Washington D.C. - En una sesión que incluyó un mensaje de respaldo del ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por ocasión 43, una resolución que reafirma el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

“Es hora de que Washington dé demostraciones concretas de voluntad política para poner fin, de una vez por todas, a esta situación insostenible de dominación colonial sobre Puerto Rico”, indicó Gil Pinto, en una rara presentación de un canciller en la sesión del Comité de Descolonización sobre el archipiélago boricua.

La República Bolivariana de Venezuela, tanto bajo Hugo Chávez como bajo la presidencia de Nicolás Maduro, suele coauspiciar la resolución que volvió a presentar Cuba en reclamo de que el caso colonial puertorriqueño –que quedó fuera de la lista de países sin gobierno propio en 1953– regrese como un asunto independiente de debate a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La nueva resolución fue aprobada después del Comité de Descolonización dedicar unas cuatro horas a escuchar alrededor de 70 ponentes de Puerto Rico y su diáspora en torno a la decisión tomada en 2024.

Representantes de las misiones ante la ONU de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Irán y Rusia declararon a favor de la resolución. Colombia, Santa Lucía y Uganda, por su parte, hablaron como portavoces, respectivamente, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Grupo de Amigos de la Carta de Estados Unidos y el Movimiento de Países no Alineados.

“Ha llegado el momento de actuar. El Comité de Descolonización no debe seguir siendo un actor pasivo, sino un sujeto activo de transformación a favor de la independencia de Puerto Rico. Debe cumplir con su mandato de implementar la resolución 1514 (que establece el derecho de los pueblos a su independencia)”, sostuvo el canciller Gil Pinto, cuyo gobierno tiene tensas relaciones con el de Estados Unidos.

Como en años recientes, la resolución reconoce la identidad latinoamericana de Puerto Rico, denuncia la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por medio de la ley Promesa y sostiene que los problemas de pobreza de Puerto Rico se han agravado tras los desastres naturales recientes.

Pese a que no haya espacio aún para devolver el caso colonial puertorriqueño a la Asamblea General, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, afirmó que “no debe haber duda” de que, para que “puedan avanzar las políticas descolonizadoras tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es necesario que se mantenga firme el apoyo de este comité especial a través de sus resoluciones, así como que se redoblen los esfuerzos para hacer posible una expresión” del principal órgano de deliberación de la ONU.

“Resulta… ser fuente de optimismo el que este Comité Especial pueda coincidir por encima de las diferencias que puedan tener sobre otros temas los gobiernos aquí representados, en cuanto al derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, y en cuanto a la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos descargue la responsabilidad descolonizadora que le requiere el derecho internacional”, agregó González Costa, el único funcionario electo de Puerto Rico que declaró en la sesión.

La sesión fue liderada por la presidenta del Comité de Descolonización, la embajadora de Santa Lucía ante la ONU, Menissa Rambally.

Como la resolución, los ponentes –no importa su posición en torno al status– coincidieron en denunciar la imposición de la ley Promesa y la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Sin interés del Congreso en decidir el asunto, alrededor de dos decenas de los ponentes acudieron a defender la estadidad y pedir que la nueva resolución reconociera, al menos, los resultados de los cuatro más recientes plebiscitos criollos, convocados por el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) y en los que la estadidad obtuvo más votos.

“Esta verdad estará ausente de su resolución”, dijo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien –principalmente después de haber tenido que renunciar al puesto, en medio de multitudinarias protestas– ha movilizado al grupo proestadidad que dirige, denominado “delegación extendida”, a la sesiones del Comité de Descolonización.

Los estadistas también denunciaron que el Congreso ha ignorado los plebiscitos criollos en la isla y los reclamos a favor de la estadidad.

“Hablan de libertad, pero silencian nuestras voces. Envían a nuestros hijos e hijas a la guerra, pero nos niegan el derecho a votar por el comandante en jefe, nos niegan representación con derecho a voto en el Congreso, prohíben a la isla negociar con otros países y han impuesto una junta de control fiscal que gobierna sin el consentimiento del pueblo”, dijo Ignacio Ros, quien es sindicalista y parte de la “delegación extendida” proestadidad de Georgia.

El Colegio de Abogados y Abogadas, que históricamente ha promovido la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status, afirmó que “la descolonización no puede seguir postergándose”.

“Rechazamos los referendos diseñados por algunos partidos, que han sido manipulados para legitimar el statu quo sin aval internacional ni participación amplia”, indicó la presidenta del Colegio, Vivian Godineaux Villaronga.

Por su parte, Kevin Rivera Medina, portavoz del Comité de Derechos Humanos, afirmó que “la crisis de derechos humanos” que representa la situación colonial de Puerto Rico “se ha visto agudizada por la intervención directa del gobierno de los Estados Unidos sobre la vida diaria de nuestra sociedad”.

“Hoy, el abuso que tiene la administración (del presidente Donald) Trump sobre la comunidad migrante en Puerto Rico –que cuenta con el apoyo del gobierno de la actual administración colonial– ha rebasado nuevos límites de intervención en nuestra tierra”, indicó Rivera Medina.

