Washington D.C. - El congresista Raja Krishnamoorthi, autor del proyecto de ley que persigue transferir las funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobierno de Puerto Rico, perdió el martes la candidatura demócrata al Senado federal en representación de Illinois frente a la vicegobernadora del estado, Juliana Stratton.

Stratton obtuvo alrededor del 40%, frente al 33.2% de Krishnamoorthi y 18.2% de la congresista Robin Kelly. Otros siete precandidatos obtuvieron, en total, cerca del 8% de los votos.

“Demostramos lo que es posible cuando se escucha al pueblo y se le da lo que quiere”, dijo Stratton tras su victoria.

Stratton es ahora la favorita para ganar el escaño que dejará vacante, al termina esta sesión 119 del Congreso, el senador Richard Durbin (Illinois), quien ha sido el número dos de los demócratas del Senado estadounidense.

Con el apoyo de su colega boricua Darren Soto (Florida), el congresista Kirishnamoorthi presentó el pasado 6 de marzo un proyecto de ley que impulsa que las funciones de la (JSF), que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, queden en manos de las autoridades de Puerto Rico, una vez se apruebe una ley puertorriqueña que establezca una entidad sucesora.

La vicegobernadora Stratton contó con el respaldo político y financiero del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que aspira en noviembre a la reelección, pero se prevé que interesa ser aspirante a la candidatura presidencial, de cara a 2028.

Un comité de acción política financiado por el gobernador Pritzker dedicó $12 millones a promover la candidatura de la vicegobernadora Stratton. Mientras, el congresista Krishnamoorthi, de origen indio, gastó más de $20 millones en su campaña.

Stratton sería la sexta mujer negra en ganar un escaño en el Senado, y la segunda por Illinois.

Líderes boricuas de Chicago - incluido el excongresista Luis Gutiérrez-, respaldaron a Krishnamoorthi y elogiaron en un evento en el barrio puertorriqueña de esa ciudad la presentación del proyecto 7833 que busca transferir al gobierno electo de Puerto Rico las funciones de la JSF.