A partir del 1 de julio de 2026, los proyectos de vivienda asequible para la clase media que se propongan en el Municipio de San Juan podrán estar exentos del pago de arbitrios de construcción, que ascienden a 5% del costo total de la obra.

“¿Cómo se define de clase media y trabajadora? Está atado a lo que FHA (la Administración Federal de Vivienda) denomina todos los años a base de fórmulas y por región. Este año, en San Juan, está aproximadamente en $690,000 en precio de venta por unidad o menos”, explicó a En pies cuadrados el director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la Capital, Joel Pizá Batiz.

“Queremos hacerlo por cinco años, primero, para crear ese sentido de urgencia y, segundo, para poder medirlo. Si hay que extenderlo se extiende”, agregó el funcionario, quien este jueves presentó el programa en un evento convocado por la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR).

El incentivo se hizo realidad el 29 de mayo, cuando el alcalde Miguel Romero Lugo firmó la ordenanza 26, serie 2025-2026.

Sobre las expectativas del ayuntamiento, Pizá Batiz reconoció que “ahora mismo el municipio está recibiendo prácticamente cero. Así que, con cinco o siete proyectos que podamos ver, yo creo que estamos aumentando el inventario de propiedades y una gama de alternativas que no existen”.

En San Juan, los arbitrios de construcción típicamente ascienden a 5% del costo total de la obra y, como en el resto de los municipios, se tienen que pagar antes de que el proponente del proyecto acuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe) a obtener sus permisos para construir.

Esto implica que un proyecto de $20 millones prepagaría $1 millón en arbitrios, más el costo de los trámites, sellos y permisos.

Por ello, Pinsy Rivera Ortiz, presidenta de la ACPR, está confiada en que este beneficio anime pronto a sus socios y la industria de la construcción.

“La idea es que te lo ahorras y lo pasas para adelante para tener precios competitivos, para que la gente pueda comprar vivienda. Estoy segura que va a tener un impacto fabuloso”, expresó.

A su vez, Rivera Ortiz recordó que los proyectos nuevos – incluso en áreas ya impactadas que estén en redesarrollo, como un puede ser un casco urbano- requieren mejoras o despliegue de nueva infraestructura lo cual “beneficia las comunidades aledañas”.

Mientras, Pizá Batiz contextualizó que “la ACPR ha sido muy vocal por muchos años de que 30% aproximadamente del costo de venta de una propiedad está atada a los impuestos que impone el Estado. Así que el alcalde Miguel Romero Lugo entiende que esto es un paso inicial para poder reducir ese punto, esa carga tributaria”.

“Creo que otros municipios y otras jurisdicciones pueden emular esto y seguir fomentando la construcción de viviendas para clase media, que es la que necesitamos para poder seguir echando pa’lante a Puerto Rico”, sugirió el funcionario.

Además de la exención por arbitrios, la ordenanza 46, serie 2025-26 “exime del pago de patente municipal a los contratistas y subcontratistas sobre aquella porción del volumen de negocios que estos generen en el Municipio exclusivamente por razón de la construcción de proyectos de vivienda asequible que hayan cualificado para la exención de arbitrio”.

Se especifica que esa exención se aplicará como crédito contra la patente del próximo año contributivo y no se podrá reclamar por obras anteriores.

Pero el beneficio no es sólo para desarrolladores: “En el caso de aquel dueño de propiedad que construya una vivienda para su uso corno vivienda principal y domicilio en el Municipio”, puede solicitar el beneficio si cumple con los límites de la FHA.

Los incentivos capitalinos entran en vigor en medio de una crisis de acceso a vivienda propia, pues más de la mitad de las familias típicas en Puerto Rico (56%) no tienen suficiente para adquirir un techo propio a precio de mercado, según el Índice de Asequibilidad de Vivienda que prepara la firma Estudios Técnicos. El promedio histórico, antes de la pandemia del 2020, era de 84%, según la firma.

En cuanto a la tendencia de precio, el informe más reciente de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) indica que en los primeros nueve meses del 2025 se vendieron 6,982 viviendas usadas, con un precio promedio de $223,724.

En contraste, las 619 residencias nuevas que se vendieron en ese periodo promediaron casi el doble, $439,006. Ese monto representó un aumento acumulado de 78.2% en cuatro años, al considerar que en 2021 el precio promedio de ese segmento estaba en $246,365.