La Radio Pública Nacional recibirá aproximadamente 36 millones de dólares en subvenciones para operar el sistema de interconexión de la radio pública del país, según los términos de un acuerdo judicial con el administrador del gobierno federal de la financiación de las emisoras de radiodifusión pública.

El acuerdo, anunciado a última hora del lunes, resuelve parcialmente una disputa legal en la que NPR acusó a la Corporation for Public Broadcasting de ceder a las presiones del presidente Donald Trump para recortar su financiación.

El 25 de marzo, Trump dijo en una conferencia de prensa que le “encantaría” desfinanciar NPR y PBS porque cree que están sesgadas a favor de los demócratas.

La NPR acusó a la CPB de violar su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda, al cortarle el acceso al dinero de las subvenciones asignadas por el Congreso. La NPR también afirma que Trump, un republicano, quiere castigarla por el contenido de su periodismo.

El 2 de abril, el consejo de la CPB aprobó inicialmente una prórroga de tres años y unos 36 millones de dólares de una subvención para que NPR gestione el sistema de satélite de “interconexión” para la radio pública. NPR ha estado operando y gestionando el Sistema de Satélite de la Radio Pública desde 1985.

Pero la CPB dio marcha atrás bajo la creciente presión de la administración Trump, según NPR. La agencia redirigió los fondos federales de interconexión de NPR a una entidad que no existía y que no estaba autorizada por ley a recibirlos, dice NPR.

Los abogados de CPB negaron que la agencia tomara represalias contra NPR para apaciguar a Trump. Habían argumentado que las reclamaciones de NPR carecen de fundamento fáctico y jurídico.

El 1 de mayo, Trump emitió una orden ejecutiva que pedía a las agencias federales que detuvieran la financiación de NPR y PBS. El acuerdo no pone fin a una demanda en la que NPR busca bloquear cualquier implementación o aplicación de la orden ejecutiva de Trump. Está previsto que el juez de distrito Randolph Moss presida otra vista sobre el caso el 4 de diciembre.

El acuerdo establece que NPR y CPB están de acuerdo en que la orden ejecutiva es inconstitucional y que CPB no la aplicará a menos que un tribunal se lo ordene.

Katherine Maher, presidenta y consejera delegada de NPR, dijo que el acuerdo es “una victoria para la independencia editorial y un paso hacia la defensa de los derechos de la Primera Enmienda de NPR y del sistema público de medios de comunicación”.

Patricia Harrison, Directora General de la corporación, dijo en un comunicado que el acuerdo marca “un momento importante para los medios de comunicación públicos”.