La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió un aviso de incumplimiento a la gobernadora Jenniffer González Colón relacionado con la información entregada para el plan fiscal propuesto del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para el 2026.

En la carta el organismo concluyó que la entidad no cumplió con los requerimientos de información necesarios para su evaluación y eventual certificación.

“Esta carta constituye una notificación de incumplimiento conforme a la Sección 201(c)(3)(b) de (la Ley) Promesa. La Junta de Supervisión (Fiscal) tenía la intención de certificar el Plan Fiscal de CRIM para el 2026 el 24 de abril de 2026, y solicita al CRIM que atienda las observaciones que se detallan a continuación”, lee la carta firmada por Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF.

Aunque la Junta Fiscal recibió el plan entre finales de marzo y mediados de abril, la documentación, aparentemente, estaba incompleta, lo que provocaría un atraso en la certificación del plan fiscal del CRIM, el cual estaba previsto para certificarse el 24 de abril.

La JSF otorgó hasta el 30 de abril para someter una versión revisada con todos los datos solicitados.

El organismo a cargo de las finanzas públicas de la isla cuestionó la metodología utilizada para proyectar ingresos, basada en promedios históricos, e instó a adoptar modelos más precisos que reflejen la realidad individual de cada municipio. Además, pidió revisar variaciones significativas en recaudos y establecer supuestos de crecimiento más robustos a largo plazo.

El organismo también pidió mayor claridad en la ejecución de medidas clave, como la actualización del catastro, la validación de propiedades, el cobro de deudas contributivas y la modernización del sistema contributivo.

Asimismo, la JSF requirió planes detallados para fortalecer la gestión de cobro, incluyendo estrategias más agresivas contra contribuyentes morosos, mejoras operacionales y el uso de métricas para medir resultados.

El CRIM reiteró el pasado mes a la JSF sobre la importancia de acceder a sus fondos para ejecutar el proyecto piloto que permitirá identificar los dueños de más de 56,000 propiedades en Puerto Rico y actualizar el catastro digital. Para ello, el pasado 4 de febrero, el CRIM pidió autorización a la Junta Fiscal para usar $6,863,411 de su fondo no asignado.