Al plantear que llevan años participando activamente del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como del proceso que resultó en la contratación de LUMA Energy, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) aseguró al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que puede asistir al alto foro para que la gerencia y operación de la red eléctrica regrese a manos públicas.

“El T&D OMA (Acuerdo de Operación y Mantenimiento de la Red de Transmisión y Distribución) contempla la devolución de funciones a la AEE, identificada como Owner (dueño)”, reza la solicitud de autorización del sindicato para comparecer en calidad de amicus curiae (amigo de la corte) en el pleito incoado por el gobierno y que busca cancelar el pacto con el consorcio estadounidense-canadiense.

Según la Utier, la Sección 4.9(a)(ii) del acuerdo suplementario entre la AEE y LUMA modificó la Sección 16.1 del OMA para incorporar “la terminación automática del acuerdo suplementario como supuesto de comienzo de la transición”. Esto, desde la perspectiva del gremio, sentaría las bases para que, en un escenario de terminación promovido por cualquiera de las partes, la gerencia y operación de la red eléctrica regrese a manos de su titular, es decir de la AEE, o a un nuevo operador sucesor.

El planteamiento de la Utier ofrece otro matiz a la controversia entre LUMA y la administración de Jenniffer González Colón, quienes, desde finales del año pasado, se disputan por la validez de la extensión del acuerdo suplementario.

LUMA sostiene que su pacto, suscrito inicialmente a mediados del 2020 y extendido de manera indefinida mediante una carta del 30 de noviembre de 2022, es válido. El operador plantea que, de cancelarse el pacto, ello costará al menos $1,300 millones, incluyendo en la cifra al menos $726 millones en pagos obligatorios; anticipa que Puerto Rico se corre el riesgo de perder fondos federales para la reconstrucción de la red y que podría agravarse la ya precaria condición del sistema.

El gobierno alega, en contraste, que la extensión del OMA no se llevó a cabo correctamente y que la AEE no tendrá que desembolsar la multimillonaria cifra.

En su escrito, la Utier se aleja de los tecnicismos relacionados a la extensión del contrato, para centrarse en contestar la inquietud del TSPR: cómo la terminación del OMA no resultaría en un caos si LUMA sale del panorama.

“La cuestión no es si el sistema puede existir sin LUMA, sino cómo utilizar los mecanismos contractuales, la estructura operacional existente y la capacidad pública disponible para asegurar que continúe funcionando cuando cese -por cualquiera de las vías contempladas- la participación del operador actual”, argumentó la Utier en el escrito presentado el pasado viernes, 9 de octubre.

Grosso modo, según el OMA, las responsabilidades de LUMA se distribuyen entre dos entidades: ManagementCo y ServCo.

La primera podría describirse como la matriz a cargo de diseñar presupuestos, presentar informes a la AEE, al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) u otros, ayudar en el diseño de métricas de desempeño, y preparar diversidad de planes, desde cómo se gestiona el sistema en situaciones de emergencia y el manejo de vegetación hasta los planes de entrada y salida del operador. ServCo es la entidad que instrumenta el día a día de la operación de la red y por ende, bajo la que laboran los miles de empleados a cargo del sistema.

Según la Utier, el OMA requiere transferir a su dueño (la AEE) o futuro operador toda la memoria financiera y temas relacionados a la gerencia o administración del sistema. Y si LUMA cesa sus funciones también vendrá obligada a transferir los equipos y otros activos que recibió de la AEE al suscribir el OMA.

Pero además, en el caso de los empleados bajo ServCo, si bien estos no gozan de una garantía de permanencia individual, la sección 4.2(i) del OMA requiere “prever la posible contratación por un sucesor y el trato de empleados no contratados”, aseguró la Utier.

Según el sindicato, el plan de transición debe contemplar la continuidad de aquellos que realizan el trabajo técnico como por ejemplo, quienes están a cargo de las líneas y subestaciones eléctricas.

Agregó la Utier que el proceso de transición tampoco tiene “que empezar de cero”, pues junto a los 1,800 empleados que todavía mantiene la AEE, y quienes poseen “décadas de experiencia acumulada en la operación, mantenimiento, reparación y administración del sistema eléctrico de Puerto Rico” sería factible la transferencia operacional de la red eléctrica.

“Dentro de la propia corporación pública subsiste una memoria histórica, técnica y operacional de enorme valor, construida a través de años de trabajo directo con las plantas, líneas, subestaciones, sistemas de despacho, procedimientos de emergencia, protocolos de mantenimiento y demás componentes del sistema”, reza el escrito.

Según la Utier, el OMA sienta las bases para “concebir una transición ordenada encaminada a evitar una interrupción de la operación”.

En una etapa inicial, LUMA -como operador saliente- tendría que continuar cumpliendo sus obligaciones mientras “la nueva dirección” se “familiariza” con los sistemas hasta que se transfieran -de manera gradual- las distintas facultades y responsabilidades del operador a la AEE o el operador sucesor.

“Esa secuencia es jurídicamente distinta de ‘cerrar LUMA y comenzar otra compañía’”, expuso la Utier.