El gobierno de Puerto Rico aseguró este jueves que se encuentra monitoreando activamente, durante el último año, la reestructuración de New Fortress Energy (NFE), con atención particular a la continuidad del suministro de combustible y al cumplimiento de las obligaciones operacionales de Genera PR, informó Vicky K. González Vega, directora ejecutiva interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

“La prioridad del gobierno es proteger la continuidad y confiabilidad del servicio energético y el interés público. Hemos seguido este proceso desde sus primeras etapas. La información divulgada apunta a una reestructuración ordenada, con amplio apoyo de los acreedores y las aprobaciones judiciales correspondientes. No obstante, aún quedan asuntos por finalizarse por lo que mantendremos una vigilancia rigurosa hasta su conclusión”, expresó González Vega.

Según el informe trimestral sometido por NFE en el proceso de restructuración, el 17 de marzo de 2026, la compañía suscribió un acuerdo de apoyo a la reestructuración que contempla reducir su deuda corporativa de aproximadamente $5,700 millones a cerca de $527 millones, lo que representa una disminución en su deuda de aproximadamente 91%.

El informe indica, además, que los planes de restructuración recibieron el apoyo casi unánime de los acreedores, fueron aprobados por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y reconocidos en Estados Unidos por el Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York. Se proyecta que la reestructuración culmine durante el tercer trimestre de 2026.

González Vega indicó que el gobierno está dando seguimiento al proceso para procurar que este no afecte el suministro de combustible en la isla y que la información disponible permite anticipar continuidad operacional mientras culmina la restructuración.

Insistió además que todo planteamiento contractual debe evaluarse con seriedad e independencia, conforme a los hechos, los acuerdos y el marco legal aplicable.

“La existencia de un proceso de reestructuración corporativa no implica, por sí sola, una conclusión sobre la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones. El Gobierno continuará coordinando con las entidades con jurisdicción para procurar que cualquier determinación proteja la estabilidad del sistema eléctrico, la continuidad del servicio y el mejor interés de nuestro pueblo”, subrayó González Vega.