Es hora de que el sector privado entre en un proceso de introspección e identifique una ruta de concertación en favor de la reactivación económica de la isla.

Esa reflexión puede dar paso a un nuevo marco institucional que permita a los sectores no gubernamentales ser el contrapeso que ahora representa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero sobre todo, ser la fuerza que abogue para que se completen las reformas estructurales que necesita Puerto Rico.

Lograr tal cometido, sin embargo, requiere que buena parte del empresariado modifique su perspectiva de la gestión empresarial, que la sociedad como un todo entienda la importancia de gestionar bien los recursos que se confían al gobierno y que se desarrolle una visión colectiva que ponga fin a las políticas antidesarrollo que se han vuelto la norma en Puerto Rico.

Ese es el sentir de cuatro líderes del sector privado, Zulmarie Urrutia, Ramón Pérez Blanco, Francisco Montalvo Fiol y José Vázquez Barquet, quienes hace una década jugaron un papel crucial en el proceso de aprobación de la ley federal Promesa.

Hace poco más de una década, Urrutia presidía el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Pérez Blanco dirigía la Asociación Hecho en Puerto Rico (AHPR) y Vázquez Barquet hacía lo propio en la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). Montalvo Fiol fungía como director ejecutivo de la Coalición del Sector Privado.

Al reflexionar sobre la realidad que vivía el empresariado puertorriqueño cuando se aprobó el estatuto y la que se experimenta ahora, los entrevistados aseveraron que, por décadas, el sector privado –de una u otra forma- ha propuesto soluciones y estrategias para transformar el sistema productivo de la isla. Pero no se ha hecho nada.

“Puerto Rico es el país más estudiado del mundo, podemos llenar una biblioteca con los estudios que se han hecho y nada ha cambiado. No hay visión de país, lo que hay una visión individualista, política, personalista en las posiciones de autoridad”, dijo Vázquez Barquet.

A preguntas de Negocios, Pérez Blanco discrepó de la premisa de que el sector privado no ha sido proactivo o no ha propuesto alternativas para que aumente la productividad y cambie el clima de hacer negocios en Puerto Rico.

Coincidió con Vázquez Barquet al recordar diversos reportes acerca de la economía de la isla, entre estos, la radiografía que trabajaron los economistas Anne O. Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe para la administración de Alejandro García Padilla un año antes de la aprobación de Promesa.

Montalvo Fiol evocó, por su parte, el trabajo de la firma A.T. Kearny que resultó en el plan Puerto Rico 2025 durante el mandato de Sila M. Calderón.

Sostuvo que el sector privado sí ha procurado construir una visión de país como han hecho ciudades y países en todo el mundo, pero en buena parte, concretar una aspiración colectiva de largo plazo depende del estado, dijo el consultor y académico.

“Tenemos un problema serio de continuidad”, sostuvo Pérez Blanco, principal oficial ejecutivo de Fulcro Insurance.

Entre los años 2000 a 2026, período en que la economía local ha dado muestras evidentes de su inviabilidad, Puerto Rico ha tenido ocho gobernadores. Pero también, reconoció Pérez Blanco, hay un cambio constante de liderato en las principales organizaciones empresariales de Puerto Rico.

“Tanto la persona que viene a presidir un gremio como la que viene a dirigir el país, viene con su libro, lo quiere implementar y quiere que (se adopte) su plan de trabajo. Aquí están mis recetas y vamos a solventar el país”, ejemplificó Pérez Blanco.

De acuerdo con Urrutia, el sector privado puertorriqueño, pero también la sociedad en general, ha experimentado tantos desafíos y ha tenido que gestionarse “en modo de crisis” durante tanto tiempo que se ha producido “un desgaste”, en especial luego de los huracanes, los terremotos y la pandemia del coronavirus, que dificulta la unión de esfuerzos en un momento crucial.

“Tenemos que aspirar a un país educado”, dijo la contadora pública y abogada.

