Washington— El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) comenzó el viernes a publicar sus archivos sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto y rico financiero conocido por sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo, incluido el presidente Donald Trump, quien como primer mandatario había tratado de mantener los archivos sellados.

El volumen total no estaba claro de inmediato, aunque el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en una entrevista con Fox News Channel que esperaba que el departamento publicara “varios cientos de miles” de registros el viernes y luego varios cientos de miles más en las próximas semanas.

Los registros podrían contener la visión más detallada hasta la fecha de casi dos décadas de investigaciones gubernamentales sobre los abusos sexuales de Epstein a mujeres jóvenes y niñas menores de edad.

Su publicación ha sido exigida durante mucho tiempo por un público hambriento de saber si alguno de los ricos y poderosos asociados de Epstein conocía los abusos o participó en ellos. Los acusadores de Epstein también han buscado respuestas sobre por qué las autoridades federales cerraron su investigación inicial sobre las acusaciones en 2008.

Cediendo a la presión política de sus correligionarios republicanos, Trump firmó el 19 de noviembre un proyecto de ley que otorga al DOJ 30 días para divulgar la mayoría de sus archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, incluida la información sobre la investigación de su muerte en una cárcel federal. La aprobación de la ley fue una notable muestra de bipartidismo que superó meses de oposición de Trump y los líderes republicanos.

Dicha ley permite suprimir información sobre las víctimas o las investigaciones en curso, pero deja claro que no se retendrán ni suprimirán documentos por “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”.

La fiscal general Pam Bondi dijo el 14 de noviembre que había ordenado a un alto fiscal federal que investigara los vínculos de Epstein con los enemigos políticos de Trump, incluido el expresidente Bill Clinton. Bondi actuó después de que Trump presionara para que se realizara dicha investigación, aunque no explicó qué supuestos delitos quería que investigara el DOJ. Ninguna de las víctimas de Epstein ha acusado de conducta sexual inapropiada a ninguno de los hombres que Trump mencionó en una publicación en las redes sociales en la que exigía la investigación.

En julio, Trump tachó a algunos de sus propios partidarios de “débiles” por tragarse “el engaño de Jeffrey Epstein”. Pero tanto Trump como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, no lograron impedir que la legislación llegara a votación.

Trump dio un giro de 180 grados sobre los archivos una vez que quedó claro que la acción del Congreso era inevitable. Insistió en que el asunto Epstein se había convertido en una distracción para la agenda republicana y que publicar los archivos era la mejor manera de seguir adelante.

La policía de Palm Beach, Florida, empezó a investigar a Epstein en 2005, después de que la familia de una niña de 14 años denunciara que había sido víctima de abusos sexuales en su mansión. El FBI se unió a la investigación y las autoridades recabaron testimonios de varias menores que afirmaron haber sido contratadas para dar masajes sexuales a Epstein.

Al final, sin embargo, los fiscales llegaron a un acuerdo con Epstein que le permitió evitar el procesamiento federal. Se declaró culpable de cargos estatales de prostitución de menores de 18 años y fue condenado a 18 meses de cárcel.

Las acusadoras de Epstein pasaron años litigando civilmente para conseguir que se anulara el acuerdo. Una de ellas, Virginia Giuffre, acusó a Epstein de haberle organizado encuentros sexuales, a partir de los 17 años, con numerosos hombres, entre ellos multimillonarios, académicos famosos, políticos estadounidenses y Andrew Mountbatten-Windsor, conocido entonces como el príncipe Andrés de Gran Bretaña.

Todos ellos negaron las acusaciones. La fiscalía nunca presentó cargos en relación con las afirmaciones de Giuffre, pero su relato alimentó teorías conspirativas sobre supuestos complots del gobierno para proteger a los poderosos. Giuffre se suicidó en su granja de Australia Occidental en abril, a la edad de 41 años.

Los fiscales federales de Nueva York presentaron nuevos cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero se suicidó en la cárcel un mes después de su arresto. Los fiscales acusaron entonces a la antigua confidente de Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell, de reclutar niñas menores de edad para que Epstein abusara de ellas.

Maxwell fue declarada culpable a finales de 2021 y cumple una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campo penitenciario de mínima seguridad en Texas tras ser entrevistada durante el verano por el fiscal general adjunto Todd Blanche. Sus abogados argumentaron que nunca debería haber sido juzgada ni condenada.

En julio, el Departamento de Justicia declaró que no había encontrado ninguna información que permitiera procesar a nadie más.

Tras casi dos décadas de acciones judiciales y de fisgoneo por parte de los periodistas, ya es público un voluminoso número de registros relacionados con Epstein, incluidos registros de vuelos, libretas de direcciones, correspondencia electrónica, informes policiales, actas del gran jurado, testimonios ante los tribunales y transcripciones de las deposiciones de sus acusadores, sus colaboradores y otras personas.

Sin embargo, el apetito del público por más registros ha sido insaciable, en particular por todo lo relacionado con las asociaciones de Epstein con personajes famosos como Trump, Mountbatten-Windsor y Clinton.

Trump fue amigo de Epstein durante años antes de que ambos se enemistaran. Ni él ni Clinton han sido acusados nunca de delitos relacionados con Epstein, y la mera inclusión del nombre de alguien en los archivos de la investigación no implica lo contrario.

Mountbatten-Windsor negó haber mantenido relaciones sexuales con Giuffre, pero el rey Carlos III le despojó de sus títulos reales este año tras la publicación de las memorias de Giuffre después de su muerte.