La compra masiva de boletos mediante sistemas automatizados durante la venta de los conciertos de cierre de la gira de Bad Bunny el pasado fin de semana y la posterior cancelación de órdenes por parte de la expendedora ha generado que la Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico (APPEP) solicite una mayor fiscalización e investigación.

La asociación, mediante un comunicado de prensa, confirmó que la sucedido con la venta de boletos de la estrella global a través de la plataforma PRTicket, confirma los señalamientos que la entidad lleva meses presentando ante autoridades locales y federales.

Los productores señalan que las vulnerabilidades de los sistemas de venta las terminan pagando los consumidores.

La confirmación de PRTicket de que identificó y canceló transacciones relacionadas con sistemas automatizados en la venta de boletos de Bad Bunny, demuestra que el problema de los bots requiere una respuesta coordinada de las autoridades.

APPEP sostiene que estas prácticas deben investigarse bajo el Better Online Ticket Sales Act federal, conocido como BOTS Act, y las leyes de protección al consumidor aplicables en Puerto Rico.

“La cancelación después no le repone al consumidor el tiempo que perdió en una fila donde compitió contra un bot. El próximo paso debe ser acción concreta, que las autoridades hagan valer el BOTS Act federal contra quienes acaparan boletos mediante sistemas automatizados”, expresó Manny Morales, presidente de APPEP en declaraciones escritas.

Luego que PRTicket no pudo detener la compra con mecanismos automatizados, la empresa informó que identificó y canceló órdenes vinculadas con bots y posteriormente envió códigos exclusivos a personas que no habían logrado adquirir entradas en la venta original.

APPEP reconoció que esta acción produjo un resultado favorable para los consumidores al devolver boletos al canal oficial, mantener sus precios originales y ofrecer nuevas oportunidades de compra. Sin embargo, la asociación sostuvo que, si las órdenes pudieron rastrearse y cancelarse días después, también deben establecerse mecanismos para detectarlas mientras ocurren.

La legislación federal prohíbe evadir los controles de seguridad o las reglas de compra de los sistemas de venta y revender boletos obtenidos mediante esas prácticas.

APPEP solicitó al Departamento de Justicia de Puerto Rico que evalúe la aplicabilidad de las facultades contempladas en la ley y las alternativas disponibles para proteger a los consumidores.

La asociación recordó que una orden ejecutiva federal de marzo de 2025 instruyó a la Comisión Federal de Comercio a aplicar rigurosamente el BOTS Act y colaborar con fiscales generales y funcionarios estatales de protección al consumidor, incluso mediante el intercambio de información y evidencia cuando la ley lo permita.

“Puerto Rico no tiene que esperar por legislación nueva para actuar contra los bots. El marco federal ya provee una causa de acción que el Departamento de Justicia puede evaluar y ejercer, y la FTC tiene instrucciones de la Casa Blanca de colaborar con las autoridades locales. Otros estados ya han sido codemandantes junto a la FTC en este tipo de acciones. Puerto Rico debería evaluar esta vía”, explicó el licenciado González de la Matta de Maceira Zayas LLC, miembro y asesor legal de APPEP.

APPEP también favorece una legislación local inspirada en el BOTS Act que atienda las particularidades de Puerto Rico y establezca responsabilidades claras para las plataformas, los compradores que utilicen sistemas automatizados y quienes revendan boletos obtenidos mediante métodos prohibidos.

La Asociación reconoció la atención que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor ha prestado al tema y reclamó mayor fiscalización del mercado secundario. Esto incluye examinar la identidad de los vendedores, las prácticas de las plataformas y la transparencia de los precios y cargos. El mercado informal no ofrece garantías cuando un boleto resulta falso, duplicado, cancelado o no es entregado.

“Cuando un sistema automatizado acapara boletos, no solamente desplaza al fanático que está intentando comprar legítimamente; también distorsiona el proceso de venta y termina afectando la confianza en toda la industria. Quienes producimos entretenimiento necesitamos que los boletos lleguen al público bajo las condiciones y precios establecidos, no que terminen en manos de terceros para especular con ellos. Por eso, prevenir estas prácticas tiene que ser parte de la solución, no solamente reaccionar después de que ocurren”, expresó Pepe Dueño, miembro de APPEP.

La Asociación lleva varios meses atendiendo este asunto ante distintas instancias locales y federales, promoviendo una respuesta que incluya prevención tecnológica, fiscalización, transparencia y mecanismos efectivos de reclamación para los consumidores.

“Puerto Rico se ha convertido en una plaza de entretenimiento de alcance mundial. Nuestro marco de protección al consumidor y de fiscalización tiene que responder a esa realidad. El fanático no puede seguir pagando el precio de sistemas vulnerables ni de un mercado secundario sin reglas. Las herramientas legales existen. Corresponde ponerlas a trabajar ahora”, expresó Morales.

APPEP agrupa a productores, promotores, manejadores de talento y otros profesionales de la industria del entretenimiento en Puerto Rico.