La alcaldesa Karen Bass emitió el martes un toque de queda para el centro de Los Ángeles “para detener el vandalismo, para detener los saqueos”.

En conferencia de prensa, Bass dijo que había declarado una emergencia local y que el toque de queda se extenderá desde las 8 p.m. del martes hasta las 6 a.m. del miércoles.

“Hemos llegado a un punto de inflexión” después de que 23 negocios fueran saqueados, comentó Bass.

El toque de queda estará en vigor en una sección de 1 milla cuadrada del centro que incluye el área donde han ocurrido protestas desde el viernes. La ciudad de Los Ángeles abarca aproximadamente 500 millas cuadradas.

El toque de queda no se aplica a los residentes que viven en el área designada, personas sin hogar, medios de comunicación acreditados o funcionarios de seguridad pública y de emergencias, según el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

McDonnell dijo que el “comportamiento ilegal y peligroso” había estado escalando desde el sábado.

“El toque de queda es una medida necesaria para proteger vidas y salvaguardar la propiedad tras varios días consecutivos de creciente agitación en toda la ciudad”, añadió McDonnell.

También el martes, tropas de la Guardia Nacional comenzaron a brindar protección a los agentes de inmigración mientras realizaban arrestos en Los Ángeles, una expansión de sus deberes que antes se limitaban a proteger propiedades federales. Fotos publicadas el martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) muestran a elementos de la Guardia Nacional custodiando a los agentes mientras éstos arrestan a personas.

El ICE dijo en un comunicado que las tropas estaban proporcionando seguridad en instalaciones federales y protegiendo a los agentes federales “que están en operaciones policiales diarias”. El cambio acerca a las tropas a participar en acciones policiales como las deportaciones que Trump ha prometido como parte de la batida del gobierno estadounidense contra la inmigración.

La agencia dijo que los miembros de la Guardia Nacional también están proporcionando transporte. La Guardia Nacional tiene la autoridad para detener temporalmente a personas que ataquen a los agentes, pero cualquier arresto finalmente sería realizado por las fuerzas policiales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha pedido a una corte federal que impida que el gobierno de Trump use a la Guardia Nacional y a los marines para asistir en redadas de inmigración en Los Ángeles, señalando que eso sólo aumentaría las tensiones y fomentaría disturbios civiles.

Newsom presentó la moción después de que Trump ordenara el despliegue de aproximadamente 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y de 700 infantes de Marina en Los Ángeles tras las protestas generadas por las redadas de inmigración del gobierno federal.

El gobierno de Trump dijo que la orden solicitada por Newsom era peligrosa y sin precedentes, y que interferiría con su capacidad para llevar a cabo operaciones policiales. Un juez fijó una audiencia para el jueves.

Los marines y otros 2,000 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a Los Ángeles el lunes, aumentando una presencia militar que los funcionarios locales y el gobernador Newsom no desean, y que el jefe de policía dice que dificulta manejar las protestas de manera segura.

El general del Cuerpo de Infantería de Marina Eric Smith indicó el martes que los marines desplegados en el área aún no han sido llamados a responder a las protestas y que están allí sólo para proteger a los funcionarios y propiedades federales. Los marines fueron entrenados para el control de multitudes, pero no tienen autoridad para arrestar, dijo Smith en una audiencia en el Capitolio.

Aún no se ha visto a los marines en las calles, mientras que los efectivos de la Guardia Nacional han tenido hasta ahora poca interacción con los manifestantes.

Trump dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, que autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro del territorio nacional para suprimir rebeliones o violencia, o para hacer labores de seguridad pública en ciertas situaciones. Es uno de los poderes de emergencia más extremos disponibles para un presidente estadounidense.

“Si hay una insurrección, ciertamente la invocaría. Veremos”, dijo desde el Despacho Oval.

Más tarde, el presidente llamó a los manifestantes “animales” y “un enemigo extranjero” durante un discurso en Fort Bragg.

