Washington D.C. - Un panel del Primer Circuito de Apelaciones federales – que incluyó al puertorriqueño Gustavo Gelpí-, rechazó formalmente frenar la orden un juez que obligaría a la administración de Donald Trump, en medio del cierre parcial del gobierno, a distribuir plenamente las asignaciones de asistencia alimentaria federal del mes de noviembre.

La jueza Julie Rikelman, quien escribió la decisión a nombre del panel de tres jueces, evitó bloquear la orden del juez federal de Rhode Island John McConnell, que establece que el gobierno de Trump debe buscar los recursos para que los cerca de 42 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) – y los 1.2 millones de residentes de Puerto Rico que reciben el Programa de Asistencia Nutricional (PAN)-, reciban todo el pago de este mes.

Una orden previa de la jueza del Tribunal Supremo estadounidense Ketanji Brown Jackson da 48 horas – es decir hasta casi la medianoche del martes-, para el gobierno implementar la orden del Primer Circuito de Apelaciones, a menos que decida, otra vez, pedir una revisión al más alto foro judicial estadounidense.

La jueza Jackson había detenido temporalmente la orden del juez McConnell debido a que el Primer Circuito había indicado que tomaría una decisión formal con rapidez, como ocurrió.

El juez McConnell ya había logrado que el gobierno de Trump utilizara los fondos de contingencia del SNAP – unos $5,500 millones- para financiar parcialmente el programa. Pero, el gobierno federal ha dicho que ese dinero cubrirá dos o tres semanas de la asistencia alimentaria federal, incluidos casi $150 millones del PAN.

La decisión del domingo casi a la medianoche del Primer Circuito de Apelaciones obligaría al Departamento de Agricultura a cumplir con la orden del juez McConnell de utilizar los fondos de comedores escolares y asistencia alimentaria para niños para cubrir los pagos de SNAP - y por ende el PAN-, de noviembre.

El panel de apelaciones sostuvo que la inminencia de “daños inmediatos, previsibles e indiscutibles que afectan a cuarenta y dos millones de estadounidenses que dependen de los beneficios del SNAP —incluidos 14 millones de niños— pesan mucho en contra de un freno” a la orden del juez McConnell.

En Puerto Rico, la administración deJenniffer Gonzálezhabía indicado que los beneficios de noviembre del PAN habían quedado garantizados debido a que tenían un sobrante de alrededor de $83.5 millones de los fondos del pasado año fiscal de ese programa, que, sumado a los cerca de $150 millones del fondo de contingencia, permitían cumplir con todos los pagos del mes.

El caso federal que comenzó en Rhode Island pudiera hacerse académico si el Congreso termina aprobando esta semana la legislación que avanzó el domingo en la noche en el Senado para reabrir el gobierno, financiarlo plenamente hasta el 30 de enero de 2026, pero a la misma vez aprobar tres proyectos de presupuesto, incluido los fondos de Agricultura federal y la asistencia alimentaria federal.

En el caso de Puerto Rico, la legislación que avanza en el Senado, que luego tendría que ir a la Cámara de Representantes, asignaría $2,978 millones para el PAN de cara al 30 de septiembre de 2026.