Washington D.C. - La mayoría republicana del Senado trata de aprobar esta semana el proyecto de reconciliación fiscal que financia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), el cual quedó frenado hace dos semanas a causa del fondo de compensación de $1,776 millones con el cual el presidente Donald Trump quiere premiar a sus aliados.

La intención de financiar ICE y CBP no enfrenta complicaciones entre los senadores republicanos, que pueden aprobarla fuera de la regla del filibusterismo, que exige 60 votos para llevar una medida a votación final.

Pero el debate que la legislación generaría sobre el fondo de compensación que ha anunciado el Departamento de Justicia estadounidense para favorecer a personas supuestamente perseguidas por el gobierno de Joe Biden –abriendo la puerta a reclamos de acusados por el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021– ha causado oposición no solo entre la minoría demócrata, sino también entre senadores de mayoría, particularmente a cinco meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Los demócratas han asegurado que forzarán votos en torno al fondo de compensación, en momentos en que hasta cerca de una decena de republicanos, según informes, puede estar dispuesto a hacer clara su oposición al programa creado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como supuesta condición para el presidente Trump retirar una demanda contra el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) por la divulgación de información sobre sus contribuciones.

“Esta semana, los demócratas del Senado lanzarán un esfuerzo coordinado para eliminar este fondo corrupto antes de que salga un centavo. Y, sin importar lo que hagan los republicanos, les obligaremos a votar”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Schumer sostuvo que, “si los republicanos vuelven al proceso de reconciliación, estaremos preparados con enmiendas para cerrar el fondo; si intentan enterrar el asunto, los llevaremos al pleno del Senado, (y) si intentan ocultarlo a través del proceso de asignaciones, también los enfrentaremos allí”.

La oposición que genera el fondo de compensación en el Senado provocó que el Congreso desistiera de votar, el 22 de mayo, por la legislación, cerrando abruptamente los trabajos de esa semana. Han estado en receso legislativo -previamente en calendario- desde entonces.

“No respaldo el fondo de compensación como está descrito. No creo en compensar a individuos que cometieron actos de violencia en contra de policías”, dijo recientemente la senadora republicana Susan Collins (Maine), una moderada que se enfrenta a una dura reelección en noviembre.

El presidente Trump ha pedido a las mayorías republicanas del Senado y la Cámara baja utilizar el proceso de reconciliación fiscal para financiar por tres años ICE y CBP, ante la oposición de los demócratas a aprobar sus presupuestos si no están acompañados de reformas, después de las controvertidas movilizaciones de agentes de inmigración que causaron la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y denuncias sobre violaciones de derechos civiles.

Por meses, agentes de inmigración han llevado a cabo patrullajes itinerantes en los que van por las calles en busca de personas que tienen un “perfil” que los agentes consideran se asemeja al de un inmigrante, con el propósito de deportar indocumentados.

Los demócratas han insistido, por meses, que cualquier presupuesto para ICE y CBP incluya nuevos requisitos para los agentes de inmigración, como el uso de mascarillas, cámaras corporales, órdenes judiciales para realizar allanamientos y el fin de los patrullajes itinerantes.

La legislación, además, excluiría el lenguaje solicitado por el Ejecutivo que permitiría una asignación de $1,000 millones para medidas de seguridad, incluso en el controvertido salón de baile que construye Trump en la Casa Blanca.

Según el director del Servicio Secreto, Sean Curran, los $1,000 millones incluyen $220 millones para la seguridad del salón de baile –cristales a prueba de bala y sistemas de detección de drones, entre otros asuntos–, $180 millones para una nueva instalación para el control de visitantes, $175 millones para entrenamiento de agentes, $150 millones para lidiar con “amenazas emergentes” y $100 millones para seguridad de eventos de alto perfil nacional, entre otras cosas.

Senadores republicanos, antes del receso legislativo del 22 de mayo, se expresaron confiados en que ese lenguaje estará fuera de la legislación, tras la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, determinar que el texto incumplía con las normas de un proyecto de reconciliación fiscal.