Humacao - La gobernadora Jenniffer González Colón recalcó este lunes que la actual comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, no tiene ninguna implicación en la controversia que involucra a la agencia y catalogó como “rumores” los señalamientos que forman parte de un referido al Departamento de Justicia.

González Colón sostuvo que las alegaciones de irregularidades se refieren solo a la pasada comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz, quien alegadamente -según denunció el representante Domingo Torres García- incurrió en presuntos actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder relacionados con intervenciones regulatorias contra las empresas Allied Fleet Services y AAA Car Rental.

“Esta mañana, cuando hablé con el certero de la Gobernación (Francisco Domenech) pedí información al respecto. La actual directora ejecutiva (comisionada) de la OCIF no tiene absolutamente nada que ver con lo que se rumora. Las expresiones son sobre la pasada directora ejecutiva de esta agencia durante el pasado cuatrienio y que estuvo hasta el primer semestre del 2025, cuando yo juramenté”, dijo la gobernadora en un aparte con la prensa.

Zequeira fue nombrada por el exgobernador Pedro Pierluisi, en febrero de 2021. Luego del cambio de administración y a pedidos de González Colón, la comisionada accedió a permanecer en el cargo por unos seis meses, que se cumplieron el pasado 30 de junio.

Rodríguez Villa fungió como subcomisionada durante ese periodo.

“Ella (Zequira Díaz) me hizo el favor de quedarse seis meses adicionales. Y lo que se comenta es que son acciones referentes a la pasada directora ejecutiva (comisionada). Así que para mí eso era bien importante; saber si era la actual, pero no es la información que tenemos.

Presuntamente, Rodríguez Villa le comunicó a la gobernadora que “ninguna de las acciones tenían que ver con su función”, dijo González Colón.

En la mañana de este lunes, el representante del Partido Popular Democrático refirió tanto a Zequeira Díaz como a Rodríguez Villa al Departamento de Justicia por por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

De la acción trasciende que la OCIF habría intervenido con Allied Fleet Services y AAA Car Rental por alegadas diferencias personales entre Natalia Castiel y Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de las empresas intervenidas por el regulador. Castiel es la exnovia de Carazo Forastieri y que además sería amiga de la excomisionada de la OCIF.

El legislador sostuvo que obtuvo una declaración jurada y evidencia electrónica, que incluye una conversación entre la excomisionada y Castiel, que apuntaría a un patrón de uso indebido del aparato regulador del Estado para afectar a las empresas.

Castiel habría solicitado a Zequeira Díaz que cuando intervinieria las empresas le impusiera cargos descritos como “Croqueta Fee” y “Cabr&% Fee” contra el empresario.

A pesar de que la gobernadora desvinculó a la actual comisionada de la OCIF, lo cierto es que la acción más recientes de la OCIF contra ambas empresas involucradas fue en noviembre pasado cuando Rodríguez Villa, ya estaba liderando la agencia.

Hace casi seis meses la OCIF emitió una querella contra Allied y AAA Car Rental por alegadamente operar sin licencias y no presentar informes trimestrales requeridos durante varios años.

Como parte de esa intervención, ambas empresas acumularon multas ascendentes a $361,000 por 41 presuntas violaciones a distintas leyes financieras y regulatorias. Además, enfrentan una multa adicional de $30,300 relacionada con una intervención previa realizada en 2024.

Actualmente, las compañías permanecen impedidas de realizar arrendamientos de largo plazo o mayores de $10,000 mientras continúa el proceso administrativo. Las multas pendientes suman $391,300.

El referido presentado ante Justicia solicita una investigación independiente, la preservación de evidencia electrónica, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, y un análisis de potenciales conflictos de interés dentro de la OCIF. También plantea un posible referido al Tribunal Supremo por conducta incompatible con la profesión legal.

Zequeira indicó a El Nuevo Día que, por el momento, no podía emitir comentarios públicos, mientras que Rodríguez Villa declinó reaccionar. Este medio también intentó obtener declaraciones de Rhamses Carazo, presidente de ambas empresas, sin éxito.