Hoy, viernes, el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, atendió una vista urgente ante la demanda de la Sanjuaneras de la Capital contra la Federación de Puertorriqueña de Voleibol (FPV) por no permitir la sustitución de la jugadora refuerzo Destinee Hooker-Washington para la final del torneo, lo que provocó la suspensión de la serie y el que las Criollas de Caguas fueran declaradas campeonas de la temporada 2021 del Voleibol Superior Femenino.

La audiencia comenzó a las 10:00 a.m. y a la conclusión de la misma, el juez Cuevas anunció que emitirá por escrito una determinación del caso.

La demanda del sexteto de San Juan, suspendido por un año al no comparecer al primer juego de la serie de campeonato en espera de la resolución judicial, busca definir lo que es una “lesión”, al solicitar que se determine que “la FPV no actuó conforme a su reglamento al no designar a un facultativo médico para acreditar el embarazo de alto riesgo de la jugadora y legitimar conductas discriminatorias en contravención a la Constitución del COPUR (Comité Olímpico de Puerto Rico)”.

Tanto el director de torneo José “Picky” Servera y el presidente de la Federación, César Trabanco- así como el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Copur- fallaron en contra de las Sanjuaneras debido a que el embarazo del alto riesgo de la jugadora importada no puede clasificarse como una lesión en el vigente reglamento de la Liga.

De igual forma, la petición de interdicto preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria intenta revertir la decisión de cancelar la final y darles el título a las Criollas.

¿Qué se puede esperar del caso judicial?

Los licenciados Guillermo Figueroa Prieto y Ricardo Carrillo, ambos ligados al ámbito deportivo, ven cuesta arriba que el reclamo de San Juan prevalezca en el tribunal.

“Entiendo que el tribunal no tendría jurisdicción para considerar argumentos de índole constitucional porque ellos lo que argumentan, entiendo yo, es un discrimen por el hecho de ser mujer. El Comité Olímpico es una entidad privada y no es un agente del Estado. Cuando se trata de una determinación de un ente privado la intervención del tribunal se limita. No hay cuestiones de impugnación de derecho constitucional”, opinó Figueroa Prieto, catedrático en derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Puedes hacer una impugnación de derecho constitucional cuando lo invocas contra el Estado. El Comité Olímpico es una entidad privada y ya en Puerto Rico se planteó hace muchos años con el caso de David Ponce”, agregó Figueroa Prieto.

Caso David Ponce

Figueroa Prieto, uno de los organizadores del TAAD, se refiere al pleito de 1984 cuando los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional (BSN) firmaron a Ponce como jugador nativo sin cumplir con los requisitos de elegibilidad para participar como tal en la liga. El caso fue llevado a los tribunales y detuvo la temporada a mitad de competencia.

El reglamento del BSN, liga que era dirigida por el mismo presidente de la Federación de Baloncesto, Tuto Marchand, estipulaba que un jugador podía participar como nativo en la liga, siempre y cuando demostrara que sus padres, de sangre o adoptivos, eran puertorriqueños. El canastero también podría ser aceptado como nativo si cumplía con tres años de residencia en la liga.

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En mi opinión diría que no (que se reanude la serie final) por todos los argumentos que te dije. No debe intervenir en una determinación de los organismos olímpico

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El jugador Ponce, en un principio, había informado que su padre adoptivo había nacido en la isla, pero una investigación arrojó que no fue así, por lo que fue suspendido. Entonces, el canastero acudió a los tribunales, reclamando que como ciudadano americano tenía derecho a jugar en la liga.

En un principio, el juez Juan Pérez Giménez falló a favor de Ponce y de los Leones. El caso fue llevado hasta el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que revocó la determinación de Pérez Giménez al reconocer que la liga es una entidad privada con derecho a establecer su propio reglamento.

“Así que yo espero que el tribunal, fiel a esa doctrina, desestime el recurso que ha presentado San Juan alegando discrimen. En mi opinión diría que no (que se reanude la serie final) por todos los argumentos que te dije. No debe intervenir en una determinación de los organismos olímpico. La única intervención podría ser para decidir que no se han seguido los reglamentos que ha adoptado el organismo, pero por lo que he leído San Juan hizo la impugnación en la Federación, que resolvió, y el mecanismo que tenía era ir al TAAD y también fue. Lo próximo sería ir al Tribunal Deportivo Comité Olímpico Internacional”, indicó Figueroa Prieto.

La lectura del caso de Carrillo, presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, es parecida a la opinión de su homólogo.

“Si lo miras del ámbito legal deportivo y si miras las decisiones anteriores del Tribunal Supremo en torno a la deferencia de los tribunales que otorgan las decisiones de énfasis deportivos privados resulta que sería cuesta arriba que -en un proceso de interdicto- se revoque la decisión de la Federación de Voleibol, que además de ser una decisión de un ente deportivo, también fue una decisión confirmada por el TAAD. Para poder revocar o cambiar esa determinación tienen que haber unos elementos de daños de tal naturaleza que trascendían los derechos de un atleta bajo un contrato y un reglamento a unos derechos de naturaleza personal y constitucional. En este caso, es sumamente difícil atender”, analizó Carrillo.

“Y explico por qué. Los entes privados, incluyendo los jefes deportivos, se regulan por sus reglamentos y reglas. Es una relación contractual entre las partes. Al ser una relación contractual te dice que, si tú quieres ser miembro de este ente privado, estás son las reglas y reglamentos y tienes que dejarte llevar por estas si quieres formar parte. Si no estás de acuerdo, no perteneces a este ente. Por lo tanto, si la Federación definió el término de lesión desde el punto de vista deportivo, considerar un cambio en relación con esta joven, creo que reglamentariamente no es posible, independiente de que se pueda enmendar el reglamento en un futuro inmediato, que es algo total diferente y le toca a la junta de directores de la Liga, cambiarlo, modificarlo o crear uno nuevo”, añadió Carrillo.

El reglamento de la LVSF establece que “los equipos podrán sustituir irrestrictamente a sus jugadoras refuerzo hasta el último día de la temporada regular. Durante las series postemporada no se podrán sustituir las jugadoras refuerzo excepto que sea por motivo de lesión de ésta debidamente certificada por un Facultativo Médico designado por la Liga de Voleibol Superior Femenino”.

Cuando se llevó el caso al TAAD, el apoderado de las Sanjuaneras, Marcos Martínez indicó que Hooker-Washington ocultó su embarazo hasta el 29 de agosto, a casi una semana del comienzo de la final. En dicha fecha, la jugadora informó que su embarazo es uno de alto riesgo y presentó evidencia con una certificación médica de un obstetra.

Juez experimentado

Para la licenciada Yanira Liceaga, exvicepresidenta de la Federación de Baloncesto, que el caso esté en manos del juez Cuevas anticipa una resolución positiva.

“Es muy bueno. Este juez ha atendido otros casos que tienen que ver con autoridad deportiva. Recuerdo cuando estaba en la Federación que tuvo casos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y de la misma Federación de Voleibol. No es ajeno al tema. Pero, uno como abogado, tiene un poco de reserva sobre qué van a decir los jueces porque podrían entrar en los méritos del caso o decir que se agote el último remedio que falte y luego regresen. No creo que suceda porque es una sala de medios extraordinarios y supone que se agilicen los procesos. Así que entiendo que (Cuevas) va a ir más allá. Es una persona con una mentalidad bastante amplia. Lo he visto en sala y esperemos que tome cartas en el asunto y que decida, que es lo que queremos”, dijo Liceaga.