvió a avanzar.

El comisionado Hernández destacó, en un comunicado de prensa, que cuando el Tribunal Supremo estadounidense descartó la vía judicial para extender el SSI a los territorios, la jueza asociada boricua Sonia Sotomayor consideró antiético “negarle este beneficio a ciudadanos que apenas puedan pagar impuestos”.

“Su opinión disidente remarcó que el status contributivo nunca ha sido ni debe ser criterio válido para determinar el acceso a derechos fundamentales”, comentó el comisionado Hernández.

Los beneficios promedio del SSI, hace dos años, rondaban los $574 mensuales. Entonces, se calculaba que el programa federal de asistencia a los adultos mayores pobres, personas ciegas y discapacitados, conocido por sus siglas en inglés AABD, otorgaba un promedio de $82 mensuales a los residentes de Puerto Rico.