Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González debe precisar si presionó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que destituyera al coordinador alterno de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico, en momentos en que hay más de 400 proyectos, valorados en $2,000 millones, que se cree estarían detenidos desde el verano pasado, según el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

“Reconozco que el momento en el que se da, justo después de que la gobernadora se reúna con Noem, como mínimo, amerita que se le pregunte a la gobernadora si ella pidió la destitución de este funcionario y qué razones le dio”, indicó este martes Hernández.

Como parte de sus reuniones del pasado viernes en Washington D.C., a donde viajó con ocasión de la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores, la gobernadora llevó la queja de que había cientos de proyectos pendientes de autorización de parte de la oficina de FEMA en Puerto Rico.

Sobre la mesa de la reunión, había documentos titulados “proyectos pendientes”.

Poco después de esa reunión, comenzaron a circular informes de que Noem había ordenado la destitución del coordinador federal alterno de FEMA para la reconstrucción de Puerto Rico, Andrés García Martinó, quien fue administrador del Municipio de San Juan durante parte del término de Carmen Yulín Cruz como alcaldesa.

Hernández considera que, en gran medida, el retraso de la aprobación de proyectos de FEMA en la administración de Donald Trump puede deberse a la directiva que Noem emitió de revisar todo proyecto que cueste, al menos, $100,000, lo que significa examinar un altísimo volumen de iniciativas.

“Gran parte del retraso en el desembolso de los fondos obligados de FEMA se debe, primero, a la política recién implantada de la Secretaría de ‘Homeland Security’ (DHS) de requerir que cada asignación de fondos de más de $100,000 pase por su escritorio para su aprobación”, sostuvo Hernández, quien, en una audiencia del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja, describió momentos antes como “estúpida” esa norma del DHS.

El comisionado residente sostuvo que el requisito de examinar toda obra de $100,000 o más “retrasa la reconstrucción en Puerto Rico y muchos estados”.

“DHS ha demostrado un patrón consistente en fallarle a los ciudadanos estadounidenses, a Estados Unidos, a los 50 estados, al Estado Libre Asociado y los territorios, en torno a su reconstrucción después de desastres naturales”, dijo.

Pero, también comentó que el gobierno central de Puerto Rico tiene el desafío de “procesar muchas de estas reclamaciones”, de superar la falta de mano de obra y el aumento en los costos debido a la inflación.

Con respecto al despido de García Martinó, durante el fin de semana, la oficina de Washington D.C. de FEMA indicó a El Nuevo Día que no comenta sobre asuntos de personal.

Mientras, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, dijo el lunes que las “decisiones sobre personal de DHS o FEMA corresponden a dicha agencia, ni el gobierno de Puerto Rico ni la gobernadora tienen injerencia sobre las mismas”.

La gobernadora es republicana y aliada del gobierno de Trump.

Esta semana, además, El Nuevo Día reportó que, en momentos en que falta por desembolsar más del 70% de los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico asignados por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), el avance ha sido mínimo durante el primer año de la administración de González.

Según los datos más recientes publicados por HUD, los desembolsos de los fondos de los programas de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR, en inglés) y para mitigar desastres (CDBG-MIT, en inglés) aumentaron en solo $85 millones en 2025, en comparación con el último año de la administración de Pedro Pierluisi.

En 2025, el gobierno federal desembolsó $1,389 millones de los fondos de HUD. Un año antes, bajo Pierluisi, el total se había quedado en $1,304 millones.

Al cerrar 2025, quedaba pendiente el uso de casi $15,000 millones ($14,955 millones o el 73%) de los $20,444 millones asignados por medio de CDBG-DR y CDBG-MIT, entre 2017 y 2019, para asistir principalmente con los daños causados por los huracanes Irma y María.

“La gobernadora hizo la promesa de mejorar el acceso a esos fondos y ponerlos a correr. Claramente, al ver un aumento tan mínimo, pues, nos hace cuestionar la efectividad. Mi oficina está disponible para ayudar a navegar ese proceso en la medida que podamos”, dijo Hernández.