Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó un proyecto de ley que ordenaría a la Oficina de Contraloría General (GAO) hacer un estudio abarcador y rendir un informe sobre los retos operacionales y gerenciales del sistema energético de Puerto Rico.

Al dar a conocer la legislación presentada el miércoles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hernández indicó que el estudio se centraría en las empresas Genera PR y LUMA Energy, que se encargan de administrar los sistemas de generación y transmisión, respectivamente.

“Las familias y los negocios en Puerto Rico todavía viven con la incertidumbre diaria de no saber si tendrán luz. El Congreso ha aprobado miles de millones en fondos federales de recuperación, y aun así continúan los apagones y falta la rendición de cuentas. Este proyecto busca garantizar que el Congreso y el pueblo de Puerto Rico reciban las respuestas y la transparencia que necesitamos para construir un sistema energético confiable y resiliente”, indicó Hernández.

La legislación exigiría a la GAO examinar las políticas y acciones administrativas del gobierno de Puerto Rico que influyen en el proceso de recuperación y la resiliencia del archipiélago puertorriqueño después de los desastres naturales recientes, como el huracán María.

Además, busca identificar los desafíos y obstáculos para lograr un desembolso eficiente de fondos federales, al igual que la supervisión y la puesta en marcha de los proyectos energéticos.

También pide a la GAO recomendaciones concretas para mejorar “la coordinación, la rendición de cuentas y la resiliencia a largo plazo de la red eléctrica de Puerto Rico”.

Esta semana, Hernández también sometió legislación que permitiría presionar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para que tome “las medidas necesarias” que permitan acelerar los desembolsos de fondos destinados a mitigar un desastre natural.

Ese otro proyecto también reclama a beneficiarios pasados de fondos de ayuda de desastres a someter un informe a FEMA que refleje el tiempo que tomó desembolsar el dinero a subbeneficiarios.

“Contar con esta información permitirá identificar las causas profundas de la crisis energética en Puerto Rico y proveerá al Congreso, a las autoridades locales y a los sectores involucrados los datos necesarios para fortalecer la supervisión, mejorar la coordinación y guiar inversiones inteligentes. Los puertorriqueños no pueden esperar otra década por un servicio eléctrico confiable; este proyecto se trata de rendición de cuentas, de actuar con urgencia para construir una red que sirva al pueblo”, indicó.

La nueva legislación no tiene coauspiciadores. Hernández pertenece a la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Un informe de auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna concluyó que, a ocho años del huracán María, FEMA desconoce cuándo se reconstruirá por completo la red eléctrica de Puerto Rico”, que “sigue siendo inestable, inadecuada y vulnerable a interrupciones, como evidenció otro apagón total el 31 de diciembre de 2024”.

El comisionado Hernández también encabezó esta semana la presentación de una resolución que honra a las cerca de 3,000 víctimas del huracán María y exhorta a FEMA a agilizar “el desembolso total de los fondos críticos” para la recuperación de Puerto Rico.