Aparte de decir que Puerto Rico Recovery no ha cumplido con la orden judicial que les obliga a entregar información sobre la cartera de préstamos que adquirieron de manos del Banco de Desarrollo Económico (BDE), la presidenta de esa institución, Carmen A. Vega Fournier, no contestó cómo procederán para asistir a los empresarios y comerciantes que tienen sus bienes atados en esta controversia.

Y tampoco pudo contestar con claridad, qué hará si se convierten en ley algunas medidas, que según entendidos, podrían herir de muerte al único banco público dirigido a fomentar actividades empresariales que no tienen respaldo en el mercado financiero tradicional.

Durante una conferencia de prensa convocada por La Fortaleza para que varios jefes de agencia respondan preguntas de la prensa, Vega Fournier se amparó en que la controversia entre el BDE y PR Recovery por la compraventa de unos $384 millones en préstamos está ante los tribunales, por lo que no precisó detalles de cómo procederán con la cartera de préstamos vendida por Garnet Capital y que se alega se efectuó de manera contraria a derecho.

Dijo, sin embargo, que esperan terminar la controversia este mismo año.

“Eso se está trabajando”, contestó a la pregunta de si PR Recovery entregó la información, como dictó un tribunal.

“No se ha entregado. El proceso está en un proceso legal todavía. Como está subjudice no podemos hablar mucho. Lo que sí puedo adelantar es que estamos en conversaciones transaccionales con Puerto Rico Recovery”.

Se le preguntó entonces si hay posibilidad de que el BDE retome la cartera de préstamos, a lo que contestó que “yo entré al banco en marzo 12 de 2025 y no sé qué pasó antes. No estoy mirando para atrás; estoy mirando al frente. Espero que antes que acabe el año, hayamos concluido con este tema de la cartera”.

¿Retomarán la cartera?, se le cuestionó. Preguntó El Nuevo Día.

“Lo que se vaya a hacer, lo que acordemos”.

¿Tienen una idea de cuál podría ser ese rumbo?

“La ruta que está considerando el banco es aquella que va a beneficiar a los pequeños y medianos comerciantes. Está subjudice. No podemos adelantar mucho porque si contesto mucho, va en desventaja del pueblo de Puerto Rico, pero confíen en nosotros”.

En mayo pasado, y según publicó El Nuevo Día, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a PR Recovery, quienes compraron la cartera de préstamos del BDE, permitir a la entidad examinar la totalidad de los préstamos que son objeto de litigio hace seis años.

La venta de la cartera ha provocado que comerciantes puertorriqueños que adquirieron préstamos con el BDE, perdieran sus negocios, como sucedió con La Mallorquina en Viejo San Juan y el parador Palmas de Lucía, entre otros.

Durante el intercambio con la prensa, la funcionaria tampoco abundó sobre cómo el BDE podría atender nuevas responsabilidades, en caso que se apruebe un proyecto de administración (PS645) que amplía las facultades prestatarias de la institución.

“Hay que atenderla”, dijo la presidenta cuando se le cuestionó sobre el proyecto que pretende que el BDE otorgue hipotecas, emita tarjetas de crédito y acepte depósitos de individuos.

Vega Fournier no fue precisa a las preguntas de cómo respondería el BDE a al proyecto de administración e hizo referencia a las ponencias presentadas en la Legislatura y que El Nuevo Día solicitó a esa rama de gobierno.

“Lo que pasa es que para las dos medidas hay memoriales que explican eso. Puedo abundar que, si lo tuviésemos que hacer, tenemos que seguir todos los requisitos de ley. Ahora mismo, como es tan especulativo, no estamos atendiendo ese tema. Cuando llegue el momento, con gusto”, dijo la funcionaria.

Vega Fournier hizo sus expresiones durante una conferencia de prensa convocada periódicamente por La Fortaleza para que los funcionarios del gobierno contesten preguntas sobre los asuntos pertinentes a sus agencias.

De otra parte, como parte de la conferencia, la funcionaria aseguró que han reducido a 30 días o menos el tiempo para cerrar casos y que “en tan solo seis meses, hemos aumentado el balance de nuestra cartera de préstamos de $18.3 millones a $24.4 millones. Esto refleja un crecimiento de 33%”.

También dejó saber que designó a las contadoras públicas autorizadas Saudí Soto y Wanda Sánchez como representantes del sector privado ante la junta de directores del BDE. Su expectativa es que puedan ser confirmadas antes que termine el mes.