La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) demandaron a URS como parte de su estrategia de recobro para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por entender, que -por al menos dos años- los pagos que recibió la firma pudieron efectuarse de manera fraudulenta.