Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó esta semana legislación en la Cámara de Representantes que permitiría auditar si las empresas que reciben contratos federales cumplen con los requisitos de ley de ofrecer oportunidades a empresas pequeñas.

La medida, que tiene el número 10622, ordenaría a la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) revisar, al menos, el 10% de los contratos para confirmar si cumplen con las normas.

Hernández, quien presentó la legislación el lunes junto a su colega demócrata Gilberto Cisneros (California), indicó que empresas que reciben contratos por encima de los $900,000, usualmente, deben presentar un plan de subcontratación de pequeños negocios.

“Mi proyecto de ley aumenta las auditorías para que los pequeños negocios reciban las oportunidades que les corresponden por ley”, indicó Hernández, al señalar que, “si una compañía recibe un contrato federal y se compromete a darle oportunidades a pequeños negocios, debemos asegurarnos de que ese compromiso se cumpla”.

Afirmó que, “en Puerto Rico, eso significa saber si nuestras pequeñas empresas están teniendo una oportunidad real de participar en el trabajo que generan los contratos federales”.

Cisneros, quien fue subsecretario de Defensa para Personal y Preparación, indicó, por su parte, que la legislación persigue que “nuestras pequeñas empresas tengan la oportunidad de obtener contratos federales”.

En el comunicado, Carmen Cortés Ramos, fundadora y principal funcionaria de la empresa Legal PM Partners, dijo que el comisionado residente responde a “las experiencias de los dueños de pequeños negocios que buscamos participar en el mercado federal y traducir nuestras preocupaciones en acción legislativa”.

Según Hernández, en estos momentos, los contratistas federales son evaluados en función de si se considera que llevan a cabo un “esfuerzo de buena fe” en cumplir con las metas establecidas por ley.

En el año fiscal estadounidense 2022, más de $400,000 millones en contratos federales requerían planes de subcontratación, según la Oficina de Contraloría General. Pero, la SBA solo hizo ese año “seis revisiones de cumplimiento”, lo que se calcula privó a pequeñas empresas de alrededor de $1,500 millones adicionales en contratos.