Las dos últimas grandes sequías estudiadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) dejaron impactos económicos millonarios en Puerto Rico, desde pérdidas agrícolas hasta gastos adicionales para mantener las operaciones de empresas y agencias.

Han transcurrido 12 días desde que la gobernadora Jenniffer González Colón declaró estado de emergencia en el país por la sequía, mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035, y seis días desde que el gobierno comenzó un plan de racionamiento en el suplido de agua potable a siete municipios, debido a los bajos niveles del embalse Carraízo.

Todavía no existe una estimación oficial del costo económico de la sequía actual. Precisamente para determinar ese impacto, la JP comenzará esta semana a recopilar información de empresas, agencias y municipios.

“El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía. Esta información es necesaria no solo para medir las pérdidas, sino también para que el gobierno pueda contar con una base objetiva al momento de evaluar iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a mitigar los daños y apoyar la recuperación económica”, expresó Héctor Morales Martínez, presidente de la Junta de Planificación.

Si la sequía que atraviesa Puerto Rico se prolonga y alcanza una magnitud similar a eventos anteriores podría tener un impacto económico de hasta cientos de millones de dólares, según la información provista por la JP.

De acuerdo con la JP, el impacto de la sequía puede extenderse más allá de las pérdidas directas de producción y generar consecuencias en múltiples sectores de la economía.

Para el episodio de este año, la situación se agravó por las fallas en el sistema de acueductos que ha mantenido a negocios operando sin el servicio de agua potable, como es el caso de Café Regina, en San Juan, que señaló en sus redes sociales que lleva sin agua 128 días.

No es la primera vez que la JP realiza este tipo de estudio de impacto económico de sequía, pues durante la sequía de 1994 y 1995 se registraron pérdidas estimadas ascendentes a $193.9 millones en la agricultura, desglosadas en $93.9 millones durante el año fiscal 1994 y otros $100 millones durante el primer trimestre del año fiscal 1995.

El impacto de esta sequía también se reflejó en la actividad económica general, con una reducción del Producto Bruto a precios corrientes (sin considerar la inflación) de $205.7 millones, de los cuales $65.7 millones se reportaron en el año fiscal 1994 y $140 millones el año fiscal 1995.

Diez años después volvió a ocurrir una sequía -en los años fiscales 2014 y 2015- que tuvo un impacto más diversificado entre los sectores económicos, según la JP. El estudio de la JP estimó entonces $22.7 millones en daños económicos.

De ese impacto, $13.8 millones correspondieron a la agricultura, $3.9 millones a manufactura, $2.8 millones al sector de servicios y $2.5 millones al gobierno.

En manufactura se identificaron, además, $3.4 millones en gastos adicionales y aproximadamente $500,000 en ingresos dejados de generar.

Según reportes de El Nuevo Día, el episodio de sequía durante el 2015 representó 132 días de racionamiento para los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se sirvía del embalse Carraízo.

La experiencia de hace 11 años también evidenció interrupciones en operaciones y servicios públicos, confirmando, según la JP, que el costo económico de una sequía no se limita a las pérdidas de producción, sino que incluye gastos extraordinarios, reducción de ingresos y efectos sobre la continuidad de las operaciones.

“Las experiencias anteriores nos ofrecen un punto de referencia importante, pero cada evento presenta condiciones distintas. Por eso necesitamos conocer directamente cómo esta sequía está afectando las operaciones, los sectores productivos y el empleo”, añadió Morales Martínez.

Como parte del estudio, el Programa de Planificación Económica y Social de la JP enviará esta semana cuestionarios a agencias, municipios y otras entidades del sector público, así como a empresas y organizaciones del sector privado, para recopilar información directamente de los sectores afectados.

La información recopilada permitirá recopilar los datos necesarios para documentar el alcance de los daños.