Washington D.C. – Ante un comité del Congreso, el gobernador Pedro Pierluisi defendió hoy la continuidad del contrato de LUMA Energy como parte fundamental del proceso de reconstrucción y anunció, a su salida de la audiencia pública, que los daños ocasionados por el huracán Fiona en octubre pasado pueden haber ascendido a cerca de $7,000 millones.

A preguntas del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva, Pierluisi indicó que sería “una pesadilla” cancelar el contrato de LUMA, que, como reconoció el legislador federal, ha estado bajo críticas en el Congreso y en la Isla.

Atrasaría la transformación y la reconstrucción”, dijo, en momentos en que tanto LUMA, a cargo del sistema de transmisión y distrbución, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que controla la generación, coordinan los proyectos para la modernización de la red eléctrica, que el propio gobierno federal ha reconocido que ya camina con lentitud.

En la sesión, de hecho, el gobernador Pierluisi y el congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) coincidieron en que el sistema de electricidad es “el talón de Aquiles” del proceso de reconstrucción.

Pierluisi indicó que al llegar el 30 de noviembre, LUMA Energy tiene tres opciones: continuar con un contrato suplementario en lo que se reestructura la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); poner en marcha el contrato de 15 años; o retirarse del acuerdo, dando paso a una transición que puede tomar más de un año.

De continuarse con el contrato temporero, “puede haber un documento bien breve” que tenga que ser firmado por ambas partes, sostuvo el gobernador Pierluisi, al hablar con El Nuevo Día antes de la sesión. “No son enmiendas al contrato”, dijo, sin poder precisar cuanto antes de la fecha del 30 de noviembre se conocerá la decisión final.

Pierluisi sostuvo que si entra en vigor el contrato de 15 años, LUMA Energy estará sujeta tanto a posibles “penalidades” como a “bonificaciones”.

Pero, a preguntas de Grijalva quedó claro que en este momento no hay consecuencias para LUMA Energy si su desempeño es inadecuado.

Mario Hurtado, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA, sostuvo que las penalidades en este momento a la empresa se pueden imponer si el Negociado de Energía de Puerto Rico determina en tres años que han incumplido con sus métricas.

El contrato suplementario, sin embargo, fue puesto en marcha para que durara 17 meses.

El congresista Torres, por su parte, cuestionó que LUMA Energy provea datos sobre interrupciones a clientes por regiones, sin poder precisar verdaderamente la situación por municipios. Hurtado sostuvo que el sistema está hecho de esa forma, pero que buscarán poder proveer los datos por municipios.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien ha abogado por la cancelación del contrato de LUMA, dijo que buscará la opinión legal que emitió el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, que valida la legalidad del acuerdo y la cual promovió Pierluisi en la audiencia.

“Quiero saber si esa opinión también dice cuáles son las consecuencias de no extender contrato ese contrato. Creo que también uno debe saber cuáles son las opciones para cancelación y para la continuación”, señaló González, quien sostuvo que en momentos en que el gobernador Pierluisi opta por la fiscalización, no ve al Negociado de Energía haciendo ese trabajo.

La abogada ambientalista Ruth Santiago reafirmó que el contrato debe ser cancelado e investigado.”La Junta de Supervisión Fiscal promociona el contrato de LUMA como uno de sus principales logros. Sin embargo, para residentes, negocios e instituciones en Puerto Rico, el contrato LUMA ha sido nada menos que un desastre”, sostuvo.

Al terminar la sesión, Grijalva quedó con la percepción de que “nadie quiere aceptar culpas ni tomar crédito” por los prolemas que tiene el sistema eléctrico.

En su turno de preguntas, el republicano Peter Stauber (Minnesota) mostro empatía con LUMA. Sus preguntas permitieron a la vicepresidenta senior de LUMA Energy para Ingeniería, Gestión de Activos y Programa de Capital, Shay Bahramirad, afirmar que no tienen que ver nada con los problemas de generación y que no se les debe atribuir la decisión sobre los aumentos en las tarifas de los clientes.

Bahramirad dijo además que tras el huracán Fiona “pudimos restablecer el servicio de sobre el 90 % de los clientes en 12 días, un ritmo que no se había visto antes en Puerto Rico”.

Pierluisi también dio garantías al Comité de Recursos Naturales – al responder a la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York)-, de que cualquier nuevo acuerdo sobre la reestructuración de la deuda de la AEE defenderá los intereses de los consumidores y del futuro de esa corporación pública.

“No voy a permitir que la AEE termine con una deuda que provoque extraordinarios aumentos en el costo de energía”, dijo Pierluisi.

