Washington D.C. - El nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Markwayne Mullin, parece querer eliminar la norma impuesta por su predecesora, Kristi Noem, que requiere que la jefatura de la agencia revise todo contrato que supere los $100,000.

Documentos internos, obtenidos por The Washington Post, indican que Mullin subiría a $25 millones el requisito de que el secretario de DHS tenga que revisar todo contrato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Mullin hizo el anuncio a ICE, pero, durante su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos, dio a entender que se distanciaría en general de esa norma de Noem.

Las autoridades de Puerto Rico –incluido el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y alcaldes– se han quejado continuamente de que el requisito impuesto por Noem, destituida hace unos días, retrasaba los proyectos de construcción de Puerto Rico.

DHS, por el momento, confirmó que Mullin revisa las “políticas internas” de la agencia, pero que no tiene nada que anunciar por el momento en torno a ese asunto.

El presidente Donald Trump destituyó a Noem después de ser criticada en el Senado por una campaña publicitaria de $200 millones que se interpretó, además, como una promoción para la exsecretaria.

Noem también se enfrentó a duras críticas por describir como “terroristas domésticos” a los dos ciudadanos estadounidenses que murieron a manos de agentes federales de inmigración mientras protestaban la movilización de ICE a la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

Hernández ha insistido en la “irracionalidad” de la directiva de Noem, y sostuvo que varios alcaldes han narrado los problemas que causa en el trámite de proyectos de reconstrucción. También, advirtió que se trata de un problema general en estados y territorios.

En febrero, la gobernadora Jenniffer González, republicana y pro-Trump, se reunió con la entonces secretaria Noem para quejarse de que FEMA tenía detenidos proyectos de reconstrucción valorados en $1,900 millones.

Los proyectos fueron liberados después, pero la queja de González –aunque los fondos estaban detenidos en Washington D.C.– le pueden haber costado el puesto al entonces coordinador alterno de FEMA para la Reconstrucción de Puerto Rico, Andrés García Martinó.

De los $92.8 millones en fondos federales asignados para la reconstrucción de Puerto Rico, tras los huracanes de 2017, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19, FEMA ha tenido a su cargo $56.28 millones, de los que se han desembolsado $25.68 millones, o un 45%.