Washington D.C. - Seis demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Nydia Velázquez, reclamaron este jueves a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un informe sobre el impacto, en Puerto Rico, de los recortes en fondos federales ordenados por el presidente Donald Trump este año.

Al mismo tiempo, los legisladores federales cuestionaron si el gobierno de Puerto Rico toma alguna acción para mitigar esas cancelaciones de fondos.

En una carta enviada al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, los legisladores de la Cámara de Representantes estadounidense expresaron particular preocupación con el impacto en organizaciones comunitarias y sin fines de lucro.

Pero, además, pidieron conocer los detalles de los recortes a agencias del gobierno de Puerto Rico, municipios y universidades.

“A pesar de la importancia de estas organizaciones para la economía de Puerto Rico y, por ende, para su estabilidad fiscal, algunas de las políticas más severas de Trump han puesto en riesgo su existencia. Entre los programas que han sufrido recortes notables, se encuentran el Programa de Visitas Domiciliarias para Madres, Bebés y la Primera Infancia (MIECHV), los programas de la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA) y el programa de Instituciones que Sirven a Hispanos (HSI)”, indicaron.

La carta está firmada por Velázquez, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández; la congresista boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), el congresista boricua Ritchie Torres (Nueva York), la congresista Delia Ramírez (Illinois) y el congresista Raja Krishnamoorthi (Illinois).

“Instamos a la Junta a asumir un rol proactivo en la evaluación de estos desafíos de financiamiento, colaborando con el Congreso y las partes interesadas locales, y garantizando que los recursos disponibles se distribuyan de manera equitativa y transparente”, señalaron los legisladores federales.

Entre los reclamos que hacen a la JSF, cuestionaron y pidieron detalles de si han recibido “solicitudes de financiamiento para abordar los déficits de financiación que enfrentan las entidades gubernamentales y no gubernamentales que prestan servicios directos en los sectores de salud, educación y gestión de emergencias”.

También solicitan de la JSF precisar si el gobierno de Puerto Rico ha tomado acciones que fueron señaladas en el plan fiscal de 2024 para reponer $245 millones de la Reserva de Emergencia, aumentar o mantener los niveles de financiamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios ($330 millones), y establecer una reserva para situaciones imprevistas ($170 millones anuales durante una década).

La ausencia de esas iniciativas, coincidieron, pudiera tener consecuencias en la potencial asistencia a organizaciones sin fines de lucro.

Al señalar que este sector es “un pilar fundamental de la economía y la red de seguridad social de la isla”, los legisladores federales advirtieron que “más de 13,800 organizaciones sin fines de lucro atienden más de 200 necesidades comunitarias, generan aproximadamente 100,000 empleos e involucran a casi 735,000 voluntarios, lo que representa un valor económico de más de $1,230 millones”.

“Su labor llega a casi 700,000 residentes cada año y es especialmente crucial en los sectores de la salud, la educación y el desarrollo laboral”, añadieron.

En ese sentido, los legisladores federales afirmaron que “Puerto Rico necesita un sector sin fines de lucro sólido para cumplir con sus obligaciones fiscales y sociales, particularmente en áreas donde las organizaciones sin fines de lucro cubren las deficiencias de servicios esenciales que el sector público por sí solo no puede cubrir”.

Desde hace unos meses, la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un informe sobre los recortes federales ordenados por Trump.

A finales de octubre –la vez más reciente en que El Nuevo Día preguntó si la información había sido provista–, la JSF no había recibido los datos.

“La Junta está en colaboración con el gobierno para tener una mejor visibilidad de estos fondos”, dijo, entonces, la portavoz del ente fiscal, Sylvette Santiago.