La organización G9 Alliance alegó que un proyecto pendiente en la Cámara de Representantes tendría el efecto de limitar el acceso al cannabis medicinal, particularmente para los pacientes con condiciones debilitantes.

En comunicado de prensa, G9 Alliance dijo que el Proyecto de la Cámara 1281 (PC 1281) excluiría del programa de cannabis medicinal a los pacientes con condiciones debilitantes, al cambiar la definición establecida en la ley actual. La organización pidió que se hagan vistas públicas sobre la medida.

El proyecto fue radicado en mayo pasado por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. Establece, en su exposición de motivos, que debe reformularse la legislación vigente “con el fin de garantizar un uso más restrictivo y científicamente fundamentado del cannabis medicinal”.

Según el tracto legislativo, el proyecto ya tiene un informe de la Comisión de Salud y no ha tenido vistas públicas. Todavía no ha ido a votación ante el pleno cameral.

José Aleczer Rivera, director ejecutivo de G9 Alliance, cuestionó en comunicado de prensa que el informe -que recomienda la aprobación del proyecto- no tome en cuenta los señalamientos de las agencias encargadas del programa de cannabis medicinal, como el Departamento de Salud.

“La propia Comisión de Salud recoge la advertencia de Salud y de la Junta y, aun así, recomienda aprobar la restricción. ¿Cómo se fortalece un programa de salud quitándole acceso a quienes necesitan tratamiento? De un plumazo legislativo no desaparecen la enfermedad, el dolor ni la necesidad del paciente. Lo que puede desaparecer es su acceso legal a una alternativa terapéutica”, sostuvo.

G9 señaló que la protección incorporada para solicitudes y renovaciones radicadas antes de la vigencia de la ley no garantiza permanentemente la elegibilidad de los pacientes actuales ni sus futuras renovaciones.

“Puerto Rico no puede responder al reconocimiento del uso medicinal del cannabis cerrándoles la puerta a quienes necesitan tratamiento. El prejuicio y el estigma no pueden sustituir la evaluación clínica ni justificar que una persona con una condición debilitante tenga que esperar a estar terminal para cualificar”, afirmó Rivera.

G9 advirtió que una reducción sustancial de pacientes también comprometería la viabilidad de los establecimientos licenciados y podría aumentar el riesgo de desplazamiento hacia productos fuera del sistema regulado.

“Los cultivos, las manufactureras y los dispensarios licenciados forman parte de la infraestructura que permite atenderlas con productos regulados y trazables. Si esa infraestructura se vuelve inviable, también se compromete la continuidad del tratamiento”, abundó Rivera.

La organización reiteró su disposición a colaborar en medidas de investigación, educación, fiscalización y supervisión médica que preserven el acceso de pacientes con condiciones debilitantes.

“Si existen deficiencias, identifiquémoslas y corrijámoslas con evidencia. Escuchen a los pacientes, celebren vistas públicas y eliminen la restricción de terminalidad. Si el proyecto llega a votación sin corregir ese problema, los representantes deben votar en contra”, concluyó Rivera.