La situación colonial de los territorios como Puerto Rico debe servir como advertencia de que, a 250 años de su independencia, Estados Unidos ejerce poder sobre 3.6 millones de ciudadanos sin su consentimiento, destacaron la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez y la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett.

“Mientras esta nación enfrenta crecientes amenazas a nuestra democracia multirracial, los territorios no son una nota al calce. Somos una advertencia y una hoja de ruta. Somos la prueba viviente de lo que sucede cuando el consentimiento de los gobernados se condiciona, cuando las protecciones constitucionales se tratan como negociables, cuando la ciudadanía de segunda clase se incorpora a la ley y se disfraza de precedente”, indicó Plaskett, también demócrata y quien aspira este año a la gobernación de las Islas Vírgenes.

Plaskett, Velázquez, el comisionado de Puerto Rico residente en Washington, Pablo José Hernández, y la delegada de las Islas Marianas del Norte, Kimberlyn King-Hinds, fueron algunos de los ponentes en una sesión informativa de la organización Right to Democracy que tuvo lugar el jueves en la Cámara baja federal.

Al aludir a la brecha que existe en el acceso a fondos de Medicaid entre los territorios y los estados de Estados Unidos, según el vídeo que Right to Democracy divulgó, Hernández afirmó que “independientemente de cuál sea su opinión sobre el status de los territorios y cuál debería ser su status final, todos debemos estar unidos y presentar un frente unido para abordar los desafíos, obstáculos, desigualdades e injusticias actuales”.

“Debemos aprovechar el 250 aniversario de Estados Unidos para educar al pueblo estadounidense sobre estas desigualdades y desafíos persistentes y trabajar para resolverlos de una vez por todas”, dijo Hernández, quien, pese a la imposición de la ley Promesa –que permitió imponer una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno electo y crear un sistema de bancarrota territorial que lidia con la crisis fiscal y de deuda pública puertorriqueña–, sostiene que Puerto Rico no es una colonia.

Pero, para Velázquez, la situación colonial de los territorios empaña la celebración en Estados Unidos del 250 aniversario de su independencia.

Velázquez afirmó que “no podemos celebrar plenamente la promesa de un documento basado en la igualdad y el consentimiento de los gobernados, mientras este país siga marginando las voces de millones de personas en Puerto Rico y en todos los territorios del Pacífico y el Caribe”.

“Por más de tres décadas abogando por el pueblo de Puerto Rico y nuestra diáspora, lo he dicho claramente: la idea de que Estados Unidos puede mantener colonias y reclamar poder plenario sobre millones de personas nos recuerda demasiado al rey Jorge III”, agregó Velázquez, en referencia al monarca británico en momentos de la revolución de independencia de Estados Unidos.

Pese a los Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo estadounidense y la experiencia que ha tenido Puerto Rico con la ley Promesa, King-Hinds, quien hace caucus con los republicanos, argumentó que el pacto de su territorio con Estados Unidos representó el ejercicio de su derecho a la autodeterminación.

King-Hinds mantuvo que “el pueblo de las Islas Marianas del Norte ejerció su derecho a la autodeterminación y eligió, mediante un proceso democrático, integrarse a los Estados Unidos como mancomunidad”.

“Nuestra relación con Estados Unidos no nos fue impuesta, sino negociada. Se construyó sobre la base de la colaboración, los principios de respeto mutuo y la convicción de que nuestro pueblo tendría una voz significativa en la configuración de nuestro futuro”, dijo la delegada de las Islas Marianas del Norte, que, como los demás territorios, no tiene voto en el pleno de las cámaras del Congreso que aprueba las leyes federales.

Mantuvo, sin embargo, que, “en conversaciones como esta, es importante reconocer que, si bien los territorios comparten muchos desafíos y experiencias comunes, cada uno tiene su propia historia y relación con Estados Unidos”.

“Nuestros caminos hacia la familia estadounidense no fueron idénticos y, dentro de esas diferencias, el pacto de las Islas Marianas del Norte sigue siendo único, distinto al de cualquier otro territorio estadounidense. Nuestro pacto reconoció que nuestra relación política se fundamenta en el consentimiento mutuo”, agregó.

Por décadas, los defensores de la Constitución del Estado Libre Asociado argumentaron que la adopción de esa carta magna, autorizada por la ley de relaciones federales de 1950 y revisada unilateralmente por el Congreso, representó un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico.

El evento contó con la participación del historiador Daniel Immerwahr, autor del libro “How to Hide an Empire”, que destaca el trato imperialista de Estados Unidos hacia sus territorios.

Adi Martínez Román, puertorriqueña que es codirectora de Right To Democracy, indicó que la sesión informativa, que incluyó líderes comunitarios, “dejó claro que la pregunta sobre el ‘consentimiento de los gobernados’ en los territorios de Estados Unidos no es una reliquia del pasado, es una realidad presente que afecta a 3.6 millones de personas cada día”.

“Escuchar directamente de líderes comunitarios de los territorios sobre cómo decisiones federales unilaterales impactan sus vidas, sus economías y su medioambiente dejó algo claro: este marco antidemocrático no es sostenible y el gobierno federal ya no puede mirar hacia el otro lado”, dijo Martínez Román, al destacar que “Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones bajo la ley federal e internacional y ofrecerles a los territorios un camino hacia la libre determinación”.

Como parte de sus iniciativas, Right to Democracy circula una Declaración para Poner Fin al Dominio Colonial en los Territorios de Estados Unidos.

Neil Weare, codirector de la organización, afirmó, por su parte, que “es hora de que el gobierno federal reconozca que el dominio colonial no es compatible con el principio del consentimiento de los gobernados”.