Un empleado de la Central Termoeléctrica Costa Azul, en Guayanilla, fue hallado muerto en el baño que ubica entre las consolas 4 y 5, por una aparente sobredosis de sustancias controladas. (Archivo)
Ante el impasse entre la Junta de Supervisión Fiscal y los acreedores, la quiebra de la AEE podría extenderse hasta el 2023. (Archivo)

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La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain suspendió la audiencia general de los casos de Título III tras reconocer el impacto que el huracán Fiona ha tenido en Puerto Rico.

La decisión de la jueza se produjo ayer, cuando reiteró su solidaridad con la isla como resultado del desastre.

“Nuestros pensamientos están en el pueblo de Puerto Rico durante esta crisis”, reza la orden de Swain.

La audiencia general estaba programada para este miércoles y prometía ser una jornada sin mayores novedades hasta la madrugada del pasado sábado. Entonces, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció el fin de las negociaciones para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por entender que el acuerdo financiero pactado con los acreedores sería incosteable para los puertorriqueños.

Desde entonces, mientras en Puerto Rico, la vida de miles de personas estaba en riesgo –particularmente en el suroeste de la isla- por las inundaciones asociadas que dejó el huracán Fiona y otros cientos hacen filas en comercios y gasolineras por no tener agua o electricidad, los abogados de los acreedores y el organismo fiscal libran una batalla de papeles para decidir cómo cobrarán su parte.

Mientras la JSF ha solicitado a Swain dirimir cuanto antes varios litigios para determinar la validez de la deuda de la AEE, los bonistas, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y las firmas dueñas o administradoras de las líneas de crédito para compra de combustible se han colocado en bandos distintos, al punto de que se ha propuesto desestimar el proceso de Título III.

Swain sostuvo que reanudará el proceso judicial en una fecha posterior que estará por decidirse.

La determinación de la jueza se produjo luego del pedido que hiciera el abogado Rolando Emmanuelli, en representación de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Sistema de Retiro de la AEE, quien alertó al tribunal de la emergencia que atravesaba la isla.

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