Recortar por cerca de $36,000 millones la deuda pública ha dado al liderato político territorial y a Puerto Rico un espacio sin igual para transformar su economía, a juicio de David Skeel y Arthur J. González, quienes han jugado un rol clave en el proceder de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En un plazo aproximado de cuatro años -pese a eventos mayores como el huracán María y la salida forzada del poder del gobernador Ricardo Rosselló Nevares-, la JSF modificó y canceló acreencias de todo tipo: desde los bonos garantizados con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) emitidos por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) hasta la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que se cubría con los peajes que diariamente pagan los conductores en las autopistas del país.

En entrevistas separadas, Skeel y González revelaron que consumar la reestructuración de deuda más grande y compleja en la historia del mercado municipal estadounidense fue fruto de extensos ejercicios analíticos sin contar, necesariamente, con información certera y confiable; de movidas para impedir que los bonistas pactaran acuerdos directos con el gobierno y de luchas internas y externas que requirieron métodos de negociación noveles para conseguir el respaldo de los acreedores. Incluso, fue necesario entrar en complejas disputas como el litigio por los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs en inglés).

Según los entrevistados, si bien combatir la legalidad o viabilidad de algunas emisiones de deuda como los POBs o la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requirió millones de dólares en honorarios, estas resultaron en ahorros que ahora están disponibles para sufragar servicios públicos.

Skeel, académico experto en Derecho de Quiebras, fue miembro de la JSF desde los comienzos del organismo creado mediante la ley federal Promesa en el verano del 2016 hasta el 2024. González, un ex juez de quiebras reconocido por su participación en los casos de Enron y Worldcom, ha servido en el organismo desde su creación hasta el presente.

“La reestructuración del gobierno central fue casi milagrosa”, dijo Skeel al señalar que, sin lugar a dudas, la transacción que modificó las Obligaciones Generales (GOs, en inglés) del gobierno central, aquellas de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y otras entidades gubernamentales, es el mayor acierto de la JSF.

“Cuando llegamos, era un laberinto tratar de descifrar exactamente cuál era la condición financiera (de Puerto Rico)”, dijo por su parte, González, a quien se le atribuye buena parte de la estrategia legal que ha seguido la JSF al invocar las protecciones del Título III de Promesa.

De acuerdo con Skeel, en términos de estructura, la deuda que emitió Puerto Rico no era muy distinta a los préstamos que toman otras jurisdicciones en Estados Unidos. En síntesis, Puerto Rico creó casi una veintena de entidades para evadir el margen prestatario establecido en la Constitución. Lo mismo hizo Chicago y otras tantas jurisdicciones a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Pero lo que pudo facilitar que Puerto Rico se endeudara más que otros estados, opinó Skeel, fue su trato contributivo preferencial. Los rendimientos que pagan los bonos de la isla eran triplemente libres de impuestos, es decir, eran exentos a nivel local, estatal y federal.

Entre los años 2018 y 2022, la JSF intervino directamente con 13 emisores de deuda de Puerto Rico y modificó las obligaciones de 12 de estos. Pero en total, Puerto Rico contaba con 17 entidades autorizadas a emitir deuda. La mayoría de las modificaciones se consumaron bajo el Título III de Promesa y otras dos, entiéndase el fallido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) se transaron mediante el Título VI de Promesa.

Quedaron fuera del alcance de la JSF, la Agencia para el Financiamiento Municipal, la Autoridad para el Financiamiento de Instalaciones Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y Ambientales de Puerto Rico (Afica), la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Fideicomiso de los Niños.

En números, bajo el Plan de Ajuste (PDA) del Gobierno central, se modificaron unos $25,000 millones en obligaciones y a su vez, se cancelaron $2,000 millones en reclamaciones de acreedores de corporaciones públicas como la ACT, quienes alegaban que el Gobierno central les debía dinero por haber retenido fondos de las empresas públicas bajo la cláusula de “clawback”. Además se modificaron unos $6,000 millones en deudas con suplidores.

En el agregado, considerando los otros acuerdos y excluyendo el caso pendiente de la AEE, la JSF ha modificado unos $63,000 millones por concepto de principal. El nuevo principal adeudado, pagadero en tres décadas, ronda $27,000 millones.

El recorte luce más grande al considerar los intereses que Puerto Rico hubiera pagado sin Promesa. En total, el territorio estadounidense cargaba con $112,000 millones en principal e interés, lo que implicaba un pago anual de unos $4,200 millones, o alrededor de 28 centavos de cada dólar en el Fondo General.

En la actualidad, Puerto Rico paga, por concepto de deuda pública, unos $1,150 millones al año, o entre seis y ocho centavos por dólar en el principal fondo que custodia el Departamento de Hacienda. La cifra aumenta a unos $1,500 millones considerando pagos adicionales a bonistas en caso de que se superen las proyecciones de ingreso establecidas en el plan fiscal

La JSF asegura en su informe anual que lo hecho se traduce en un ahorro de unos $60,000 por cada hogar en Puerto Rico.