Agregó que resulta impostergable identificar líderes que no necesariamente tengan los colores “que le gustan a tu familia o con los que crecimos”, pero que puedan ser agentes de cambio. Además, la sociedad necesita entender que procurar la toma de buenas decisiones no se limita simplemente al ciclo electoral de cada cuatro años.

En ese sentido, Urrutia reconoció que los distintos sectores de la sociedad, en especial el sector privado, necesitan adoptar una postura de apertura y unidad de propósito como la que se produjo entre los años 2014 y 2016 y que en el caso del sector privado, se instrumentó a través de la Coalición.

Unos dos años antes de que se aprobara Promesa, La Fortaleza convocó al liderato del sector privado y allí, se solicitó al empresariado local que cabildeara en Washington a favor de un mecanismo para reestructurar la deuda de la isla.

Según Urrutia, en una de esas primeras reuniones con congresistas y asesores legislativos, se sintió “vulnerable” como nunca antes al constatar que quienes decidirían el futuro de Puerto Rico no tenían un entendimiento básico de lo que sucedía en la isla.

Otros, dijo Montalvo Fiol, ni siquiera sabían dónde, en el mapa, se encuentra el territorio estadounidense.

Urrutia relató que el sector privado tuvo que “reencabuyar”, es decir, rehacer el libreto que llevaba Puerto Rico.

“Se nos olvida que el Congreso cambia cada dos años, son sobre 400 congresistas y de la misma forma en que nosotros no sabemos qué está pasando en West Virginia, no es razonable pretender que un congresista de Arizona sepa lo que pasa en Canóvanas”, dijo Pérez Blanco.

La coyuntura no podía ser más compleja, explicó Vázquez Barquet.

Narró que el sector privado se insertaba en el debate de la deuda pública después de experimentar una pérdida de riqueza sin precedentes.

Aparte del fin de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, reventó la burbuja inmobiliaria que se gestó entre las décadas de 1990 y 2000, se produjo la crisis financiera del 2008 y el cierre de cuatro bancos comerciales.

“Había temor de una incautación de las cuentas (del gobierno) y se anticipó un caos, aunque mucha gente no llegó a internalizar que el riesgo era enormemente grande”, agregó el presidente de Fusion Restaurant Group, operador de Subway, Acai Express, Wingstop y Gong Cha en la isla.

El temor era tan grande que los entrevistados admitieron que, en esos meses, fueron muchas las empresas que detuvieron sus planes de expansión, invirtieron en otros mercados e incluso, sacaron capital de Puerto Rico para refugiarlo en jurisdicciones seguras.

En Washington, la Coalición actuaba como un frente común, una movida que según Montalvo Fiol, comprobó que cuando se cabildea en la capital federal con una sola voz, a Puerto Rico “se le escucha”.

Pero en Puerto Rico, al interior del sector privado había fuertes divisiones en torno a cómo atender la crisis fiscal.

“Eran conversaciones difíciles… Recordemos que había personas del sector privado que indicaban que había unas garantías constitucionales, que la deuda se tenía que pagar”, relató Pérez Blanco.

El ambiente para conseguir que republicanos y demócratas adelantaran la legislación era tan álgido que hasta el nombre que llevaría la JSF y el nombre de la ley fueron objeto de pulseo político y controversia, recordaron los entrevistados.

“En diciembre de 2015, hubo una propuesta en el Congreso para imponer una junta con unas facultades bastante más (fuertes). Pudo haber sido mucho peor”, recordó Vázquez Barquet, quien entiende que los esfuerzos de la Coalición contribuyeron a que el Congreso diseñara un ente fiscal con menos poderes que los que se discutían en los pasillos del capitolio federal.

Pese a aquellas tensiones internas y a la fuerte oposición de ciertos acreedores de Puerto Rico -que no querían que se diera a la isla un mecanismo de reestructuración similar al Capítulo 9 del Código de Quiebras- Promesa vio la luz.

“Nos llegaron a consultar el nombre de la ley”, recordó Urrutia.