Al salir de la audiencia, el equipo del gobernador Pierluisi calculó en unos $7,000 millones de dólares los daños causados por el huracán Fiona. Eso incluye unos $5,000 millones que han calculado en asistencia pública bajo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y unos $2,000 millones que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico estima que se necesitarán, para reparar viviendas, por medio del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Todavía esperan porque FEMA acepte, dentro de su estimado, toda la evaluación relacionada a 17 municipios, dijo el director de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, quien advirtió que los $5,000 millones incluirán los costos que deberán ser reclamados por medio de seguros privados.

El secretario de la Vivienda de Puerto Rico, William Rodríguez, sostuvo que los $2,000 millones que se solicitarán por medio de CDBG-DR incluirán fondos para el gobierno parear el costo de proyectos y atender entre 6,000 y 7,000 viviendas dañadas. Tras el huracán María, el gobierno busca reparar unas 17,000 viviendas, aunque originalmente se dijo que eran unas 100,000 las residencias afectadas.

Pierluisi, quien regresa mañana a a San Juan, pidió que se permita a FEMA financiar en un 100% el costo de los proyectos relacionados al sistema eléctrico, ajustar los costos fijos de los proyectos de obra permanente ya aprobados - debido a la inflación- y consolidar los procesos de asistencia de los huracanes de 2017 con los de Fiona.

La administración Pierluisi se apresta a enviar una carta al liderato del Congreso en la que detallarán la asistencia por desastres que reclamarán de cara a cualquier legislación que pueda aprobarse antes de que termine en diciembre esta sesión.

La comunicación incluirá varios de los cambios en política pública que Pierluisi incluyó en su ponencia, así como el respaldo a la idea de Grijalva - acogida por todos los ponentes - para asignar $5,000 millones al Departamento de Energía de Estados Unidos para financiar la instalación de paneles solares en los techos de las residencias de personas de escasos recursos económicos y/o discapacitados en Puerto Rico.

Con respecto a proyectos basados en fuentes renovables, el secretario Rodríguez indicó que por medio de los fondos CDBG-DR, el Departamento de la Vivienda prevé ya impulsar proyectos que totalizan $2,200 millones. Otros $1,000 millones se quieren poner en marcha, por medio de los fondos de FEMA, según Laboy.

“Hasta la fecha, tenemos 2,132 proyectos en construcción a un costo total de $800 millones en fondos de FEMA. Además, 1,666 proyectos para un total de más de $1,400 millones están en proceso de obtención de permisos y deberían iniciar la construcción pronto. Se trata de proyectos de todos los tamaños y tipos, como infraestructura crítica, mejoras comunitarias y servicios públicos, en todo Puerto Rico”, indicó el gobernador

Grijalva indicó que la reconstrucción se mueve “bien lenta” y dijo que continuará pidiendo cuentas, sobre como marcha ese proceso en las escuelas y los centros de salud.

La comisionada González coincidió. “Los efectos de Fiona y las fuertes lluvias que continúan han acentuado que los trabajos para hacer nuestra infraestructura una más resiliente van a paso de tortuga. Todavía tenemos una gran cantidad de infraestructura de transporte y servicios públicos esperando el reemplazo permanente requerido y la mejora a estándares más resilientes y resistentes al clima, por lo que siguen fallando y seguimos teniendo que repararla nuevamente”, señaló González.

En su turno, el líder de la minoría republicana, Bruce Westerman (Arkansas), quien será el próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, mostró interés en los proyectos de gas natural.

Como había hecho en su testimonio escrito, el presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales, Eduardo Pardo, abogó, entre otras cosas, porque se autorice la contratación de personas residentes en Puerto Rico que no son ciudadanos de Estados Unidos para trabajar en los proyectos de reconstrucción autorizados por FEMA y porque la secretaria de Energía, Jennifer Granholm - a cargo de acelerar la modernización de la red-, pueda designar cinco proyectos críticos por área, que incluyen carreteras, escuelas y agua, cuyos permisos puedan tramitarse de forma expedita.

También dijo que debe haber consenso en que “el proceso de reconstrucción está tomando mucho más tiempo de lo esperado y que en algunas áreas, como la energía, se ha avanzado poco”.

“Hoy, la infraestructura de Puerto Rico es mucho más débil y vulnerable que nunca”, agregará el presidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGC), al aludir a la interrupción del lunes que dejó 175,000 personas sin servicio de electricidad y a que cinco años después del huracán María “no tiene conocimiento de ningún proyecto significativo actualmente en marcha para lograr una red resistente y moderna”.