El juez Jay García Gregory, del Tribunal Federal de San Juan, determinó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) violó la Ley de Política Pública Ambiental (NEPA, en inglés) al excluir la energía renovable de iniciativas clave para la reconstrucción y modernización de la red eléctrica, que cuenta con más de $18,000 millones.

“El expediente demuestra claramente que las alternativas de energía renovable eran razonables y viables… FEMA violó la NEPA al no considerar alternativas de energía renovable, especialmente porque este asunto se presentó a FEMA durante el período de comentarios públicos”, indicó el juez, en una decisión emitida el pasado 30 de septiembre, en torno a una demanda de grupos ambientales y comunitarios.

La orden de García Gregory hizo referencia específica a las iniciativas para el programa que FEMA incluyó en la “reparación, reemplazo y realineación de las instalaciones eléctricas”.

En ese sentido, determinó que FEMA debe elaborar una declaración de impacto ambiental (DIA) que examine las alternativas de energía renovable, pues el “expediente establece que los proyectos pueden afectar significativamente el medio ambiente humano”.

“Si los fondos de FEMA siguen destinándose a infraestructuras basadas en combustibles fósiles, es poco probable que Puerto Rico disponga de los recursos necesarios para apostar por alternativas de energía renovable en un futuro próximo”, indicó el juez.

García Gregory decidió, además, que FEMA ya había considerado alternativas de energía renovable para el área programática que denomina “Recuperación y Resiliencia de la Infraestructura de Instalaciones Públicas”, pues incluyó el uso de microrredes.

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal de San Juan por el Centro para la Diversidad Biológica y ocho grupos comunitarios de Puerto Rico: Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Comité Diálogo Ambiental, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg, y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.

En momentos en que el presidente Donald Trump tacha múltiples proyectos de energía renovable, los demandantes argumentaron que “numerosos estudios técnicos” han demostrado que recursos de energía renovable distribuidos pueden “satisfacer las necesidades de energía de Puerto Rico mientras se reduce la necesidad general” de poner en marcha proyectos de energía centralizada a gran escala, como lo requiere el plan de reconstrucción aprobado por FEMA.

“Esta decisión rompe con la idea errónea de que solo hay una forma de transformar el sistema eléctrico y, por el contrario, reconoce que la alternativa que hemos promovido durante años –un sistema renovable y distribuido– es viable y debe tenerse seriamente en cuenta a la hora de asignar fondos públicos. Esta decisión reconoce nuestro derecho a un sistema energético accesible y limpio, tal y como estipulan nuestras leyes locales y nuestras aspiraciones colectivas”, indicó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.

Por su parte, la abogada Ruth Santiago, experta en temas del medioambiente y en asuntos comunitarios, señaló que “los fondos para la recuperación tras el desastre representan una oportunidad única para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, con el fin de servir al interés público y garantizar que miles de personas no mueran principalmente por falta de acceso a la electricidad, como ocurrió tras el huracán María”, en 2017.

Howard Crystal, director legal del programa de Justicia Energética del Centro para la Diversidad Ideológica, sostuvo que ahora le toca a FEMA una nueva evaluación “que incorpore estas alternativas”.