A pesar de que Puerto Rico ha modificado una parte sustancial de su deuda pública, el territorio estadounidense continúa atrapado en su recesión criolla, aseveró el economista Juan Lara.

Lara, quien se estrenó como macroeconomista trabajando de cerca con el impago de la deuda soberana de México y su efecto en otras economías latinoamericanas como Brasil y Argentina, sostuvo que en los pasados 10 años, ha pasado “muy poco”, cuando se trata de los ajustes que necesita el tejido económico de Puerto Rico.

“La lección más evidente para mí (de la crisis de deuda en Latinoamérica) era que Puerto Rico iba a pasar la ‘zarza y el guayacán’, como todo el que tiene que reestructurar una deuda externa grande”, relató Lara, quien fue considerado, pero no seleccionado como integrante de la JSF.

“Creo que estamos en una recesión desde hace varios meses. Estamos en recesión, a contrapelo, mientras la economía de Estados Unidos crece vigorosamente; y eso es un comportamiento extraño”, dijo Lara a El Nuevo Día el 7 de agosto de 2006.

Antes de que la crisis fiscal de la isla se convirtiera en tema de todos los días, Lara diagnosticó que Puerto Rico había entrado en una etapa de estancamiento, en parte, por el fin de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, pero también como resultado de daños autoinfligidos.

Entonces, Lara junto a los economistas José Alameda y Luis Benítez, también indicó que no anticipaba “una recuperación en el futuro cercano”.

Entre los años fiscales 2006 y 2015, la economía de Puerto Rico, medida por su Producto Nacional Bruto, se contrajo entre 11% y 13%, según datos de la Junta de Planificación.

En ese período de caída, ocurrieron otros dos puntos de inflexión que incidieron en la economía local: la crisis financiera del 2008, conocida como la Gran Recesión, y el colapso de una tercera parte del sistema bancario de Puerto Rico en el 2010.

“Se ha hecho muy poco. Puerto Rico sigue siendo propenso a la recesión criolla porque las bases de la economía no se han alterado de manera fundamental”, dijo Lara cuando El Nuevo Día preguntó qué ha cambiado económicamente en la isla luego de Promesa. “Creo que ahora mismo estamos de nuevo en una recesión criolla”.

En el 2006, Lara, Alameda y Benítez coincidieron en que el cierre del gobierno y la crispación política contribuyeron al cuadro de ralentización. Asimismo, se hacía evidente la ola de cierres o de reducción de operaciones en el sector industrial. Esto, a medida que manufactureras estadounidenses intensivas en mano de obra dejaban Puerto Rico tras perder los beneficios tributarios de la sección 936.

En el 2026, el diagnóstico de los economistas continúa casi inalterado: reformar el sistema contributivo estatal, racionalizar el gasto gubernamental y rearticular la base productiva de la isla.

“Dejando aparte el tema del Medicaid, que es una píldora venenosa para el presupuesto y tiene que resolverse de algún modo, lo más importante para la estabilidad fiscal futura es una institucionalidad que promueva presupuestos balanceados y transparentes, con gastos que realmente reflejen las prioridades del país y una estructura contributiva justa y eficiente”, dijo Lara.

“Esa es la reforma más importante de todas, en mi opinión, y todavía está en veremos. Nada de eso funciona sin crecimiento económico y ahora mismo, lamentablemente, estamos en recesión criolla”, reiteró Lara.

Gustavo Vélez asesoraba al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en aquel momento aciago. El economista tenía la esperanza de que el impasse político sirviera para dar un vuelco a las finanzas públicas y la economía del país, pero ello no sucedió a pesar de los recortes presupuestarios adoptados durante la administración de Luis G. Fortuño Burset.

Vélez no se arrepiente de haber abogado por un mecanismo de supervisión para Puerto Rico desde el Congreso, a pesar de que ello le mereció críticas e incluso, afectó su transición del servicio público a la gestión privada.

Lo que Vélez lamentó es que si bien el acierto más grande de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sido modificar la mayor parte de los $74,000 millones que debía Puerto Rico, el organismo se quedó “corto” en su mandato. También señaló que, al cabo de 10 años, el sector privado no ha asumido su parte en el proceso de reencaminar la economía de la isla.

“El gran logro de la (JSF) fue la reestructuración en condiciones favorables para Puerto Rico de la mayor parte de la deuda. Todavía están estancados con la deuda de la AEE, que no es poca cosa”, coincidió Lara.

Según Lara, en el 2016, Puerto Rico no tenía alternativa. Se necesitaba un mecanismo de reestructuración, aunque pudieron emplearse otros mecanismos. Entre ellos, “un acuerdo de consolidación fiscal del gobierno de Puerto Rico con el Congreso y los bonistas bajo la supervisión del Tesoro”.

De acuerdo con Vélez, en parte, las asignaciones federales que sucedieron los desastres naturales y la pandemia del coronavirus quitaron la presión de cambiar las cosas, tanto al interior del gobierno como en el sector privado.

“No hemos saneado las finanzas públicas”, dijo Vélez al señalar que Puerto Rico continúa con una estructura gubernamental que no puede costear. “Tenemos 120 agencias quemando dinero, gastando dinero sin métricas, sin resultados… así que tenemos una junta fiscal que no ha logrado una sola reforma estructural ni significativa… 78 municipios, de los cuales 30 son insolventes”.

“Sigue la legislación populista, la improvisación fiscal”, agregó el fundador de Inteligencia Económica al señalar que cada año, se aprueba y certifica un presupuesto balanceado que queda en papel tan pronto se legislan iniciativas que cuestan dinero al erario.

“No sé si es que como estaban en el radar de Donald Trump, y de los republicanos… están escogiendo sus issues, pero no es momento para eso, hay que ser valiente y terminar el trabajo”, dijo Vélez.

Vélez reconoció que, con el paso de los años, la JSF ha perdido el respaldo popular que pudo tener en un principio. Reconoció, de igual forma, que contrario a las expectativas de muchos, sus facultades no eran amplias como las que tuvieron los manejadores de emergencia en Detroit y Washington, DC.

Asimismo, según Vélez, la JSF adoptó políticas o estrategias no necesariamente justificadas como los ajustes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), mientras los fondos federales han creado una especie de “espejismo” sobre el estado de la economía local.

A juicio de Lara, la JSF erró al descansar tremendamente en asesores externos. “La (JSF) debió tener más interacción con los economistas y otros sectores del país y no trabajar exclusivamente con una tecnocracia externa”, dijo Lara al dejar entrever las múltiples ocasiones en que la JSF no ha acertado en sus estimados y proyecciones.

De acuerdo con Lara, “una falla grande” en la ley federal Promesa es que el estatuto no haya servido para fraguar consensos y ejecutar acciones concretas en las reformas estructurales.

“Parte del problema es el sesgo ideológico de algunas de las reformas propuestas (por la JSF), en particular, la reforma laboral, pero hay otras reformas, como la fiscal, la contributiva, la destinada reducir el costo de establecer y operar empresas, que debieron completarse en estos 10 años.

Según Vélez, la ley Promesa no dio a la JSF la responsabilidad de reconfigurar la identidad productiva de Puerto Rico.

“La parte de desarrollo económico se dejó fuera de la ley Promesa para darle un espacio al sector privado... ese era su rol”, dijo Vélez al agregar que lamentablemente, el liderato empresarial no ha ocupado el sitio que le corresponde.

“Hemos creado una falsa sensación de que ese dinero federal es el plan económico del país porque todos nos hemos beneficiado de esa expansión económica, que es una bonanza artificial”, dijo Vélez.