Cuando, en la segunda mitad del 2016, la JSF quedó formalmente instituida, el Tesoro federal -que seguía de cerca el comportamiento de los bonos de la isla mucho antes de que la crisis fiscal de Puerto Rico anduviera en boca de todos- proveyó una asistencia crucial para organizar los trabajos, dijo Skeel.

Pero una vez la agencia federal ofreció la inteligencia que tenía acerca del cuadro financiero de Puerto Rico, dejó en él y sus homólogos encontrar la solución.

A preguntas de El Nuevo Día, Skeel dijo que nunca se dio pensamiento formal a que la deuda emitida por Puerto Rico fuera una obligación del gobierno federal en caso de impago.

Agregó que cuando la JSF pudo aquilatar la encrucijada en que se encontraba Puerto Rico, el diagnóstico fue “dramáticamente” peor a lo que anticiparon.

González describió los casos de Enron, Worldcom y Lehman, considerados los colapsos corporativos más grandes de Estados Unidos, como “una tragedia”. Las tres empresas se declararon en bancarrota en 2001, 2002 y 2008 con acreencias de $60,000 millones, $106,000 millones y $600,000 millones, respectivamente.

“Pero cuando miras a una entidad municipal, y ciertamente, cuando miras Promesa, no estás lidiando con miles de empleados que pueden perder sus trabajos… estás mirando a 3.2 millones de personas y cómo ellos se verán afectados. Es una responsabilidad mucho más amplia”, dijo González al explicar el razonamiento que él y sus homólogos aplicaron para solucionar la crisis de deuda que experimentaba Puerto Rico.

Aparte de que, según la ley federal Promesa, la JSF no puede legislar, operar el gobierno directamente o despedir empleados, tal vez, la mayor prueba de la facultad limitada del organismo era que las protecciones del Título III no se hubieran activado sin que el gobierno puertorriqueño solicitara tal remedio.

Durante los primeros meses del 2017, cuando la JSF comenzaba a prepararse para el proceso de quiebra, Rosselló Nevares llegaba a La Fortaleza tras repetir hasta el cansancio, durante la campaña electoral, que Puerto Rico podía pagar sus deudas.

“Los bonistas trataron de conseguir un acuerdo de última hora con el gobernador Rosselló (Nevares)”, reveló Skeel al indicar que inicialmente, el exgobernador entendía que Puerto Rico solo necesitaba aplazar el pago de la deuda pública por uno o dos años.

Si Rosselló Nevares hubiera pactado con los bonistas en el 2017, explicó Skeel, se habría creado un debate en torno a la pertinencia de la JSF.

“Nos preocupaba que el gobernador Rosselló (Nevares) no estuviera de acuerdo con el Título III porque él pensaba que la deuda podía pagarse. Eso habría sido una controversia fuerte”, dijo Skeel.

Rosselló finalmente le pidió a la JSF la protección por Título III en mayo de 2017.

Luego de que el huracán María “perturbó”, en palabras de Skeel, la situación de Puerto Rico y descarriló los planes que la JSF comenzaba a articular, el ente fiscal optó por buscar “oportunidades”.

González explicó que al analizar cómo reestructurar la deuda de la ACT o los POBs, buscaron aquellos espacios de “luz” donde pudiera para adelantarse el proceso.

Según Skeel, la JSF procedió con la reestructuración del gobierno central por tratarse del pedazo del pastel más grande.

Sin embargo, se hizo necesario atender primero los cuestionamientos en torno a la validez de la deuda de Cofina, y en especial, a quién pertenecían los recaudos del IVU.

“Los recaudos que estaban en juego eran unos $50,000 millones”, dijo Skeel haciendo referencia a los recaudos del impuesto al consumo que llegarían al erario durante la vida de los bonos. “Supimos que no podríamos reestructurar la deuda del gobierno central hasta que resolviéramos (Cofina)”.

Para evitar el conflicto de representar dos emisores de deuda al mismo tiempo, la JSF recurrió a “agentes” para que estos negociaran en nombre de Cofina y los GOs. En lugar de que el tribunal decidiera si la deuda de Cofina era inválida como se alegó, los agentes acordaron repartirse la fuente de recaudos y así se modificaron unos $17,000 millones en bonos. En ese acuerdo, se creó además el Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés), un pago adicional que reciben los bonistas cada año si Puerto Rico excede los recaudos proyectados en el plan fiscal, y que Skeel describió como un elemento novel en las negociaciones. Desde el 2022, hasta junio del año pasado, aparte de los pagos anuales establecidos los bonistas han recibido unos $1,100 millones a través del CVI.

