Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó este jueves que sus prioridades en el próximo Congreso serán buscarle una solución a la brecha en el acceso a los fondos Medicaid, la asistencia alimentaria, la crisis del costo de energía y exigir que los corruptos en Puerto Rico y Estados Unidos rindan cuentas.

En un breve mensaje en el hemiciclo, tras concluir la sesión del día y antes que la Cámara de Representantes recesara hasta el lunes próximo, Hernández afirmó que los electores estadounidenses le dieron, el pasado 3 de noviembre, un mandato al Congreso de “enfocarse en la asequibilidad y la rendición de cuentas”.

“Como representante de Puerto Rico en el Congreso, lucharé para que las prioridades de mi isla sean atendidas dentro de ese mandato. Resolvamos la brecha de financiamiento de Medicaid en la isla. Resolvamos la brecha de financiamiento de la asistencia nutricional en la isla. Resolvamos la crisis del costo de la energía en la isla”, indicó Hernández, quien hace caucus con los demócratas, que tendrán una amplia mayoría en la Cámara baja en la próxima sesión del Congreso, que empieza el 3 de enero.

Hernández, quien quiere que se investigue el escándalo del fallido contrato de generación de energía con Power Expectations, sostuvo que el Congreso debe exigir también “que los corruptos rindan cuentas”, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

La mayoría demócrata, en el Senado y la Cámara baja, heredará, en enero, el debate sobre el abismo fiscal de $3,700 millones en que puede caer el gobierno y la industria de salud de Puerto Rico, si al menos no se renueva la misma cantidad de fondos que recibe el archipiélago boricua bajo el programa Medicaid, unos $4,200 millones anuales.

Además, la mayoría republicana del Congreso dejó fuera de sus proyectos para reautorizar la ley agrícola la legislación de Hernández que persigue una transición de 15 años para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Bajo el SNAP, Puerto Rico recibiría cerca de $1,000 millones adicionales y tendría que imponer requisitos de trabajo a los beneficiarios del programa que tienen entre 18 y 64 años, con excepción para los estudiantes y otros sectores de la sociedad.