La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó múltiples solicitudes de redistribución y aumentos presupuestarios para agencias del gobierno, aunque advirtió que algunas de las partidas requieren ajustes que se deberán atender para mantener la disciplina presupuestaria.

En tres cartas enviadas el 12 de marzo al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, el organismo a cargo de las finanzas públicas de la isla detalló sus determinaciones tras evaluar las solicitudes.

Entre las aprobaciones figura una redistribución de casi $7.4 millones solicitada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mover fondos asignados originalmente al proyecto de rehabilitación de utilidades de agua potable y sanitarias en la calle Loíza hacia la rehabilitación de la estación de bombeo Finca Rosso, en Bayamón.

Asimismo, la JSF aprobó una redistribución de $4 millones para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) destinada a cubrir pagos por servicios de hogares de cuidado transitorio afectados por la expiración de fondos federales de alivio pandémico.

No obstante, el organismo fiscal advirtió que el financiamiento de estos servicios representa un gasto recurrente para el gobierno, por lo que se debe identificar una fuente de repago para mantener la disciplina fiscal.

“ASSMCA y la OGP deberán identificar una fuente recurrente de fondos para sostener el nivel actual de estos costos, o evaluar si el Gobierno debe mantener el nivel de servicios existente”, señaló Robert F. Mujica, director ejecutivo del ente federal. “Hasta tanto se identifique una fuente recurrente, la OGP deberá reflejar esta brecha de financiamiento como un riesgo fiscal”.

En el caso de la Autoridad de Tierras, el ente fiscal aprobó que se reconozca $434,200 en recaudos por encima de lo proyectado en fondos de ingresos especiales del año fiscal 2026 y autorizó un aumento presupuestario limitado de $45,000 para cubrir costos de seguros.

No obstante, la JSF rechazó el aumento solicitado de $389,200 para otros gastos operacionales. La corporación pública deberá evaluar si puede cubrir esos gastos dentro de su presupuesto vigente o someter una nueva solicitud de redistribución.

“La Junta (Fiscal) deniega el restante aumento solicitado por $389,200 para servicios profesionales adicionales, compras de equipo y servicios de limpieza y disposición”, indicó Mujica en la segunda carta.

A su vez, Mujica comunicó la aprobación con observaciones de un aumento presupuestario de $3.1 millones solicitado por la junta de gobierno del Servicio 911 para cubrir costos adicionales en el proyecto de rehabilitación del edificio Caribe Plaza, en San Juan, donde se identificaron defectos estructurales durante la construcción.

La aprobación trata de evitar retrasos en la culminación de un proyecto en curso, según la carta.

La Junta Fiscal aprobó parcialmente una solicitud del Instituto de Cultura Puertorriqueña por $2.13 millones para cubrir mejoras de capital y necesidades operacionales, incluido el alquiler de un transformador para el Archivo General de Puerto Rico. Sin embargo, rechazó la liberación de $150,000 en fondos de años anteriores para cubrir gastos corrientes.

“La solicitud de liberación de fondos del año anterior por $150,000 es denegada debido a que se proponía para cubrir gastos del año fiscal corriente”, explicó Mujica en la tercera carta.

De igual forma, el organismo aprobó una transferencia interagencial de casi $2.9 millones al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico para cubrir un déficit proyectado en la nómina relacionadao con personal adicional contratado el año pasado.

Sin embargo, la JSF denegó la solicitud de $136,499, relacionada con puestos de confianza, por falta de documentación.

Entre las aprobaciones más grandes figura una transferencia interagencial de $35.8 millones al Departamento de Hacienda para cubrir el pago anual del seguro paramétrico del gobierno, así como otra asignación de $270,750 para servicios profesionales relacionados con la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) gubernamental.

Además, se autorizaron sin observaciones ni objeciones $6.8 millones para la Autoridad de Edificios Públicos destinados a reparaciones y mejoras en cuarteles de la Policía en Caguas y Vieques.

En el caso de la Junta de Planificación, el ente fiscal aprobó $1.25 millones para cumplir con requisitos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) relacionados con planes de mitigación de riesgos naturales para 25 municipios.

La Junta Fiscal requirió informes trimestrales de progreso y un plan para asegurar la sostenibilidad del financiamiento de esos planes.

También, aprobó $1.65 millones para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el fin de garantizar la continuidad de servicios a víctimas de violencia de género, aunque limitó la extensión de los fondos hasta diciembre de 2026 y condicionó futuras extensiones a evidencia de progreso en las iniciativas.