En busca de atender más de un millar de deslizamientos en todo Puerto Rico que no recibieron asignaciones de fondos por años –e incluso décadas–, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la puesta en marcha de un programa para destinar fondos estatales a estas reparaciones menores, iniciando con una partida de $70.6 millones para 123 proyectos este año.

“Cuando corrí la isla en la campaña, vimos muchos deslizamientos o derrumbes que venían de (los huracanes) Fiona, Irma, María, Georges y de lluvias torrenciales que ocurrieron hace 10 y 15 años, y que, con el paso del tiempo, sin tener fondos asignados, esos derrumbes se han ido agravando. (…) Muchas veces, los gobiernos se enfocan en proyectos muy grandes, que no le tocan la vida a la gente, pero, si tú no arreglas el camino de la casa a la escuela, de la casa al trabajo, que es la carretera por donde estás todos los días, por donde pasas a veces por un solo carril, o se inunda, o hay un riesgo inminente de que la carretera se pueda ir, después nos sale mucho más caro”, indicó la mandataria, en entrevista exclusiva con El Nuevo Día.

En este primer año del programa, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) identificó 123 deslizamientos en 50 municipios a reparar en su totalidad con fondos estatales, de los cuales ya ha completado 28. Por región, se dividen en 39 (31.71%) en el norte, 30 (24.39%) en el este, 25 (20.33%) en el oeste, 22 (17.89%) en el sur y siete (5.69%) en la zona metropolitana.

“Le vamos a dar duro al oeste, además de la montaña. Yo te diría que la montaña y el oeste son las áreas que van a empezar a ver fondos. Generalmente, siempre se dejaban exclusivamente para la zona metropolitana, así que creo que la circunvalación de la isla, en términos de infraestructura, debe estar conectada eficientemente”, abundó González Colón.

Los municipios principales, por cantidad de deslizamientos en construcción al momento, son Ponce (10), Patillas (9) y Corozal (8). En términos de asignación, los más beneficiados son Guayama y Utuado, con $5 millones cada uno; Corozal, con $4.5 millones; y Barranquitas, Camuy, Ponce, Sabana Grande, Patillas, Aibonito y Manatí, todos con sobre $2 millones. Mientras, el pueblo con más deslizamientos es Utuado, con más de 200.

Los 123 proyectos de deslizamientos financiados con capital estatal se suman a otros 307 que están actualmente en construcción con fondos de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) y cinco –de 146 reclamados– con dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Adicional a los 435 proyectos en construcción al presente, quedan 1,146 deslizamientos por atender, según González Colón. De estos, 546 pudieran ser financiados por la FHWA o FEMA, y los demás requerirán la identificación de fondos estatales.

“La parte de los fondos estatales es clave, porque muchas veces, por la situación fiscal en que está Puerto Rico, tenía fondos de María o Fiona, principalmente, para atender este tipo de deslizamientos. Deslizamiento que ocurriera, digamos, típicamente en un fin de semana normal en Puerto Rico, que no hubo una declaración de emergencia del presidente de Estados Unidos, no se podían utilizar fondos de FEMA, y esa situación se quedaba ahí latente, persistía y no se atendía”, comentó, por su parte, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

El titular –que también es el director ejecutivo de la ACT– reconoció que persiste el reto de la escasez de mano de obra. Al presente, la ACT cuenta con cerca de 700 empleados, de los cuales sobre 300 están en el “site” de construcción.

“Nos hemos dado a la iniciativa para lanzar convocatorias de nuevo personal, que vamos a estar llenando cerca de 100 plazas este año. Van a salir en enero unas 66 nuevas (convocatorias). Hay de todo un poco, agrimensores, analistas de materiales, artistas gráficos, ingenieros, o sea, que hay de todo, investigadores, técnicos de laboratorios”, precisó.

Entre los 28 proyectos completados, mencionó deslizamientos en la PR-782 (Ceiba), PR-179 (comunidad Carite, en Guayama), PR-167 (Comerío) y PR-181 (Patillas).

La partida de $70.6 millones se divide en $40 millones del presupuesto corriente –aprobados recientemente por la Junta de Supervisión Fiscal– y sobre $30 millones del presupuesto y un “ajuste de economías” de la ACT.

“Con este programa de deslizamientos, que por años nadie habló de ellos, la gente va a estar viendo que se está moviendo mobiliarios y equipos para poderlos atender y manejar mejor esta situación. Pero si lo vemos, todavía nos quedan municipios y deslizamientos que no tienen fondos asignados, así que anualmente nosotros identificamos la partida más grande, $70 millones este año, cuando tenía cero en años anteriores. Y mi meta es que, en el término que tenemos, podamos atender la mayor parte de ellos”, añadió la gobernadora, al destacar que “estamos tratando de atender lo que no se atendió por décadas”.