El secretario tomó como buena la evaluación que apunta a que la reforma contributiva aprobada por la Asamblea Legislativa tendría un impacto en el fisco de $267 millones anuales los cuales, dijo, se financiarían con los recaudos adicionales y con un aumento poblacional que afirma traería esta reforma.
El secretario tomó como buena la evaluación que apunta a que la reforma contributiva aprobada por la Asamblea Legislativa tendría un impacto en el fisco de $267 millones anuales los cuales, dijo, se financiarían con los recaudos adicionales y con un aumento poblacional que afirma traería esta reforma. (Ramón "Tonito" Zayas)

En respuesta a las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, recomendará convertir en ley el proyecto de ajuste contributivo por entender que representa un impacto mucho menor al fisco que lo inicialmente previsto. Y a su vez, Parés Alicea dejó entrever que el gobierno podría terminar nuevamente en los tribunales para implementar la propuesta.

En conferencia de prensa este martes, el secretario tomó como buena la evaluación que apunta a que la reforma contributiva aprobada por la Asamblea Legislativa tendría un impacto en el fisco menor al estimado originalmente.

Citando estudios de economistas comisionados por la agencia, el secretario dijo que la matemática del costo de la reforma los lleva a concluir que el costo neto de los alivios contributivos es de $275 millones, comparado con los casi $600 estimados anteriormente.

Ese impacto -según el funcionario- puede financiarse con los recaudos adicionales que se producirían como resultado de la reducción en tasas y de un aumento en la población, a medida que más personas decidan regresar a la isla ante los cambios que se harían al sistema contributivo del país.

“Mi recomendación va a ser que lo firme”, dijo Parés Alicea en referencia al proyecto cameral 1839. “Cuando uno ve estos números, no hay inconsistencia con el plan fiscal”.

Agregó que “el gobernador está dispuesto a firmar la medida.

La semana pasada, la JSF plasmó su objeción al proyecto al indicar que la Asamblea Legislativa no debía enviar la legislación al gobernador Pedro Pierluisi ni el gobernador debía firmar la medida.

De camino al tribunal

La JSF ha insistido en que la reforma debe ser “holística”, lo que en parte quiere decir que no debe tener impacto adverso al fisco. Pierluisi y Parés Alicea tuvieron una reunión el pasado viernes con representantes de la JSF para tratar de llegar a acuerdos acerca del proyecto en controversia, según Parés Alicea.

Parés Alicea dejó entrever que el gobierno se prepara para atender el asunto en los tribunales. Recordó que la versión aprobada tiene una cláusula para que las estipulaciones contributivas se retrasen por un año si la medida es impugnada, pero no quedaría sin efecto el resto de la reforma.

“Es importante resaltar que la medida ya cuenta con un lenguaje que se enmendó en la Cámara (de Representantes) que establece que, en caso de ser impugnada en los tribunales, se postergaría por un año el implementar la reducción en tasas contributivas. Queremos lograr que esto no se postergue porque los alivios se necesitan hoy”, sentenció el titular de Hacienda.

“El llamado del gobernador es a evitar el litigio. El gobernador está dispuesto a escuchar alternativas. La exigencia de la junta es que, si hay una reducción en los recaudos, la única manera de repagar es con aumentos en otro renglón de recaudo, sin tomar en consideración la captación del impuesto y las brechas presupuestarias para equilibrar el proceso”, dijo Parés Alicea.

Un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) apunta a que el impacto inicial estimado es de $595.8 millones. Indica el análisis que habría un impacto de $1 millón en el producto nacional bruto con los cambios en la reforma, lo cual “aumenta el ingreso al fondo general en promedio en $267 millones”.

Parés alegó además que los nuevos beneficios contributivos atraerían 15,000 personas a Puerto Rico, lo cual también aumentaría los recaudos.

El aumento proyectado en población, aclaró, no sería de inmediato, sino entre los años 2026 y 2030.

El proyecto cameral 1839 aprobado por la Asamblea Legislativa es el segundo intento en este cuatrienio por hacer cambios al Código de Rentas Internas. La propuesta busca reducir las tasas de contribución sobre ingresos que aplican tanto a individuos como corporaciones.

La versión aprobada, en cambio, dejó fuera la propuesta de extender a inversionistas de Puerto Rico beneficios similares a los que reciben inversionistas que se han mudado a la isla cobijados por la antigua Ley 22 de 2012, ahora parte de la Ley 60 de 2019.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa, estima que eliminar este beneficio supuso cerca de $100 millones menos en el costo final de la reforma.

De acuerdo con Parés, los asesores externos de su agencia están todavía evaluando el impacto final del proyecto aprobado.

“El gobierno en general ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La reforma contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado que entienden es necesario para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, afirmó.

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