Washington - La Casa Blanca solicitó el martes oficialmente al Congreso que recupere $9,400 millones en gastos ya aprobados, retirando fondos de programas a los que apunta el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) de Elon Musk.

Es un proceso conocido como “rescisión”, que requiere que el presidente Donald Trump obtenga la aprobación del Congreso para devolver dinero que había sido previamente asignado. Los asesores de Trump dicen que los recortes de fondos apuntan a programas que promueven ideologías liberales.

La solicitud, si se aprueba en la Cámara de Representantes y el Senado, consagraría formalmente muchos de los recortes de gastos y congelaciones solicitados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Se produce en un momento en que Musk está extremadamente descontento con el recorte de impuestos y el plan de gastos que se está tramitando en el Congreso, calificándolo el martes de “abominación repugnante” por aumentar el déficit federal.

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, dijo que podrían seguir más paquetes de rescisión y otros esfuerzos para recortar el gasto si el esfuerzo actual tiene éxito.

“Ciertamente estamos dispuestos y somos capaces de enviar paquetes adicionales si existe la voluntad del Congreso”, dijo Vought a los periodistas.

Es poco probable que la solicitud al Congreso cambie significativamente el problemático aumento de la deuda nacional de Estados Unidos. Los ingresos fiscales han sido insuficientes para cubrir los crecientes costos del Seguro Social, Medicare y otros programas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el gobierno está en camino de gastar aproximadamente $7 billones este año, y la solicitud de rescisión equivale a solo el 0.1% de ese total.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas en la sesión informativa del martes que Vought, un “halcón fiscal muy respetado”, como lo llamó, continuaría recortando el gasto, insinuando que podría haber esfuerzos adicionales para devolver fondos.

“Tiene herramientas a su disposición para producir aún más ahorros”, dijo Leavitt.

Vought dijo que puede enviar rescisiones adicionales al final del año fiscal en septiembre “y si el Congreso no actúa al respecto, esa financiación expira”.

“Es una de las razones por las que no estamos depositando todas nuestras expectativas en un proceso de rescisión típico”, añadió.

Un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, hablando bajo condición de anonimato para adelantar algunos de los elementos que perderían financiación, dijo que se estaban recortando $8,300 millones del Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La NPR y la PBS también perderían financiación federal, al igual que el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA, también conocido como PEPFAR.

El portavoz enumeró programas específicos que la administración de Trump consideró derrochadores, incluidos $750,000 para reducir la xenofobia en Venezuela, $67,000 para alimentar con polvo de insectos a niños en Madagascar y $3 millones para circuncisiones, vasectomías y condones en Zambia.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, elogió los recortes previstos y se comprometió a aprobarlos.

“Este paquete de rescisiones refleja muchos de los hallazgos del Departamento de Eficiencia Gubernamental y es una de las muchas herramientas legislativas que los republicanos están utilizando para restaurar la cordura fiscal”, dijo Johnson. “El Congreso seguirá trabajando estrechamente con la Casa Blanca para codificar estas recomendaciones, y la Cámara de Representantes presentará el paquete al pleno lo antes posible”.

Los miembros del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, entre los legisladores más conservadores de la cámara, dijeron que les gustaría ver paquetes de rescisión adicionales por parte de la administración.

“Apoyaremos tantos paquetes de rescisión más como la Casa Blanca pueda enviarnos en las próximas semanas y meses”, dijo el grupo en un comunicado de prensa. “La aprobación de este paquete de rescisiones será una demostración importante de la voluntad del Congreso de cumplir con el Departamento de Eficiencia Gubernamental y la agenda de Trump”.

La senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, dio al paquete un saludo menos optimista.

“A pesar de esta vía rápida, el Comité de Asignaciones del Senado revisará cuidadosamente el paquete de rescisiones y examinará las posibles consecuencias de estas rescisiones en la salud mundial, la seguridad nacional, las comunicaciones de emergencia en las comunidades rurales y las estaciones de radio y televisión públicas”, dijo la legisladora de Maine en un comunicado.

La solicitud de la Casa Blanca de devolver los fondos asignados tiene como objetivo cumplir con la Ley de Control de Incautaciones de 1974. Esa ley creó el proceso mediante el cual el presidente puede revelar formalmente al Congreso el dinero asignado que pretende no gastar. Generalmente, el Congreso tiene 45 días para revisar y aprobar la solicitud, pero Vought argumenta que el final del año fiscal permitiría a la administración evitar una votación.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia fiscal, dijo en un informe de antecedentes de 2018 que el Senado puede aprobar paquetes de rescisión con una mayoría simple, en lugar de los 60 votos necesarios para superar un posible obstruccionismo. Entre 1974 y 2000, los presidentes solicitaron $76,000 millones en rescisiones y el Congreso aprobó $25,000 millones.

Bobby Kogan, director senior de política presupuestaria federal en el Center for American Progress, un grupo de expertos liberal, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la administración de Trump ya estaba “reteniendo ilegalmente fondos adicionales”, ya que retener dinero “siempre ha sido ilegal sin la aprobación explícita del Congreso”.

En CNN el domingo, Vought insistió en que la administración de Trump estaba cumpliendo con la ley, pero simplemente tenía una visión diferente de la ley en relación con algunos demócratas.

“No estamos violando la ley”, dijo Vought. “Cada parte del gobierno federal, cada rama, tiene que examinar la Constitución por sí misma y defenderla, y hay tensión entre las ramas”.