Washington D.C. - La Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico (OIG) determinó, en un informe, que el Departamento de Salud administró con “deficiencias significativas” unos $2,000 millones en fondos del programa federal Medicaid en la última docena de años.

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Al presentar sus conclusiones, la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres, y el director del Área de Pre-intervención y Exámenes, Pablo González Flores, indicaron que “la evaluación realizada a los documentos, y la información recopilada durante el examen, reveló deficiencias en la estructura de controles internos que impiden la eficacia en el cumplimiento con las regulaciones aplicables al pareo de fondos federales y estatales del programa Medicaid”.

Según la OIG, hallazgos de la investigación –que son referidos a la OIG del Departamento de Salud de Estados Unidos– “lesionan la imagen del gobierno” puertorriqueño en torno a la administración de los miles de millones de dólares de Medicaid, que financia en gran medida el plan de salud Vital, que rinde servicios a cerca de 1.6 millones de personas.

El informe –que analizó datos de los años fiscales de 2013 a 2024, pero presenta principalmente ejemplos referentes a los años de 2020 a 2022– se divulga en momentos en que el gobierno de Puerto Rico tiene previsto comenzar, en enero de 2026, el cabildeo en el Congreso en favor de la reautorización o mejora de las asignaciones que recibe por medio de Medicaid, previo a un potencial abismo fiscal al inicio del año fiscal estadounidense 2027.

De cara al 1 de octubre de 2027, las asignaciones de Medicaid pueden caer de $4,200 millones anuales a cerca de $500 millones anuales que provee de forma permanente la ley federal.

El informe de la OIG sostiene que “el incumplimiento con las medidas correctivas ante las situaciones aquí señaladas podría ocasionar la imposición de multas y procesos administrativos”.

“La OIG refiere, además, los hallazgos y el comentario especial a la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG, en inglés) para que tome las acciones que estime necesarias para garantizar el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables”, agregó el análisis.

Al reaccionar al informe, el secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que formó “un grupo de trabajo especializado, con representación legal, fiscal y operacional, para revisar en detalle cada uno de los hallazgos presentados”.

“Este equipo tiene la encomienda de analizar, validar o, en su caso y de ser necesario, aclarar los supuestos señalados por los auditores. Porque, más allá del contenido del informe, es mi responsabilidad como el nuevo secretario entender a profundidad cada señalamiento, responder con evidencia, aclarar y corregir todo lo que sea necesario”, indicó Ramos, al acentuar que los señalamientos no abarcan su período como titular.

El informe de la OIG indica, por ejemplo, que se denegaron $183 millones de asignaciones de la ley de rescate económico de 2022 “debido a las fallas en la presentación de gastos y al uso indebido de recursos asignaciones”. Además, se cuestionan “pagos por indemnización a los Centros de Salud Federal Cualificados con fondos federales y estatales no recurrentes, que incluyeron el uso de $120 millones en fondos estatales no recurrentes”.

También, subraya que $70 millones en reembolsos federales “fueron mal clasificados” en el presupuesto del programa Medicaid del Departamento de Salud, y “falta de controles para regular el tiempo en tramitar el reembolso federal del pago de prima, gastos administrativos y pagos a los Centros de Salud Federal Cualificados”.

La investigación reveló, a su vez, el rechazo a un reembolso de $22 millones, de $23.8 millones otorgados por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid para vacunación contra el COVID-19.

Más aún, el informe de la OIG advierte de “deficiencias materiales en los procedimientos contables y la información financiera señaladas en auditorías individuales por más de cinco años”.

Señala, entre otros ejemplos, la tardanza de entre 64 y 209 días en el trámite de nueve comprobantes de pago relacionados con la solicitud del reembolso federal de Medicaid que rondaban los $361.5 millones.

Desde los actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Ricardo Rosselló, cuando se presentaron cargos de corrupción –referentes al otorgamiento de contratos– incluso contra la entonces directora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, el programa Medicaid de Puerto Rico ha estado más en la mira del gobierno federal.

En diciembre pasado, la OIG de Salud federal determinó que el gobierno de Puerto Rico incumplió, por 68 días, el mandato de tiempo que el gobierno estadounidense dio para la designación de un supervisor en jefe de las contrataciones financiadas por Medicaid.

Mientras, en noviembre de 2022, la OIG de Salud federal determinó que sistemas administrativos del programa necesitan mayores controles de seguridad para prevenir ciberataques.

A su vez, en febrero de 2021, la Oficina de Contraloría General destacó la falta de un proceso de competencia para la adjudicación de contratos en Puerto Rico por medio de fondos de Medicaid, y recomendó al gobierno federal tomar medidas sobre ese asunto.

El gobierno de Puerto Rico ha indicado que se propone reactivar a finales de años el grupo gubernamental-privado que presionará en 2026 a favor de mejorar o lograr la permanencia de los fondos de Medicaid.