El presidente Donald Trump le ha comunicado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que no gastará $4,900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso, lo que en la práctica reduce el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.

Trump, quien envió una carta a Johnson, republicano por Luisiana, el jueves, está utilizando lo que se conoce como una rescisión de bolsillo: cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso para no gastar los fondos aprobados hacia el final del año fiscal, de modo que el Congreso no puede actuar sobre la solicitud en un plazo de 45 días y, como resultado, el dinero no se gasta. Es la primera vez en casi 50 años que un presidente utiliza una medida similar. El año fiscal finaliza a finales de septiembre.

La carta se publicó el viernes por la mañana en la cuenta X de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Indicaba que se recortarían los fondos del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), uno de los primeros objetivos de los esfuerzos de Trump para recortar la ayuda exterior. Si la Casa Blanca estandariza esta medida, el presidente podría eludir al Congreso en decisiones clave de gasto y potencialmente desbaratar los esfuerzos de la Cámara de Representantes y el Senado para mantener la financiación del gobierno cuando comience el próximo año fiscal en octubre.

El uso de una rescisión parcial se enmarca en un patrón más amplio de la administración Trump para ejercer un mayor control sobre el gobierno estadounidense, erosionando el poder del Congreso y de agencias como la Reserva Federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre otras. La administración ya ha despedido a empleados federales e impuesto un aumento histórico de aranceles sin pasar por el Congreso, lo que deja en manos del poder judicial la responsabilidad de determinar los límites del poder presidencial.

Un funcionario de la Casa Blanca, que prefirió el anonimato en una llamada con periodistas para hablar sobre la medida, se negó a decir cómo podría la administración utilizar las rescisiones parciales en los próximos años ni cuáles podrían ser sus límites máximos como herramienta. El funcionario expresó su confianza en que la administración prevalecerá en cualquier impugnación legal y afirmó que uno de los objetivos de los recortes de gasto propuestos es presentar la justificación más transparente posible para este tipo de recuperaciones. Desmantelamiento de USAID

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en X que USAID prácticamente está siendo clausurada y felicitó al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, por la gestión del proceso.

“USAID está oficialmente en modo de cierre”, declaró Rubio. “Russ está ahora al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace tiempo se descarriló”.

La Ley de Control de Embargos de 1974 otorga al presidente la autoridad para proponer la cancelación de fondos aprobados por el Congreso. El Congreso puede votar en un plazo de 45 días sobre la retirada o el mantenimiento de los fondos, pero al proponer la rescisión tan cerca del 30 de septiembre, la Casa Blanca argumenta que el dinero no se gastará y que la financiación caducará.

Lo que fue esencialmente la última rescisión parcial ocurrió en 1977 por el entonces presidente demócrata Jimmy Carter, y la administración Trump argumenta que es una herramienta legalmente permisible a pesar de cierta ambigüedad, ya que Carter había propuesto inicialmente la recuperación mucho antes del plazo de 45 días.

La medida de la administración Trump generó una reacción inmediata en algunos sectores del Senado debido a su legalidad.

La senadora Susan Collins, republicana por Maine, declaró que la Constitución “deja claro que el Congreso tiene la responsabilidad del control del erario” y que cualquier intento de recuperar fondos “sin la aprobación del Congreso constituye una clara violación de la ley”.

“En lugar de este intento de socavar la ley, lo adecuado es identificar maneras de reducir el gasto excesivo mediante el proceso bipartidista de asignación anual de asignaciones”, declaró Collins. El Congreso aprueba las rescisiones regularmente como parte de este proceso.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, advirtió que el uso del veto de bolsillo por parte de Trump podría socavar el proceso normal de financiación y arriesgarse a un cierre fiscal doloroso y totalmente innecesario. Después de todo, cualquier acuerdo presupuestario alcanzado en el Senado podría carecer de autoridad si la Casa Blanca de Trump tiene la facultad de retener el gasto a su antojo.

Schumer declaró que los líderes republicanos aún no se han reunido con los demócratas sobre la forma de financiar al gobierno después de que finalice el año fiscal el 30 de septiembre, justo cuando Trump intenta una “táctica ilegal para eludir por completo al Congreso”.

“Pero si los republicanos insisten en actuar por su cuenta, los demócratas no participarán en su destrucción”, afirmó Schumer.

Eloise Pasachoff, profesora de derecho de la Universidad de Georgetown y experta en temas de gasto federal, ha escrito que la Ley de Control de Embargos solo permite rescisiones si el Congreso actúa en un plazo de 45 días, lo que significa que la Casa Blanca por sí sola no puede decidir no gastar los fondos. “Este lenguaje obligatorio no admite excepciones, lo que indica que el Congreso espera que los fondos se utilicen según lo previsto antes del final del año fiscal si no aprueba la rescisión propuesta”, escribió Pasachoff en un artículo académico el año pasado.

Los fondos del paquete de rescisión de bolsillo incluyen $3,200 millones en subvenciones de asistencia para el desarrollo, $520 millones para las Naciones Unidas, $838 millones para operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y $322 millones para fomentar los valores democráticos en otros países.

Trump había buscado previamente el respaldo del Congreso para las rescisiones y lo logró en julio, cuando la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron recortes por valor de $9,000 millones. Estas rescisiones recortaron fondos para la radiodifusión pública y la ayuda exterior.

La administración Trump ha hecho de las profundas reducciones a la ayuda exterior una de sus políticas distintivas, a pesar de los ahorros relativamente escasos en relación con el déficit y el posible daño a la reputación de Estados Unidos en el exterior, ya que las poblaciones extranjeras pierden acceso a suministros de alimentos y programas de desarrollo. En febrero, el gobierno anunció que eliminaría casi todos los contratos de ayuda exterior de USAID y $60 mil millones en asistencia total al exterior. Desde entonces, USAID ha sido desmantelada, y sus pocos programas restantes han quedado bajo el control del Departamento de Estado.

El gobierno de Trump apeló el miércoles ante la Corte Suprema para detener las decisiones de tribunales inferiores que habían preservado la ayuda exterior, incluyendo programas de salud global y VIH/SIDA, que Trump ha intentado congelar. Sin embargo, el viernes, el gobierno retiró su apelación ante la Corte Suprema, tras un fallo favorable del tribunal de apelaciones a última hora del jueves.

El New York Post fue el primero en informar sobre la rescisión parcial.