Washington D.C. - Grupos e individuos de Puerto Rico y su diáspora reclamaron este lunes al Concejo Municipal de Nueva York la aprobación de resoluciones que expresan rechazo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la antigua ley 22 y el proyecto Esencia.

Las medidas, de la autoría de la concejal municipal boricua Alexa Avilés, fueron discutidas en una audiencia pública en la biblioteca y centro de investigación sobre la cultura africana de Harlem que lleva el nombre de Arturo Schomburg, historiador y escritor puertorriqueño.

La resolución sobre la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, aboga por una fecha cierta para la salida del ente fiscal, que ya cumplió una década de ser establecido.

Una cuarta resolución de Avilés, analizada también en la sesión del Comité de Asuntos Culturales, Bibliotecas y Relaciones Internacionales, persigue apoyar un proyecto de ley pendiente en la Legislatura estatal que limitaría la capacidad de fondos de cobertura de riesgo –conocidos como “fondos buitre”– de adquirir deuda garantizada o emitida por gobiernos extranjeros con el fin de reclamar el pago en un tribunal de ese estado.

“La condición de Puerto Rico como una de las colonias más antiguas del mundo, con una historia de ocupación militar y estatus de protectorado desde 1508, hace aún más importante que ahora sea autónomo y esté gobernado por funcionarios elegidos democráticamente por los propios puertorriqueños”, indica la resolución de Avilés, cuyas medidas son de la coautoría de su colega boricua Tiffany Cabán.

Al respaldar la salida de la JSF y las demás resoluciones, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y profesora en la Universidad de Puerto Rico (UPR), María del Mar Rosa Rodríguez, afirmó que la principal institución universitaria de Puerto Rico tiene “menos de la mitad del presupuesto que deberíamos tener debido al control financiero de la Junta”.

Asimismo, a nombre del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rosa Seguí, excandidata al Senado por San Juan, afirmó que la “vida cotidiana en Puerto Rico es extremadamente difícil debido al impacto de las medidas de austeridad que (los miembros de la Junta) han impuesto”.

“Estas resoluciones individuales están profundamente entrelazadas, como algunos de los oradores han indicado por un hilo conductor común: el colonialismo extractivo de asentamientos. Las personas que optan por reubicarse en Puerto Rico para evadir impuestos federales, estatales y locales a través de la Ley 22 traen consigo desplazamiento, aumento del costo de vida y sobredesarrollo, allanando así el camino para proyectos como Esencia”, indicó, por su parte, la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito, quien declaró en persona.

En tanto, Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, también respaldó las cuatro resoluciones, al indicar que lo que ocurre en Puerto Rico es un anticipo de lo que puede pasar en Nueva York. “Les insto a aprobar estas resoluciones en nombre de Puerto Rico, en nombre de la justicia”, sostuvo Miranda Palacios, cuya organización reúne a los gobiernos locales del archipiélago.

Previo a la audiencia, la concejal Avilés encabezó una manifestación en la que señaló que “Puerto Rico está siendo gentrificado, nuestra hermosa ecología destruida, nuestra economía utilizada como arma y nuestros servicios públicos desmantelados”.

Junto a Avilés estuvieron la concejal Cabán; la speaker adjunta del Concejo Municipal, Nantasha Williams; el concejal Justin Sánchez; el líder sindical y representante de la coalición NY Contra Esencia, David Galarza; Erica González, directora ejecutiva de Power4PuertoRico; y Camille Rivera de La Brega y Fuerza, entre otros.

“Durante los últimos 10 años, la ‘junta de control fiscal’ de Puerto Rico, cuyos miembros no son elegidos democráticamente, ha impuesto una agenda que ha recortado y debilitado servicios esenciales, puesto en peligro nuestro medio ambiente, aumentado las tarifas de los servicios públicos y debilitado nuestra infraestructura, todo ello mientras priorizaba los cuantiosos pagos a los tenedores de bonos de Wall Street”, afirmó, en un comunicado de prensa, Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y coordinadora general del MVC.

La antigua ley 22, que ahora es parte de la ley 60 de 2019, otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla por, al menos, 183 días al año.

Desde 2021, el IRS informó que investigaba cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22 –ahora parte de la Ley 60 de 2019– que pudieran enfrentarse a denuncias criminales.

La resolución sobre Esencia, radicada por Avilés junto a su colega boricua Cabán, sostiene que los terrenos en que se construiría el proyecto contiene “al menos, 24 sitios arqueológicos precoloniales y coloniales, muchos de los cuales aún no han sido excavados”, y que el proyecto “podría ejercer una presión excesiva sobre el suministro local de agua y correr el riesgo de dañar los criaderos de ostras e interrumpir el flujo de agua dulce y salada a través de los humedales del sitio”.

Oficinas del gobierno de Puerto Rico han puesto un freno a ese proyecto, por lo menos en su concepto vigente, debido a su potencial impacto sobre el acceso de los residentes de Cabo Rojo al agua y a la energía eléctrica.

Los proponentes de Esencia -que contaría con más de 1,000 residencias privadas y 500 habitaciones de hotel- han indicado que colaboran “ampliamente con la comunidad circundante, expertos ambientales y organismos reguladores para crear un plan maestro que sea sumamente sensible al medio ambiente de la región”.