Washington D.C. - Si el trámite de la legislación presupuestaria no tiene obstáculos a principios de semana –lo que no está garantizado–, el segundo cierre parcial del gobierno federal en cuatro meses, que comenzó este sábado, puede ser casi imperceptible.

La tarea ahora está en manos del liderato de la Cámara de Representantes, que necesitará apoyo bipartidista para aprobar el acuerdo presupuestario ratificado el viernes en el Senado, previo al duro debate que se avecina en torno a cuáles deben ser las reformas de las agencias de inmigración, luego de los abusos y excesos recientes.

El speaker Mike Johnson (Luisiana), republicano, dijo el viernes a su caucus que la Cámara baja cumplirá con su trabajo, al volver a reunirse el lunes. Prevé que se vote esa misma noche, a partir de las 6:30 p.m., hora del este de Estados Unidos (7:30 p.m. en Puerto Rico).

El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries (Nueva York), hizo claro, sin embargo, que no fue parte del acuerdo entre el liderato del Senado y la Casa Blanca, por lo que ahora evaluará, junto a su caucus, la legislación, en medio de los reclamos para reformar las funciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

“El Caucus Demócrata de la Cámara evaluará la legislación de gastos aprobada por el Senado según sus méritos y luego decidirá cómo proceder legislativamente”, indicó Jeffries, en una declaración enviada después de la votación en el Senado.

Jeffries sostuvo que examinarán si hay compromisos y tiempo suficientes –dos semanas– para hacer las reformas necesarias a las oficinas de inmigración y el controvertido desempeño de sus agentes.

La mayoría republicana, en la que hay oposición a la legislación, es, en este momento, de 218-213.

La legislación adoptada en el Senado permite financiar casi todo el gobierno federal por el resto del año fiscal 2026, con excepción del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) –que incluye agencias como ICE y CBP–, que se extiende por solo dos semanas, hasta el 13 de febrero.

La Cámara de Representantes había terminado de aprobar todo el presupuesto el 22 de enero, incluyendo el de DHS. Pero, la enmienda en torno a los gastos de DHS para debatir reformas a ICE y CBP –que cobró fuerza tras un segundo asesinato a manos de agentes federales de inmigración de un ciudadano estadounidense, Alex Pretti– provocó que la medida tenga que regresar a la Cámara baja.

Por lo menos hasta el lunes, los departamentos de Defensa, Estado, Justicia, Vivienda, Salud, Educación, Transportación y Tesoro, además de DHS, están sin nuevos fondos de operación, lo que no significa necesariamente que se le hayan agotado todo su presupuesto.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto indicó este fin de semana que cada agencia debe hacer sus propios planes con respecto a quienes deben reportarse a trabajar el lunes.

En esta ocasión, hay menos preocupación, pues departamentos como Interior –los parques nacionales–, Justicia, Comercio, Agricultura –que financia el Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico–, Energía, la Agencia de Protección Ambiental y Asuntos del Veterano tienen aprobados sus presupuestos por el resto del año fiscal federal. Lo mismo sucede con el Congreso.

Pero, de todos modos, investigaciones científicas financiadas por el Departamento de Salud, por ejemplo, pudieran verse afectadas temporalmente.

En Puerto Rico, otro largo cierre federal –el primero del cuatrienio duró 43 días entre octubre y noviembre pasados– puede afectar más el retraso en los procesos de reconstrucción, que dependen de fondos de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, parte de DHS, y Vivienda principalmente.

En el calendario oficial de votación de la Cámara baja, no está aún programado el día en que se votará por la legislación presupuestaria. Ponerla oficialmente en el calendario de votación del lunes requerirá el convencimiento de la mayoría republicana de que casi todos los congresistas estarán ese día en el hemiciclo y que tienen los votos para aprobarla, fuera de las reglas, con dos tercios de respaldo.

Tan pronto se apruebe esa legislación, crecerá el debate en torno a las reformas que deben hacerse a ICE y CBP.

“Los demócratas del Senado no apoyarán un proyecto de ley del DHS a menos que controle al ICE y ponga fin a la violencia”, dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), al reafirmar que reclamarán acabar con el patrullaje itinerante por medio del cual se le exigen identificaciones a las personas en la calles y se interviene con manifestantes; exigir que los agentes rindan cuentas por medio de investigaciones independientes sobre sus actos; exigir el uso de cámaras corporales; y prohibir que utilicen mascarillas.

En el Senado, dividido 53-47, el caucus demócrata tiene poder de veto y mayor fuerza de cara a la próxima negociación.

Los republicanos más conservadores, que rechazan la resolución temporal para DHS, han indicado que cualquier nueva legislación sobre las agencias de inmigración deberá incluir una prohibición de “ciudades santuario”, lo que augura que promoverán un texto para sancionar a gobiernos estatales y locales que no colaboren con la administración de Donald Trump en el área de inmigración.

“No votaré por un proyecto (de presupuesto) del DHS que no financie plenamente y empodere a ICE”, dijo el congresista republicano Dan Crenshaw (Texas), coincidiendo con posturas de los más conservadores del Congreso.