A excepción de los POBs y la ACT, en los otros 10 acuerdos de reestructuración de deuda, la JSF aceptó poner fin a cualquier litigio que cuestionara la legalidad de los bonos y/o su estructura de colateral o buscara responsabilizar a los actores que gestionaron las transacciones. Esto, incluyó los casos que impulsó el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) para que los bancos de inversiones, aseguradoras municipales y firmas que recomendaron los bonos de Puerto Rico asumieran su responsabilidad tras el impago.

¿Por qué la JSF no llevó a cabo la auditoría que reclamaba la ciudadanía?, se le preguntó a Skeel.

“Habría sido extremadamente costoso”, aseguró.

Contrario a las expectativas de la gente, Skeel explicó que auditar cada dólar que Puerto Rico tomó a modo de préstamo habría tomado un largo tiempo.

Sostuvo que en el contexto de la investigación encomendada a Kobre & Kim, que costó unos $16 millones, se auditó una pequeña parte de la deuda y en esta se encontró que parte del dinero obtenido a través de préstamos se utilizó para gastos operacionales -como pagar la nómina- en lugar de construir obra.

“Algo de los ingresos procedentes de deuda fueron mal utilizados, pero no en una manera que habría permitido invalidarla”, explicó Skeel al describir la anulación de los POBs, como la “gran victoria” de la JSF en lo que respecta a la renegociación de la deuda.

Con todo, el Informe Kobre & Kim ayudó a la JSF a construir la tesis que sirvió para anular los $3,000 millones en POBs que emitió la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) para pagar pensiones. También sirvió para recortar en 75% la deuda de la ACT pagadera con los ingresos de peajes. En ambos casos, los bonistas llevaron los fallos adversos hasta el Tribunal de Apelaciones o intentaron que el Tribunal Supremo estadounidense les diera audiencia, pero no tuvieron éxito.

El Nuevo Día preguntó a Skeel a qué responde la brecha entre el costo estimado por el Servicio de Investigación Congresional (CRS, en inglés) y la factura que han pagado los puertorriqueños.

Hace una década, el CRS estimó que Promesa costaría unos $300 millones. El informe anual más reciente de la JSF contabiliza la factura en $1,450 millones. La vasta mayoría del gasto ha ido a asesores y abogados y el 40% de esa factura corresponde a contratistas del gobierno.

Skeel rechazó las críticas en torno a la inversión del dinero de los contribuyentes en Promesa.

“El retorno de la inversión en asesores ha sido extraordinario. El argumento de que el costo de (la asesoría financiera y legal) ha sido escandaloso es realmente una mentira. Me molesta. Sabemos de dónde viene ese argumento. Son personas que, en mi opinión, no tienen necesariamente los mejores intereses de Puerto Rico presentes”, dijo Skeel sin mencionar el nombre de Justin Peterson, quien fue nominado por el presidente Donald Trump a la JSF y se ha mostrado crítico hacia el funcionamiento del organismo.

Este diario preguntó cuán difícil fueron los trabajos de la JSF mientras el ejecutivo de DCI Group, que orquestó una campaña de descrédito contra Puerto Rico a pedido de ciertos bonistas, se integró al organismo.

“Fue un reto tener un miembro de junta que explícitamente tomó su posición para representar el interés y enfocarse en el interés de los acreedores. Fue muy retante. Él es muy inteligente, muy astuto y bueno... yo no tenía canas, pero ahora tengo de esas batallas”.

Al reflexionar acerca de lo hecho a lo largo de 10 años, González admitió que la JSF pudo cometer errores, pero “entendemos que hemos reducido la deuda a niveles manejables”.

El exjuez indicó que no se puede prometer que no habrá otra crisis fiscal, pero también explicó desde su entendimiento, que no habrá otra oportunidad como Promesa para reestructurar la deuda.

“No tengo a nuestros abogados para que puedan corregirme, pero creo que bajo Promesa pudimos reestructurar las deudas bajo el Título III... asumiendo que una vez todos los casos de Título III terminen, la JSF se haya ido y termine Promesa, lo que pasaría es que para utilizar Promesa nuevamente, tendrías que ir al Congreso y pedir permiso”, dijo González.

De acuerdo con el exjuez, el propósito de una reestructuración es dar “un nuevo comienzo” a una entidad, sea una empresa o un gobierno, pero lo que haga esa entidad tras modificar sus obligaciones está fuera del alcance del supervisor o del tribunal.

“Uno esperaría que al interior de Puerto Rico haya más disciplina en la Legislatura y la rama Ejecutiva... Podemos hacer lo mejor para ponerlos en la dirección correcta y esperar que se tomen decisiones responsables y no terminemos donde estábamos”, dijo González.

Skeel fue más directo. Sostuvo que la creación de la JSF fue una intromisión en el gobierno puertorriqueño para ajustar las finanzas públicas y, si a futuro, Puerto Rico no hace suya una cultura de disciplina fiscal sería “una tragedia”.