El nombre del estatuto, dijo Pérez Blanco, fue propuesto por el actual secretario de Transporte, Sean Duffy, quien entonces era congresista por Wisconsin (R).

Duffy, casado con una hispana y a quien el entonces Speaker Paul Ryan encomendó viabilizar una solución para la isla, habría titulado el HR 5278 procurando que las siglas de la ley respondieran al acrónimo “Promesa”.

Vázquez Barquet opinó que Puerto Rico debe agradecer las concesiones que consiguió la JSF en materia de deuda.

Pero donde los entrevistados no conceden méritos a la JSF es el plano económico.

“Tú puedes seguir cuadrando la caja con lo que tienes, pero no has cambiado las reglas de juego. Sigues jugando en la misma cancha… me hubiese gustado que la (JSF) hubiese sido más consecuente… en forzar dentro de la estructura presupuestaria unas reformas estructurales”, dijo Pérez Blanco.

Según el ducho en corretaje de seguros, Puerto Rico necesita rehacerse de pie a cabeza: desde el número de agencias y municipios hasta poner coto a las políticas que desalientan la inversión y a los estigmas sobre la gestión privada.

“Se sigue pensando que el sector privado es poderoso, gigante… Cuando, en Puerto Rico, sale el sector privado a abogar por cambios, la mayoría son empresas pequeñas, de 30, 40 empleados... Ese es nuestro sector privado, no son las grandes corporaciones listadas en la Bolsa de Valores. Cuando aquí se habla de sector privado, se habla del dueño de un negocio, del negocito de la esquina que se levanta todos los días para ir a trabajar, que se sacrifica para pagar la luz cara, para pagar un Fondo de Seguro del Estado caro, un negocio que tuvo que cerrar porque se quedó sin agua ante un Estado regulador”, dijo Pérez Blanco.

“En nuestro país, el gobierno es intervencionista. Puerto Rico está sobreregulado y se continúan tomando decisiones para satisfacer a unos pocos… no veo que eso cambie en el futuro cercano”, lamentó por su parte Vázquez Barquet.

Según el empresario gastronómico, en Puerto Rico, erradamente, se busca “legislar desarrollo económico”, pensando en mejorar los beneficios que reciben los empleados, mas no en mejorar las condiciones para que una empresa pueda invertir y pagar mejores salarios.

Los entrevistados lamentaron que el discurso de desarrollo económico en Puerto Rico continúe centrado en el capital foráneo, “en las empresas de afuera” y si bien ningún modelo productivo puede descartar esa estrategia, sí puede diseñar políticas para fortalecer el empresariado local y apoyar las iniciativas de exportación de productos y servicios.

Montalvo Fiol reconoció que articular una tesis de desarrollo para un Puerto Rico pos Promesa es complejo, pero también aseveró que la isla cuenta con una nueva generación interesada en explorar oportunidades en segmentos antes dormidos como las industrias creativas y la tecnología.

Los entrevistados coincidieron en que será necesario crear algún marco institucional o entidad que contribuya a superar los problemas de ejecución que han caracterizado a Puerto Rico y que también sea el instrumento que abogue porque se consumen todas las reformas que se han identificado a través de los años: desde los impuestos hasta la facilidad de hacer negocios.

Montalvo Fiol y Pérez Blanco recordaron que hace unos años, el sector privado propuso la creación de Enterprise Puerto Rico, una organización parecida a la establecida en el estado de la Florida y otros estados, centrada en promover la inversión y la formulación de política económica.

Habida cuenta que la tarea será compleja, los entrevistados sugirieron que, tal vez, un buen punto de partida podría ser rescatar el Informe Económico que preparó el grupo de trabajo creado en Promesa y comenzar a trabajar ya.

“Promesa demostró lo vulnerable que estamos a que un grupo de funcionarios que no son electos por nosotros, tienen poder absoluto, indiscutible, sobre qué hacer con 3.2 millones de ciudadanos americanos”, dijo el empresario de seguros.