La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le autorizó al gobierno de Puerto Rico el uso de hasta $2.4 millones de la reserva de emergencia para evaluar la viabilidad de rehabilitar cinco pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como parte de las medidas para atender la actual emergencia por sequía.

Esa cantidad representa apenas una cuarta parte (25%) de los casi $9.7 millones solicitados originalmente por la administración de Jenniffer González Colón para evaluar, rehabilitar y reactivar los pozos. Por el momento, los fondos autorizados se limitarán a realizar estudios y trabajos de preconstrucción para determinar si las instalaciones pueden regresar a servicio.

“Tras reuniones con agencias federales y consenso entre las entidades gubernamentales pertinentes, la lista inicial de pozos incluida en la solicitud fue ajustada, y la selección final de los cinco pozos que participarán en la evaluación inicial permanece bajo evaluación”, lee la carta enviada este lunes y firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF.

El gobierno busca habilitar cinco de 12 pozos identificados como alternativas para aumentar el abasto de agua en la zona metropolitana. Se estima que con esta rehabilitación se aportarán unos cinco millones de galones de agua diarios, siempre que cumplan con los requisitos ambientales.

La autorización de la JSF surge luego de que el organismo fiscal solicitara información adicional al gobierno sobre la propuesta y ambas partes sostuvieran una reunión el pasado 18 de septiembre.

Posteriormente, el ejecutivo aclaró que el proyecto se desarrollaría por fases y que primero se realizarían investigaciones, pruebas, trabajos de ingeniería, revisiones ambientales y otras evaluaciones necesarias para determinar la viabilidad de los pozos.

Estas evaluaciones buscarán determinar, entre otros elementos, la capacidad de producción de los pozos, la calidad del agua, el posible impacto ambiental, los costos de rehabilitación y operación y la viabilidad de mantener las instalaciones a largo plazo.

Según la Junta Fiscal, el proceso de análisis podría tomar desde aproximadamente dos semanas, una vez se obtengan todas las aprobaciones contractuales y de financiamiento necesarias, hasta seis meses, dependiendo del pozo. Solo aquellos que cumplan con los requisitos técnicos, ambientales, regulatorios, operacionales y fiscales pasarán posteriormente a la etapa de rehabilitación.

Los $2.4 millones autorizados deberán transferirse a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), que estará encargada de formalizar acuerdos con la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Salud para realizar los trabajos de esta primera etapa.

Para obtener dinero adicional de la reserva de emergencia y pasar a las próximas fases, la JSF le requirió al gobierno la entrega de un análisis de costo beneficio para cada pozo.

Ese estudio deberá detallar los gastos de capital para rehabilitar las instalaciones y conectarlas al Superacueducto; los costos recurrentes de operación y mantenimiento; los beneficios esperados y el tiempo que tomarían las obras; los riesgos identificados durante la preconstrucción; y las posibles fuentes de financiamiento adicionales.

“Esta autorización está sujeta a los procedimientos previamente establecidos para el acceso a la reserva de emergencia, incluidos la autorización previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) antes del desembolso de los fondos”, indicó la JSF.

Además, la OGP deberá presentar informes mensuales a la Junta Fiscal sobre los gastos realizados con estos fondos, comenzando el 31 de octubre y hasta marzo de 2027, o hasta que se agote la cantidad autorizada.