Trump ha descrito Los Ángeles en términos alarmantes que la alcaldesa Bass y Newsom dicen que están totalmente disociados de la realidad.

Las protestas comenzaron el viernes después de que las autoridades federales de inmigración arrestaran a más de 40 personas en diversos puntos de Los Ángeles. Los manifestantes bloquearon una autopista y prendieron fuego a autos durante el fin de semana, y la policía respondió con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras.

Las manifestaciones han sido mucho menos agitadas desde entonces. Miles de personas asistieron a una manifestación pacífica en el Ayuntamiento, mientras que cientos más protestaron afuera de un complejo federal que incluye una cárcel donde algunos inmigrantes están detenidos tras redadas en lugares de trabajo de la ciudad.

Varios negocios fueron saqueados el lunes, aunque las autoridades no dijeron si el saqueo estaba relacionado con las protestas. Nejdeh Avedian, gerente general del Centro de Joyería St. Vincent en el Distrito de Joyería de Los Ángeles, dijo que los manifestantes ya se habían ido, y que “estos tipos eran simples oportunistas”, aunque St. Vincent tenía guardias armados y fue dejado en paz.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado el martes que los manifestantes han lanzado piedras y bombas molotov contra los policías, han incendiado vehículos, vandalizado edificios y propiedades públicas, y quemado banderas estadounidenses.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que ha habido más de 100 arrestos. La gran mayoría fueron por no dispersarse, aunque algunos otros fueron por agresión con un arma mortal, saqueo, vandalismo e intento de asesinato por lanzar una bomba molotov. Se informó que siete policías resultaron heridos, y al menos dos fueron llevados a un hospital y dados de alta.

El martes, unas pocas docenas de manifestantes se reunieron pacíficamente frente al complejo federal, en una reunión que fue declarada rápidamente una asamblea ilegal. La policía emitió una orden de dispersión y acorraló a los manifestantes, e indicó a los miembros de la prensa que se mantuvieran alejados para evitar ser heridos. Los agentes luego comenzaron a hacer arrestos.

Había esloganes obscenos dirigidos a Trump y a las fuerzas de seguridad federales garabateados en varios edificios. En el Walt Disney Concert Hall, los trabajadores limpiaban grafitis el martes por la mañana.

En la cercana Santa Ana, vehículos blindados de la Guardia Nacional bloquearon un camino que conduce a oficinas de inmigración y del gobierno federal.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, insinuó el martes que el uso de tropas dentro de Estados Unidos continuará.

“Creo que estamos entrando en otra fase, especialmente con el enfoque de Trump en la patria, donde la Guardia Nacional y las Reservas se convierten en un componente crítico de cómo protegemos esa patria”, expresó en el Congreso.

La alcaldesa Bass y el gobernador Newsom dicen que Trump está poniendo en riesgo la seguridad pública al usar personal militar, aun cuando la policía local ha dicho que no necesita la ayuda.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que confiaba en la capacidad del departamento de policía para manejar manifestaciones a gran escala, y que la llegada de los marines sin coordinarse con el departamento de policía presentaría un “desafío logístico y operativo significativo”.

Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades del país, incluidas San Francisco, así como Dallas y Austin, en Texas; Chicago y Nueva York, donde alrededor de un millar personas se reunieron y se realizaron múltiples arrestos.

El Pentágono dijo que desplegar a la Guardia Nacional y a los marines tiene un costo de 134 millones de dólares.

Mientras tanto, legisladores demócratas de California acusaron el martes a Trump de crear una “falsa crisis” con sus órdenes de enviar tropas.

El lunes, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda sobre el uso de tropas de la Guardia Nacional en la que pidió detener el despliegue.

Trump expresó que la ciudad habría sido “completamente destruida” si no hubiera desplegado a la Guardia Nacional.

El despliegue parecía ser la primera vez en décadas que se activaba la Guardia Nacional de un estado sin una solicitud de su gobernador, una escalada significativa contra aquellos que han buscado obstaculizar los planes del gobierno federal para realizar deportaciones masivas.