La Federación Hispana abogó a principios de mes frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos por el acceso de los residentes de Puerto Rico al SSI.
La Federación Hispana abogó a principios de mes frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos por el acceso de los residentes de Puerto Rico al SSI. (CRAIG HUDSON)

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Washington D.C.- Si el Congreso o el Tribunal Supremo de Estados Unidos extienden próximamente a Puerto Rico el programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cientos de miles de personas en la isla podrán solicitar sus beneficios, que puede otorgar una asistencia promedio mensual de $418.

De acuerdo a la Administración del Seguro Social, las personas de 65 años o más, ciegas o discapacitadas, que tienen “ingresos” y “recursos” limitados, pueden tener acceso al SSI. El programa se ofrece actualmente en los 50 estados, Washington D. C. y las Islas Marianas del Norte.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) calcula que cerca de 400,000 personas pueden recibir el SSI en la isla, de aprobarse legislación en el Congreso o por las consecuencias que se deriven del caso Vaello Madero

La Administración del Seguro Social ha señalado que el impacto en la isla del SSI puede alcanzar los $2,270 millones anuales.

Para determinar si una persona tiene acceso al SSI, la Administración del Seguro Social examinará tanto los ingresos mensuales de la persona como sus “recursos” o “posesiones”.

Además, bajo el SSI, la discapacidad de una persona se define como “la incapacidad de participar en actividades lucrativas sustanciales debido a un impedimento físico o mental médicamente determinable que se espera que dure al menos 12 meses o que resulte en la muerte”, según el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS). En el caso de un menor, se debe demostrar que “su el deterioro da lugar a limitaciones funcionales marcadas y graves”, indicó el CRS.

En su sitio web, la Administración del Seguro Social sostiene que para calificar para el SSI, una persona “debe tener poco o ningún ingreso y recursos limitados”.

El ingreso incluye el dinero que una persona devenga, beneficios de Seguro Social, pensiones y el valor de las cosas que recibe de otra persona, tales como comida y alojamiento. No cuenta los primeros $20 mensuales de la mayoría de sus ingresos, ni los primeros $65 que gana trabajando, tampoco los beneficios de asistencia alimentaria ni el albergue que ofrecen organizaciones sin fines de lucro.

En Estados Unidos, el beneficio mensual máximo subirá de $794 en 2021 a $841 en 2022.

“El lugar donde vive afecta la cantidad de los ingresos que puede tener mensualmente y aún recibir los pagos de SSI. Cada estado tiene reglas diferentes”, indica la Administración del Seguro Social.

Además, “el valor de sus posesiones debe ser menor de $2,000 si está soltero o menor de $3,000 si está casado y vive con su cónyuge”.

En términos de ingresos, en Estados Unidos, normalmente se estima que un beneficiario de asistencia alimentaria y de Medicaid puede recibir el SSI.

Pero, son múltiples los criterios, por lo que las autoridades recomiendan utilizar la página de Internet del Seguro Social para hacer un estimado razonable: https://ssabest.benefits.gov/benefits/supplemental-security-income-(ssi).

Al hacer el cálculo de los recursos que tiene una persona, la Administración del Seguro Social no cuenta el valor de su casa, si la habita, ni el del automóvil. “Es posible que tampoco contemos el valor de otros recursos, tal como un lote en el cementerio”, añadió la Administración del Seguro Social en su página de internet.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada el proyecto de reconciliación presupuestaria con la agenda social del presidente Joe Biden que incluye la propuesta para extender el SSI a los residentes de Puerto Rico, Guam, Samoa americana y las Islas Vírgenes estadounidenses a partir de enero de 2024.

Todavía se requiere la unanimidad de los demócratas del Senado -en momentos en que dos de sus senadores, Joe Manchin (Virginia Occidental), y Kirsten Sinema (Arizona)-, para asegurar la aprobación del proyecto de ley. La meta del líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), es aprobar la legislación antes de la Navidad.

Debido a que con toda probabilidad la legislación será enmendada en el Senado, la Cámara baja también tendría que volver a votar sobre la legislación antes de poder ser suscrita por Biden.

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene pendiente la impugnación que hiciera el gobierno de Biden de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que declaró inconstitucional la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI.

La controversia judicial nació del intento de la Administración del Seguro Social de cobrar $28,081 que el puertorriqueño José Luis Vaello Madero recibió del SSI como domiciliado de Puerto Rico. Vaello Madero había comenzado a recibir el dinero como residente de Nueva York.

Aunque no se trata de una demanda de clase, si el Congreso no ha actuado y el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide a favor de Vaello Madero, existe la posibilidad de que la decisión abra la puerta al acceso de los residentes de la Isla al SSI.

Ante el Primer Circuito de Apelaciones federales, sin embargo, hay otro caso más abarcador - Peña Martínez versus secretario de Salud de Estados Unidos- en el que nueve demandantes reclaman no solo el acceso al SSI, sino además al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) y el subsidio para personas de escasos recursos (LIS) adquirir medicamentos recetados por medio de la parte D de Medicare.

El SNAP es el programa de asistencia alimentaria que existe en los estados, Guam e Islas Vírgenes estadounidenses. En Puerto Rico, está vigente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que se recibe como una subvención en bloque y que asigna menos fondos de lo que recibiría la Isla bajo el SNAP.

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