El representante del Comité de Derechos Humanos señaló que, “con prácticas que parecen más al secuestro que detenciones lícitas, la inmediata extradición de migrantes a campos de concentración bajo carpas fuera de nuestras costas, sin acceso a sus representantes legales ni a sus familias, nos acuerdan tácticas como las usadas por Pinochet y Videla; o como Hitler, partiendo del perfil racial y nacional como elementos básicos para detenciones arbitrarias y discriminatorias”.

Grupos independentistas de Puerto Rico y la diáspora han abogado, a su vez, a favor de que el presidente Trump –ante la inacción del Congreso, que controla la soberanía de la isla– tome acción ejecutiva para iniciar un proceso de descolonización que incluya la transferencia al pueblo puertorriqueño de su soberanía.

También hubo denuncias en contra de las normas federales de cabotaje, los aranceles impuestos por Trump a productos importados, los altos niveles de pobreza y los problemas de salud y educación, que consideran se han agravado tras los recientes huracanes y terremotos.

“Instamos a este comité a ir más allá de las reafirmaciones simbólicas y a tomar medidas concretas (como) exigir al Poder Ejecutivo de Estados Unidos iniciar un proceso de descolonización justo y transparente conforme a la resolución 1615 de la ONU (y) presione al Congreso para que transfiera el poder soberano a los puertorriqueños y realice la transición hacia la independencia”, indicó Christina Mojica, a nombre del grupo Plan B Independencia.

En marzo, esa organización dio a conocer que envió al presidente Trump un borrador de orden ejecutiva, con la idea de convencerle a firmar un decreto que permita iniciar un proceso de transición hacia la independencia de Puerto Rico a partir del 1 de enero de 2026, que le garantice a la isla cerca de $720,000 millones en dos décadas “para desarrollar el país”.

Manuel Rivera, de la organización de la diáspora Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), insistirá en que el presidente de Estados Unidos tiene autoridad para enmendar el Tratado de París, permitiendo a Puerto Rico definir su propio futuro y que el Congreso renuncie “a su autoridad sobre la isla, facilitando que Puerto Rico negocie acuerdos con Estados Unidos, incluyendo tratados o asociaciones financieras, sin depender de fondos federales”.

“En los Casos Insulares: Downes versus Bidwell (1901), Dooley versus United States (1901) y Dorr versus United States (1904), establecieron que los territorios no incorporados fueron adquiridos temporalmente. Estos precedentes refuerzan el argumento para terminar o enmendar el Tratado de París y redefinir el status de Puerto Rico”, señaló Rivera, un abogado radicado en la capital estadounidense.

Tanto Benjamin Ramos, del grupo “Pro Libertad Freedom Campaign”, como Calvin Yohannan, de Boricuas Unidos en la Diáspora, criticaron los esfuerzos para dejar en manos del presidente Trump un proceso en favor de la independencia de Puerto Rico.

La concejal municipal boricua de Lancaster (Pensilvania), Janet Díaz, quien aspiró sin éxito a la candidatura demócrata a la alcaldía de su ciudad, testificó también en apoyo a la estadidad para Puerto Rico.

Díaz también resaltó que “la corrupción entre los funcionarios (de Puerto Rico) ha propiciado la malversación de fondos públicos para retrasar proyectos de infraestructura”, lo que “se hizo especialmente evidente durante los desastres del huracán María”.

Madelin Colón Pérez, a nombre de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, denunció los intentos del gobierno federal por imponer la pena de muerte en Puerto Rico, pese al rechazo que le da la Constitución y el pueblo puertorriqueño.

“Dicho castigo va contra del derecho fundamental a la vida, en contra de las expresiones de la Asamblea General contra la tortura, es contraria al derecho de autodeterminación de Puerto Rico y evidencia la importancia de estas vistas y de la solidaridad internacional para lograr nuestra independencia”, afirmó Colón Pérez ante el comité.

Sin aun descontaminarse las tierras, la Alianza de Mujeres Viequenses, por voz de Andrea Malavé Bonilla, mantuvo que “la presencia militar de Estados Unidos ha generado un ciclo de pobreza, desplazamiento, marginación y contaminación de la isla durante 60 años”.

“Solo se niega la realidad de la continua devastación sanitaria y ambiental (en Vieques). El ejército se desentiende de toda responsabilidad, y la colonia se doblega”, declaró Myrna Pagán, de Vidas Viequenses Valen.

Annette Falcón, mientras, habló a nombre del grupo “Reunificacionistas en Acción” que quiere que Puerto Rico vuelva a ser “parte de España”, que mantuvo a la isla como colonia durante 400 años, hasta la invasión militar estadounidense de 1898.

José Miguel Velázquez Cruz, del grupo “Reunification Station: Puerto Rico & Spain”, propuso al comité reconocer la Carta Autonómica de 1897 e incluir en un plebiscito la alternativa de ”reunificación con España”.