Destinee Hooker-Washington comenzó y jugó la temporada regular 2021 con las Sanjuaneras de la Capital pero justo antes del inicio de la serie final le informó al equipo que tenía un embarazo de alto riesgo, por lo que el apoderado esperaba que le aprobaran una jugadora sustituta.
Destinee Hooker-Washington comenzó y jugó la temporada regular 2021 con las Sanjuaneras de la Capital pero justo antes del inicio de la serie final le informó al equipo que tenía un embarazo de alto riesgo, por lo que el apoderado esperaba que le aprobaran una jugadora sustituta. (David Villafane/Staff)

El apoderado de las Sanjuaneras de la Capital, ingeniero Marcos Martínez, solicitó por medio de sus abogados que el caso que tenía en los tribunales contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), fuera archivado en aras del bienestar del equipo y de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), a meses de que el sexteto retorne al tabloncillo en la venidera campaña 2023.

La decisión del apoderado llega justo después de que se hubiera apuntado en septiembre de este año una victoria parcial en el caso que comenzó hace más de un año, luego de que la LVSF se negara a aprobarle a las Sanjuaneras el uso de una jugadora sustituta por la importada Destinee Hooker-Washington, que para entonces se encontraba embarazada.

Esto ocurrió justo antes del inicio de la serie final ante las Criollas de Caguas en la temporada 2021. Ante la negativa del director de torneo por aprobarle otra jugadora en sustitución de Hooker-Washington, el apoderado llevó el caso a los tribunales luego de que su reclamo fuera denegado también por la FPV y por el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Copur.

La solicitud de desistimiento, con fecha de ayer miércoles, 16 de noviembre, fue radicada en el Tribunal de Apelaciones en San Juan. En el documento con la firma del licenciado Dennis Seilhamer, y copiado al equipo legal de todas las partes en el caso, se resumen someramente los últimos acontecimientos relacionados al litigio y se expone en el punto seis la razón para pedir que se archive el caso.

“En anticipo al comienzo de una nueva temporada del torneo de Voleibol Superior Femenino y en aras de no desviar la atención del mismo, el demandante desea desistir del presente caso judicial”, lee parte de la solicitud de desistimiento. “Como tal, no habiéndose emitido el mandato, solicitamos el desistimiento con perjuicio de la presente acción. Por todo lo cual, muy respetuosamente se solicita al honorable tribunal dar por desistida la presente acción contra las partes demandadas, ordenando así el cierre y archivo del caso con perjuicio”.

El litigio por la sustitución denegada de la refuerzo duró en total más de 14 meses. Luego del rechazo a la petición de una jugadora reemplazo por Hooker-Washington, el apoderado Martínez acudió a la corte el mismo día que debía arrancar la serie final, el pasado 4 de septiembre de 2021. Ese sábado, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, radicó una demanda de interdicto preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria, con lo que buscaba que los directivos de la liga le aprobaran una refuerzo sustituta para la serie ante las Criollas de Caguas.

Eventualmente llegó la noche del primer juego y el equipo de San Juan no se presentó en cancha por orden de su apoderado. Al día siguiente la FPV bajó con su resolución de confiscarle la serie a las Sanjuaneras y entregarle el campeonato a las Criollas, sin jugarse un solo partido. Aparte de eso, se impuso un castigo de un año de suspensión al equipo, tanto a jugadoras como al cuerpo gerencial. Eventualmente la suspensión contra las jugadoras se levantó, pero el apoderado sí tuvo que cumplir.

Por esa razón, las Sanjuaneras no participaron en la campaña 2022 que terminó con las Pinkin de Corozal coronándose al derrotar a las propias Criollas de Caguas en la final de este año. Las jugadoras de San Juan, sí participaron en calidad de préstamo de los demás equipos de la liga.

No obstante, habiendo cumplido ya el castigo el equipo, las Sanjuaneras regresarán para el torneo de la próxima campaña que arrancará el 2 de febrero. La central Neira Ortiz, la acomodadora Natalia Valentín y la esquina y opuesto Génesis Collazo, todas de la Selección Nacional femenina, son algunas de las reservas del equipo capitalino.

A finales de octubre, de paso, el equipo anunció por medio de su coapoderada y gerente general, Tatiana Encarnación, que las Sanjuaneras estarán dirigidas por Jamille Torres.

“La postura del ingeniero Martínez es que él quiere pasar la página y en la antesala de un nuevo torneo, no quiere crear controversia. Quiere que el enfoque esté en el equipo y en las jugadoras, y no en pleitos legales, que ya en este momento no van a aportar mucho más, para el bienestar del equipo y de la liga”, dijo en conversación con El Nuevo Día este jueves, el licenciado Seilhamer.

“En ese sentido se tomó la determinación de desistir del caso y esto a pesar de que el Tribunal de Apelaciones había fallado a favor del equipo. Obviamente, tanto la Federación como el Copur tenían la vía del Tribunal Supremo, pero Marcos (Martínez, el apoderado) entendía que seguir con este pleito no le iba a servir bien a la liga ni a las Sanjuaneras. Y en ese sentido el enfoque de él es la temporada que dará comienzo el año entrante”.

Seilhamer se refería a que el 12 de septiembre de este año el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia, en el sentido de que la corte no tenía supuestamente jurisdicción para atender este tipo de litigio. Con esa determinación, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al tribunal de menor jerarquía para que atendiera el caso en sus méritos. Los demandados, la FPV y el Copur no quedarían de brazos cruzados y respondieron presentando el 11 de octubre una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. Dos semanas después, el día 27 del mes pasado, el demandante presentó una oposición a la moción de reconsideración, y tuvo éxito en su gestión porque un día después, el 28 de octdubre, el Tribunal de Apelaciones declaró “No ha lugar” la solicitud de reconsideración de los demandados.

“No se resolvió nada, que no fuese que el caso tenía que verse en sus méritos”, reconoció, sin embargo, Seilhamer. “Y habían asuntos procesales, y aunque había una sentencia del Tribunal de Apelaciones, todavía la Federación y el Copur podían ir al Supremo”.

“El caso seguía activo, pero el enfoque del ingeniero es más propiciar el bienestar de la liga. Es un asunto que se llamó ya la atención de esa problemática del caso de una mujer embarazada, para que se tomen las medidas para un futuro”, agregó el abogado refiriéndose a que el reglamento de la liga no dispone cómo atender un caso similar al de Hooker-Washington, en caso de que un equipo no pueda utilizar a cualquier jugadora por embarazo.

El apoderado no da por hecho que el caso se cerró

El Nuevo Día se comunicó también con el apoderado, y este dijo que no emitirá más declaraciones hasta que el caso no concluya. “Lo que te haya dicho Seilhamer, pues esa es nuestra posición, pero no puedo hacer más comentarios hasta que los procesos en los tribunales se terminen”, dijo Martínez.

Al cuestionársele si no se supone que su solicitud de desistimiento diera por terminado el caso, contestó “que tú solicites, no se da por terminado hasta que el tribunal lo acepte, y eso no ha ocurrido, así que no puedo hacer comentarios hasta que eso no suceda”.

Este medio intentó cuestionarle si es que entonces no espera que la respuesta del tribunal sea afirmativa a lo que solicitió, pero Martínez cortó antes la conversación.

Asegura que el recurso no fue una condición de la FPV

Sin embargo, otro de los representantes legales, licenciado Ricardo Carrillo, explicó en detalle que como ejercicio de buena fe entre las partes, fue que Martínez optó por la solicitud de desistimiento. Pero antes hubo que aclarar algunos puntos, según dijo, pues el demandante y sus abogados no tenían claro si quedaba libre de volver a la LVSF luego de haber cumplido el año de suspensión.

Carrillo dijo que por la naturaleza de la junta directiva de la FPV, que contrario a otras ligas deportivas en el país, está compuesta por los apoderados no solo de la LVSF sino de su homóloga Liga de Voleibol Superior Masculino, en primera instancia no le aseguraron que no fuera haber otras restricciones contra Martínez como apoderado, más allá del castigo de la LVSF. No obstante, en el proceso de conversaciones con miras a la reinstalación de Martínez como tenedor de franquicia en la liga femenina, surgió el acuerdo para que este solicitara el archivo del caso.

Carrillo aclaró que la solicitud de desistimiento por parte de Martínez “no fue una condición” que le impuso la FPV o la LVSF, sino que fue un acto de buena fe entre las partes al negociar.

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